EL MUNDO 09/01/15
· La Policía les somete a una férrea vigilancia desde el atentado en la sede de ‘Charlie Hebdo’Las fuerzas de seguridad solicitan al Gobierno un aumento de los fondos reservados
La situación terrorista en Francia sigue teniendo una importante e inmediata proyección en España. Además de elevar el nivel de alerta ante un posible atentado terrorista (estamos en el nivel 3 de baja intensidad), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo una serie de iniciativas preventivas contra el islamismo radical.
Según explicaron a EL MUNDO fuentes de la lucha antiterrorista, tras el atentado de París, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han reforzado la vigilancia sobre casi un centenar de islamistas radicales asentados en España.
Ya estaban bajo observación policial, pero ante la posibilidad de que la acción de Francia tenga un eco inmediato, se ha optado por no dejar cabos sueltos y aumentar la presión, la vigilancia sobre estos radicales. ¿Y por qué no detenerlos si los especialistas entienden que son tan radicales? Porque no han hecho nada. Pueden hacer pero no han hecho. Los analistas saben y son conscientes de que son radicales, de que celebran las actuaciones de los que mandan en el terrorismo internacional, pero aún no han dado un paso más, aún no han llevado a cabo un paso objetivo, físico, que permita detenerles con la seguridad de que un juez les mande a prisión.
Ésa es la dificultad enorme de las actuaciones policiales en la lucha contra este terrorismo: cuándo actuar contra ellos. Si es pronto, la Justicia les tiene que dejar en libertad. Pero si es tarde… Recuerdan estas fuentes cómo, hace varios años, había una serie de jueces en Francia que realizaban lo que se bautizó como «operaciones preventivas»; se actuaba contra este perfil de islamistas cuando se consideraba que su nivel de radicalidad era ya enorme.
Aquí, en España, según estas fuentes, ese concepto, en el plano judicial, no es tenido en cuenta; se valoran elementos objetivos de investigación. Y por este motivo, los operativos policiales se quejan de las enormes dificultades que tienen para obtener autorizaciones en la Audiencia Nacional para intervenir teléfonos de islamistas sospechosos de entrar en un proceso de profunda radicalización que puede finalizar en terrorismo.
Estas fuentes estiman que más de la mitad de las peticiones para intervenir teléfonos de personas que comienzan a relacionarse con aquellos que ya están bajo sospechas policiales, son rechazadas por los jueces de la Audiencia Nacional. Incluso, en ocasiones recientes, algún magistrado ha levantado autorización de escuchas sobre una veintena de teléfonos tras conocer que algún medio informaba de sus pesquisas. «Las dificultades para argumentar una intervención telefónica para un sospechoso de este tipo son enormes», apunta un mando de la lucha antiterrorista.
Las zonas más calientes, donde las Fuerzas de Seguridad del Estado han aumentado más su vigilancia en las últimas horas, tras la masacre de París, son Ceuta, Melilla y Cataluña.
Desde que los terroristas acabaron con la vida de 12 personas en París el pasado miércoles y ayer asesinaron a otra policía en las cercanías de la capital francesa, la tensión policial se ha elevado a la enésima potencia. Una de las primeras medidas, antes incluso de acordar la elevación del nivel de alerta al nivel 3, fue blindar la frontera con Francia ante el temor de que los autores de los atentados trataran de huir a España.
La Policía, que de forma habitual tiene desplegado un fuerte contingente de Unidades de Intervención Policial por la zona, los colocó en las fronteras para controlar la entrada de vehículos desde el país vecino.
Los especialistas consideran clave –y hasta ahora muy eficaz–la colaboración policial internacional. Que los servicios antiterroristas de España tengan vías de contacto estrechas y rápidas con Francia, con Marruecos o con Estados Unidos, entre otros, es fundamental. Pero, como demandan estos expertos, para poder contar con la mejor materia prima, «la información», es imprescindible disponer de medios para acceder a ella. Y por este motivo reclaman a las autoridades políticas una mayor inversión «en fondos reservados». Entienden que las actuales cuantías que manejan la Policía y la Guardia Civil son escasas, y que para poder profundizar y obtener colaboradores en este mundo, se debe hacer un esfuerzo económico más potente.
Al margen de los radicales asentados en España de forma permanente, durante los últimos meses un total de 17 terroristas yihadistas han salido de España para combatir en zonas de conflicto como Irak y Siria, según los datos que maneja la Audiencia Nacional, que apuntan que otros 36 seguirían activos combatiendo en las filas del Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) y otros grupos cercanos a Al Qaeda, según fuentes jurídicas. Además, las investigaciones desarrolladas en este tribunal contemplan la existencia en nuestro territorio de ocho islamistas que habrían retornado de lugares en los que habrían combatido, de los cuales siete se encuentran en prisión como resultado de las últimas operaciones policiales.