ABC 04/02/16
AUDIENCIA NACIONAL
· Diligencias El juez pide toda la información de las asociaciones civiles promotoras
La Audiencia Nacional investiga a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por promover las mociones secesionistas que aprobaron varios ayuntamientos (más de 200) a favor de la resolución de ruptura del Parlamento catalán, anulada por el Tribunal Constitucional. El juez Ismael Moreno quiere averiguar, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si los apoyos a la desconexión de España fueron fruto de una «estrategia planificada y concertada», un comportamiento que podría conformar los delitos de rebelión y sedición, o unas iniciativas aisladas.
El Ministerio Público ha señalado como las supuestas «impulsoras y promotoras» de las mociones –además de a la ANC– a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y a la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI), una organización presidida por Carles Puigdemont desde julio del año pasado hasta que asumió la presidencia de la Generalitat. Esta tesis ha sido asumida por el juez Moreno. La ANC es la asociación que también impulsó la multitudinaria Diada de 2012.
Para aclarar cómo se fraguaron las mociones, el juez ha pedido a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra un informe que explique los «estatutos, componentes, fecha de constitución, mecanismos y vías de financiación y actividades desarrolladas» por las tres asociaciones, como le solicitó la Fiscalía, según un auto al que ha tenido acceso ABC.
Estas diligencias se han solicitado en la investigación penal abierta al Ayuntamiento de Vich (Barcelona), que el 9 de diciembre celebró un pleno en el que aprobó una moción de apoyo a la ruptura con España. El Parlamento catalán aprobó una resolución de «desconexión» el 9 de noviembre, que fue suspendida y dejada sin efectos por el Tribunal Constitucional el 11 de noviembre. A partir de entonces, según la Fiscalía, cualquier acto o decisión que ejecutase ese mandato ilegal e ignorase la posición del Tribunal «podrían constituir no solo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos», al buscar la independencia por métodos ilegales.
Cuando entró a valorar el fondo del asunto, el 1 de diciembre del año pasado, el Constitucional anuló la resolución independentista al argumentar que no existe ninguna legitimidad democrática fuera de la Carta Magna.
La resolución que aprobó el Parlamento catalán pretendía iniciar un proceso constituyente fuera de las leyes españolas y llamaba a la desobediencia a las instituciones del Estado y al Tribunal Constitucional.
Entre otras medidas encaminadas a aclarar si existen indicios de los delitos, el juez pide a los Cuerpos policiales «un informe analítico» que incluya un listado de los ayuntamientos que hayan dado luz verde a mociones similares y detalles de cada moción.
El magistrado quiere saber la forma de inclusión del apoyo en el orden del día de los plenos, la fecha en que se realizaron, si se facultó al alcalde correspondiente a llevar a cabo la desconexión a través de actos, los partidos políticos que la apoyaron y el sentido de los informes de los secretarios e interventores de los municipios.