EL MUNDO 02/06/14
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona tiene abierto un sumario en el que investiga al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) por un posible caso de espionaje a agentes de los Mossos d’Esquadra.
El CNI catalán ha estado en el punto de mira en los últimos meses por las sospechas de que desde allí se llevaban a cabo prácticas, cuando menos, irregulares.
Pero ésta es la primera vez que las sospechas pasan al plano judicial y son admitidas a trámite por un juzgado. Según dijeron a EL MUNDO fuentes cercanas a las actuaciones judiciales, en la operación ya ha sido detectada una tarjeta de crédito que pertenece a la Generalitat.
Todo arrancó cuando el Sindicato de Policía de Cataluña detectó que su web corporativa estaba siendo saboteada. No se trataba únicamente de la zona pública, sino que también se accedía a la zona reservada para asociados, a la que se entra con una clave. Este sindicato es uno de los más críticos con la gestión que lleva a cabo en materia de seguridad el Ejecutivo soberanista de Artur Mas.
Desde el sindicato se encargó una pericia informática para poder determinar el origen de este ataque. Y este analista detectó una empresa radicada en un país escandinavo, según estas mismas fuentes. Y colgada de esa empresa y vinculada a este ataque, una tarjeta de crédito cuya titularidad pertenece a la Generalitat, al Gobierno de Mas.
La sospecha inicial apuntaba a que detrás del espionaje podría estar el Cesicat, organismo que, a través de la rama de Telecomunicaciones, depende de la Consejería de Empresa y Ocupación de Felip Puig (ex consejero de Interior). El hallazgo de la tarjeta avaló estas sospechas.
Y con estos indicios, el sindicato decidió interponer una denuncia en los juzgados. Por sorteo, el escrito acabó en el número 2, que, tras repasar los indicios delictivos no tuvo dudas y decidió abrir diligencias.
La primera decisión que tenía que tomar el juzgado era elegir el cuerpo policial al que encargar las pesquisas. El hecho de que los espiados fueran Mossos provocó dudas en la instructora. Desde el juzgado, finalmente, entendieron que no debía ser este cuerpo quien tratara de desvelar el nuevo caso de espionaje, ante la posibilidad de que se produjeran «contaminaciones». Por ello, la titular de la instrucción decidió encargar las pesquisas al Cuerpo Nacional de Policía.
Ahora, los agentes de la Policía Judicial deberán resolver las implicaciones políticas de este espionaje. Desde que estalló el escándalo del espionaje en Cataluña, el papel del Cesicat ha estado bajo la sombra de la sospecha. De hecho, su máximo responsable, el consejero Felip Puig, tuvo que admitir que allí se elaboraban informes sobre políticos, pero aseguró que todo se hacía con puertas abiertas, nada de espionaje. Y todo porque trascendió que Puig podía estar utilizando el Cesicat para espiar a sus compañeros de partido e, incluso, de Gobierno. Las informaciones apuntaban a que este consejero había espiado a su compañero en CDC, el también consejero de Justicia Germá Gordó, y que para ello había utilizado el CNI catalán. Se aseguró y publicó que el Cesicat habría hecho un seguimiento de los vínculos empresariales y políticos de Gordó y que esos informes acabaron en manos de Felip Puig.
Pero mientras Puig, al parecer, encargaba espiar los vínculos económicos y políticos de Gordó, éste último, desde la Consejería de Justicia, hacía lo propio sobre Puig. Es decir, cada uno estaba investigando al otro: una guerra de espías. Uno, a través del Cesicat. El otro, con la agencia de detectives Método 3.
Según estas informaciones, Xavier Martorell, hombre de confianza de Gordó, habría encargado a esta polémica empresa de detectives un dossier sobre los negocios de Felip Puig y sus hermanos, Jordi y Oriol. Estas pesquisas incluirían también las relaciones económicas entre Puig y Jordi Pujol Ferrusola. Estos dossieres se elaboraron cuando Martorell era director de seguridad del FC Barcelona. Después pasó a ser director de Análisis y Prospectiva bajo las órdenes directas de Gordó.
No sería únicamente Puig el objetivo. También se le vinculaba con informes en el mismo sentido sobre dos concejales de Unió Democrática de Sant Cugat.
Martorell encargó las pesquisas sobre Puig a Método 3. Y para que no figurara que se estaba investigando a un político se camufló en las facturas bajo los conceptos de «actividad nocturna de jugador» y «falsificación de camisetas».
Otros informes políticos encargados a Método 3 se camuflaron también como «departamento de presidencia-seguridad sr. Laporta».
Los encargos se realizaron cuando Martorell estaba vinculado al Barça y cuando pasó a depender de Gordó en la Consejería de Justicia.
Esta guerra de espías comenzó antes de las elecciones de 2010, cuando Artur Mas se puso al frente del Govern.
Martorell, que llegó a ser director general de los Mossos, trabajaba ya para el FC Barcelona como responsable de seguridad. Formaba parte del equipo de Joan Laporta. Los informes encargados sobre Puig se detallaban en 33 folios y en él se diseccionaba su trayectoria política y sus vínculos empresariales, algunos de ellos de dudosa catalogación. Se detallaban las 26 sociedades donde figura su hermano Jordi, en algunas de las cuales está también el hijo mayor del ex presidente Pujol; su hermano Oriol. Se incluirían datos sin contrastar sobre la implicación de Puig en casos de corrupción.