EL INTENTO de los políticos presos electos de ampararse en la inmunidad parlamentaria para pedir la suspensión del juicio del 1-O constituye otro desafío al Estado de derecho y un nuevo intento de sortear sus responsabilidades penales. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull quieren que el Tribunal Supremo pida permiso al Congreso y al Senado para poder seguir juzgándoles por el proceso soberanista. De esta forma, tratan de retorcer los fines para los que el legislador concibió la figura jurídica del suplicatorio. Se trata de un abuso de derecho cuyo único objetivo es embarrar la celebración de la vista oral que juzga a los dirigentes independentistas por delitos de rebelión, sedición, malversación y organización criminal.

En el escrito presentado por sus abogados ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, los cinco políticos catalanes, electos en los comicios del 28 de abril para ocupar escaños en las dos cámaras parlamentarias –cuatro diputados y un senador–, solicitan elevar un suplicatorio a los presidentes del Congreso y del Senado para que autoricen seguir celebrando el juicio al tratarse de futuros parlamentarios. Los acusados alegan que quieren asistir a la primera sesión del Pleno del Congreso, el próximo 21 de mayo, para prestar juramento «de acatar la Constitución». Esta petición supone un ejercicio de hipocresía y una burla en toda regla teniendo en cuenta que están siendo juzgados, precisamente, por promover el referéndum ilegal del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional. El artículo 71 de la Constitución, en aras de garantizar la representación política, contempla que los parlamentarios no podrán ser inculpados ni procesados sin el permiso de la Cámara. Sin embargo, no cabe aplicar esta prerrogativa a los políticos independentistas. Primero, porque los hechos por los que son juzgados son anteriores a la elección de parlamentarios. Y, segundo, porque el proceso ya ha superado la fase de instrucción y procesamiento. Los privilegios de diputados y senadores son privilegios, no derechos fundamentales. Y, además, lo son de interpretación restrictiva en la medida que cumplen una función: impedir maniobras para limitar la actividad política de los electos. Lo que pretenden los dirigentes secesionistas es usar de forma escandalosa la inmunidad parlamentaria.

Hay que subrayar, por tanto, el disparate que supone que los líderes separatistas exijan la suspensión del juicio. Una cosa es solicitar la libertad y, por tanto, el levantamiento de la prisión preventiva, y otra incurrir en un flagrante abuso de derecho. Sorprende que aquellos partidos que, a lomos del populismo, han hecho bandera electoral de la eliminación de privilegios a los parlamentarios, ahora guarden silencio ante la espuria maniobra de los políticos procesados por el golpe independentista del procés.