Intrigas judiciales

El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Dívar, atrapado entre dos fuegos –el caso de las dietas de Marbella y el desafecto de un potente sector de la Justicia y la política– es muy probable que acabe cediendo su sillón . En medios judiciales de Madrid se le considera ya una víctima de las intrigas a las que no resulta ajena la defenestracion de Garzón y la llegada del juez Marlaska a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Las derivadas políticas del ‘caso Faisán’ de un lado, el papel de la Audiencia Nacional en el final inacabado de ETA y la entrada en el juego electoral de la marca Sortu planean sobre las principales instituciones del Estado. Las presiones están actuando sin tregua, empujando a la Justicia hacia los contrapuestos intereses políticos que nuestros propios representantes no se molestan en disimular.

El mismo lehendakari Patxi López no se abstuvo de escenificar la pasada semana ante la Union Progresista de Fiscales la orientación a la que pretende dirigir la voluntad de la Justicia en el progresivo desmantelamiento de la banda terrorista ETA. La mano dura que les pidió contra los «directivos tiburones» que habían arruinado los ahorros de entidades financieras y de miles de familias de este país se abrió para recomendar a los jueces que tuvieran en cuenta el nuevo momento político desde que la banda anunció el cese de la violencia. Así, su consejo a los fiscales a la hora de valorar la trayectoria de los depredadores de 858 vidas, que arruinaron mucho más que unos ahorros, fue más benévolo. Les pidió que aplicaran el principio de «oportunidad» ante el fiscal superior del País Vasco, que se mostraba entusiasmado con la finalidad de la política penitenciaria, que no es otra que la reinserción, siempre que haya, claro está, candidatos a reinsertarse y dispuestos, por lo tanto, a que se aplique la ley.

Con la presión de la opinión pública sobre el presidente Rajoy y el jefe de la oposición, Rubalcaba, que desbloquearon en tres horas de reunión lo que no habían logrado en cuatro años, se ha puesto de manifiesto la profunda crisis que lleva arrastrando la Justicia en un país en el que sus dirigentes políticos han intentado instrumentalizar las causas judiciales en beneficio de sus intereses, a pesar de que han derrochado toda su energía en adornar sus discursos defendiendo la separación de poderes, como muestra inequívoca de su talante democrático.

De la reunión que ambos mantuvieron el viernes en La Moncloa se ha plasmado la voluntad de nombrar cuatro nuevos magistrados en junio. Rubalcaba no soltaría una lágrima, desde luego, si Carlos Dívar acabase dimitiendo de la cúpula del Poder Judicial, como auguran los magistrados próximos al presidente conservador puesto en evidencia por las filtraciones oportunas de sus detractores y la denuncia de un vocal alineado en el bando opositor, sobre viajes y dietas, legales pero escandalosas, en tiempos de penuria económica.

Hay tres esquinas en esta batalla político-judicial donde se libra un pulso sin cuartel. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el ‘caso Faisán’ y la legalización de Sortu junto al futuro de los presos de ETA. Pero la imagen tan penosa que han ofrecido los máximos responsables del Poder Judicial protagonizando la penúltima batalla intestina guarda más relación con una pelea de «camarillas» que con la intención de evitar pronunciarse sobre la legalización, o no, de la marca electoral de la izquierda abertzale.

Desde el Gobierno de Rajoy recuerdan que la ‘doctrina Parot’ se mantiene, para contrariedad de los reclusos de la banda, y que Otegi sigue en la cárcel .Y lo hacen para persuadir a las víctimas del terrorismo de que no tienen por qué desconfiar de que el actual Gobierno del PP vaya a finalizar la etapa de negociación que inició Zapatero. Dicen que no tienen prisa en hacer gestos que no los puedan entender los ciudadanos mientras ETA no se disuelva.

Y es ahí, en la permanencia de la banda, donde muchas víctimas del terrorismo dirigen su mirada inquieta. Porque saben que si los terroristas no se disuelven es porque quieren sacar rentabilidad política a su decisión de dejar de matar. Y saben también que la capacidad de presión de todo el mundo de la izquierda abertzale, con su maquinaria de propaganda y sus intermediarios y verificadores, alentados, en este sentido, por todas las fuerzas nacionalistas sin excepción y acompañados por el partido socialista, es ilimitada.

Las líneas rojas están en el cumplimiento de la ley. En el propio precepto del Código Penal que habla de la necesidad de que los presos de la banda muestren signos inequívocos de haber renunciado a los medios y fines de ETA y que reconozcan el daño causado. El Gobierno del PP tiene que pasar ahora la prueba del estigma de la soledad política en Euskadi, al ser señalado como un «obstáculo» para la definitiva pacificación .

Pero sabe que la presión que no podría soportar sería la de la desafección de los suyos, el reproche de las víctimas. Por eso, con la detención del ‘numero uno’ de ETA en Francia puede decirles que, entre la presión de los poco exigentes con los terroristas y la necesidad de hacer Justicia, existe un amplio margen.