Así están las cosas. De la misma tacada, Pedro Sánchez se ha quedado con el Gobierno de Cataluña y ha enterrado el ‘procés’ (y la Transición de 1978), jubilando al mismo tiempo a los jefes del golpe, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, con la misma facilidad con la que fulminó, a su izquierda, a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz.
Todo ello, tras un fastuoso festival de mentiras variadas sobre su coalición con Podemos, indultos a los golpistas, el regreso de Puigdemont, la ley de amnistía y, ahora, sobre la ruptura -que había negado- de la unidad fiscal de España. Una colección de mentiras que Sánchez justifica como ‘cambios de opinión’ y que no tuvieron un importante coste electoral para el PSOE.
Demostrando al mismo tiempo ‘el líder’ que, para él, sus aliados son de ‘usar y tirar’. Primero los compra -con unos ministerios, fondos públicos, indultos, amnistías, jirones de la soberanía nacional o gracias penitenciarias a etarras- y luego, utilizados sus votos en las investiduras de 2019 y 2023, Sánchez los abandona a la ‘mala suerte’ de estos comparsas del ‘somos más’ mientras él permanece intocable e instalado en la cúpula del Ejecutivo.
Desde donde el presidente invadió el Poder Judicial, desde la retaguardia del Tribunal Constitucional con la especial colaboración de Conde-Pumpido; la Fiscalía y la Abogacía del Estado (puestas a su servicio y de su esposa Begoña Gómez); el aparato policial y un CNI inútil que ni con el dispositivo Pegasus logró detectar a Puigdemont en un mitin público de Barcelona.
Un inmenso poder judicial, policial, institucional y mediático que Sánchez completa con su larga mano puesta en las empresas del Ibex 35, donde habitan unas ‘elites’ económicas que se desentienden del vigente deterioro constitucional de España
Paralelamente, Sánchez se adentró en el control de los grandes medios de comunicación, empezando por la Agencia Efe y RTVE. Un territorio este el audiovisual donde el Gobierno cuenta con 6 cadenas de TV: TVE-1, TVE-2, TVE 24 H, La Cuatro, Telecinco y La Sexta. Y a punto está de concederle el nuevo ‘Canal 7 TV’ al Grupo Prisa, el devoto guardián del ‘sanchismo’ y de la hegemonía progresista y cultural de la izquierda.
Y no olvidar en el espacio radiofónico nacional a la Ser y Rne. De manera que, fuera del aparato mediático monclovita con el que se airea el fantasma de la llegada de ‘la extrema derecha’, solo quedan en el ámbito audiovisual libres de control y de sospecha Antena 3, Onda Cero y la Cope.
Un inmenso poder judicial, policial, institucional y mediático que Sánchez completa con su larga mano puesta en las empresas del Ibex 35, donde habitan unas ‘elites’ económicas que se desentienden del vigente deterioro constitucional de España, unas huidas y otras asustadas.
Y ahí, incluidas empresas hoy ‘semi públicas’ como Telefónica e Indra donde se le ponen alfombras a Begoña Gómez y le elaboran, ‘gratis total’ un software muy especial. Del que se apropia ‘la primera dama’ mientras firma de su puño y letra las recomendaciones para un presunto tráfico de influencias con subvenciones de fondos públicos (que investiga el juez Peinado) a las empresas que, como Globalia y Grupo Barrabés, financiaron másteres y la cátedra, sin licenciatura, de Begoña Gómez en la UCM. Universidad cuyo rector recibió las instrucciones en el ‘centro de negocios particulares’ de Gómez, habilitado en La Moncloa para el uso de sus instalaciones y secretarias que paga la Presidencia del Gobierno.
Dos opciones en el horizonte
Tan solo una decisión del Tribunal de Justicia de la UE (que se mueve con pies de plomo) liquidando la ley de amnistía podría alterar la cabalgada de Sánchez provocando la rebelión de Junts en el Congreso de los Diputados. Donde el PSOE espera poder aprobar los PGE de 2025 antes de la próxima primavera, mientras confían en que sus CC.AA. aceptarán la soberanía fiscal catalana con la que se le compró a Salvador Illa la Generalitat.
Y como la guinda del tan empalagoso pastel, el presidente se dispone a rebajar a 16 años la edad con derecho a votar, convencido de que con ello se beneficiará electoralmente a la izquierda.
A partir de ese momento se abrirán dos opciones: que Sánchez continúe con su régimen autocrático presidencial y parlamentario, actualizando sus alianzas con los nacionalistas y populistas de la izquierda tras renovar a sus protagonistas; o que Sánchez decida ir más lejos, incluso hasta convocar una ‘consulta nacional’ disyuntiva sobre Monarquía y República, donde se incluiría de ‘matute’ el referéndum catalán.
Frente a esta hoja de ruta del autócrata apenas resisten (en espera de lo que ocurra con la presidencia del CGPJ) la firmeza del Tribunal Supremo que se ha negado a aplicar la ley de amnistía y un meritorio grupo de ciertos medios de comunicación a los que se pretende silenciar con amenazas y recortes de su financiación.
El silencio del Rey
Con lo que se culmina este inventario del que se desprende el destrozo del marco legal y democrático de la Constitución de 1978 en el solo beneficio personal de Pedro Sánchez. El que considera indestructible su fastuoso castillo de naipes desde cuyas almenas se empieza a vislumbrar en el horizonte la cresta rampante de un tsunami que avanza hacia la playa de un nuevo régimen español y caribeño de poder.
Una ola poderosa que Sánchez ‘surfea’ sobre un reguero de escándalos, abusos de poder y hechos consumados que presentan como legales y constitucionales (Pumpido lo certificará con la misma soltura con la que acabó con la sentencia de los ERE andaluces) sobre los que el Rey Felipe VI guarda un ‘imparcial’ silencio, ante el asombro y estupor general de una clara mayoría del pueblo español, que devalúa de mala manera nuestra injusta y no representativa ley electoral.