Editorial-El Correo
- Es cuestionable que el ajustado apoyo de ERC al acuerdo que hará presidente de la Generalitat a Illa refuerce la cohesión del país
El aval de las bases de ERC, con un 53,5% de los votos en su consulta interna, a la investidura del socialista Salvador Illa, aparejada al pacto para desenganchar a Cataluña del régimen financiero autonómico, despeja el camino hacia la gobernabilidad, en el alero desde las elecciones del 12 de mayo. A la espera de que se solventen interrogantes no menores -el amago de las juventudes republicanas de oponerse al acuerdo en el Parlament y, en especial, el impacto judicial, político y emocional del regreso prometido por Carles Puigdemont a riesgo de ser detenido-, el PSC retornará al Palau de la Generalitat 14 años después mientras la dirección interina de Esquerra gana un momentáneo oxígeno para surfear la crisis orgánica. Pero esa sangría, reflejada en el 44,8% de noes, y la traducción de Marta Rovira de que el respaldo recibido es un «sí vigilante» auguran una digestión compleja del espaldarazo a Illa. Un espaldarazo que se sustenta sobre una alianza de tal envergadura en sus propósitos -la dotación a Cataluña de un concierto económico propio- que compromete sobremanera al Gobierno de Pedro Sánchez, al socialismo español y a la arquitectura constitucional del Estado autonómico.
Tal y como ocurrió con la divisiva ley de amnistía, el presidente ha antepuesto la necesidad -investir a Illa para sostener el relato de que su ‘política del reencuentro’ en Cataluña funciona- a la virtud de intentar explorar alternativas que no fuercen las costuras de la legalidad vigente y de los consensos forjados desde la Transición. Y, una vez más, sin que el cambio de criterio entre lo que no se iba a hacer bajo ningún concepto y lo que se acaba haciendo se explique por razones comprensibles que prioricen el bien común sobre la determinación puntual de La Moncloa; empezando por la simulación democrática que supone que el futuro inmediato de los catalanes, con su insoslayable proyección sobre el resto del país, quedara en manos ayer de los apenas 8.226 militantes de ERC.
En su balance del curso, Sánchez se jactó el miércoles de que España está más cohesionada que nunca gracias a su estrategia ‘postprocés’. Una sentencia que solo puede sostenerse desde un voluntarismo ciego ante el rechazo que la soberanía fiscal suscita no solo en las comunidades mayoritariamente gobernadas por el PP, sino también en las socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha y entre barones del PSOE. Así, el pago por la investidura de Illa inocula zozobra en la inestabilidad cronificada de la legislatura.