La operación policial que fue presentada las pasadas Navidades como la desarticulación de una célula yihadista en Madrid preparada para atentar de forma inminente ha arrojado suficientes dudas con el paso del tiempo como para que la Audiencia Nacional esté investigando si se trata de un montaje o si los métodos empleados pueden ensombrecer o incluso anular el resultado.
Dos elementos encendieron las alarmas hace unos días: el hecho de que uno de los principales miembros de la célula –si no el principal y el organizador– es un confidente policial llamado Manuel Rodríguez Mniri alias Lolo o José. Y que el presunto traficante de armas que se reunió con los miembros de la célula y les vendió al menos un cargador, según su propia declaración, es un agente encubierto de la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid. Según algunas fuentes consultadas, habría además otro agente encubierto del mismo grupo en la misma operación.
Ayer, ambos prestaron declaración ante el juez Santiago Pedraz y los fiscales Dolores Delgado y Jesús Alonso, y sus explicaciones, entre otras cosas, han provocado que hoy algunos de los agentes que intervinieron en la operación comparezcan.
El pasado 28 de diciembre, los agentes de la Brigada detuvieron a dos presuntos yihadistas pertenecientes a un grupo de jóvenes que solía reunirse en un lugar llamado La Cabaña, de quienes dijeron que tenían la «finalidad contrastada de adquirir armamento prohibido y que todo ello los convierte en un riesgo excepcionalmente alto para la seguridad de las personas». Se les atribuyó la posesión de un kalashnikov entre otras armas o piezas de armas, y se les incautaron vídeos de «contenido inequívocamente yihadista» que justificarían un delito de apología o enaltecimiento del terrorismo, e incluso de «autoadoctrinamiento».
La escenografía, el empleo del árabe en uno de los vídeos y la foto de fondo de la Puerta del Sol hicieron considerar a los agentes la existencia de un peligro inmediato, y el fiscal y el juez consideraron que los dos detenidos, efectivamente, habían incurrido en un delito de enaltecimiento. Ingresaron en prisión. Pocos días después, los dos presos mantuvieron al menos dos conversaciones con funcionarios de prisiones en las que aseguraron que su amigo Manuel Rodríguez Lolo, que alardeaba de ser confidente de la Policía, les había tendido una «trampa».
Tal como publicó este periódico, los dos presuntos yihadistas aseguraron que era Lolo quien tenía «ese rollo en la cabeza de vídeos yihadistas», que un día les dijo sin aviso previo: «Chavales, va a venir un hombre muy importante, no habléis ni nada».
«Y vino el hombre de Valencia, creo que se llamaba Riki, que tenía un jefe búlgaro y traía armas… Estaba con su gorra y empezó a hablar que podía conseguir las armas que quisieran, las más potentes, que si querían podían probarlas, quedaban en un hotel y ya está. Fue el que trajo el AK-47 [kalashnikov] y nos dijo que era de verdad y luego no era de verdad», relataba el preso.
Respecto a los vídeos, los dos presuntos yihadistas por separado aseguraron que fue el confidente Lolo quien preparó los escenarios, el machete que salía en los vídeos, quien dijo «grabadme» y quien los subió a las redes sociales. Según dijeron, pensaban «que estaba de broma», que ellos no creían que era peligroso porque no lo veían «como musulmán radical» y que les parecía todo tan extraño que ellos hicieron ver las grabaciones a algunos amigos y les dijeron: «Mira éste qué loco está». «Tengo yo testigos de eso», aseguraba uno de ellos. Naturalmente, los dos presuntos terroristas se quejaban de que Lolo, el protagonista de la historia con mayor implicación, estuviera en libertad. «Es el típico chaval de barrio que la lía siempre. Su madre es marroquí y su padre gitano español… Yo creo que a él le han pillado con algo y para librarse nos ha metido a nosotros [Tenía un problema con una familia gitana, la de Los Milagros]… Él se lo ha inventado todo».
De modo que el hombre de Valencia que se llamaba Riki y que acudió totalmente tapado para pasar inadvertido en aquella reunión de La Cabaña era un agente encubierto de la Policía y quien, según ellos, les puso la trampa de la reunión y de todo lo demás, es un confidente policial. Según fuentes policiales y judiciales, independientemente de que los dos detenidos sean o no yihadistas, si se confirman algunos de los extremos relatados por los dos presuntos terroristas y la fiscal o el juez pudieran llegar a la conclusión de que, de algún modo, se les ha inducido a realizar un delito, la operación entera podría peligrar jurídicamente.
El mismo día que los policías estaban realizando la entrada y registro en los domicilios de los entonces sospechosos, Manuel Rodríguez Lolo, se buscó un seguro por si la operación policial se volvía contra él. Acudió a la Guardia Civil para ofrecer sus servicios. Les contó la misma historia. Aseguró esta vez que otros cuatro jóvenes de los que se reunían en La Cabaña y que no habían sido detenidos por los policías tenían armas y se habían radicalizado lo suficiente para crear problemas graves. Se ofreció a llevar a los agentes hasta el escondite del armamento yihadista. Los agentes se alarmaron lo suficiente como para pedir al juez que fuera tratado como testigo protegido.
«Es lo que debe hacerse para dotar al testigo de todas las garantías propias de un informante y para garantizar el control judicial porque una vez se le da esa condición, hay que informar al juez de todos los datos que proporciona», aseguran las fuentes consultadas.
Su propuesta de colaboración llevó a que la Guardia Civil hallase los trozos de una réplica de kalashnikov que, según los detenidos, podría ser el que el agente encubierto vendióal grupo –el policía sólo reconoce la venta de un cargador de los cinco que les fueron encontrados–; pero cinco días después, las incoherencias e intoxicaciones de Lolo eran tan flagrantes, su incapacidad para ofrecer ningún resultado más eran tan evidentes que, con fecha de cinco de enero de 2017, los agentes del Instituto Armado pusieron encima de la mesa del juez un informe demoledor.
Según afirmaron, Manuel Rodríguez «es un manipulador» y, yendo más lejos, añadieron: nunca hubo peligro de atentado perpetrado por este grupo.
El seguro jurídico que pretendía obtener el confidente se disipó en ese mismo instante: nunca logró ser testigo protegido.
Ayer, ante el juez como imputado insistió en su versión y detalló que se había puesto en contacto con un inspector de Policía a través de un primo que es agente. Trabajó con la Brigada Provincial de Información de Madrid unos siete meses. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el agente encubierto que tenía que haber dado cuenta de sus actividades al juez, no lo mencionó. Únicamente al final del procedimiento judicial hay referencias a un tal José que resulta ser el tal Lolo. El agente añadió ayer en su declaración que fue el confidente quien le buscó a él y que si había hablado a los presuntos islamistas de proporcionarles armas fue para ganarse su confianza.
Hoy el juez Pedraz y los fiscales de la Audiencia Nacional intentarán aclarar los puntos enrevesados de la operación: por qué Lolo y otro de sus compañeros con mayor implicación, Badredine Haddoun, no fueron detenidos; si el confidente logró engañar y embaucar a los policías o no, si hubo algún tipo de inducción al delito que invalide el procedimiento… O si todo está bien.
Fuentes de la Brigada de Información de Madrid han asegurado a éste periódico que su proceder durante toda la investigación estuvo «basado y apoyado por el fiscal Alonso». La intención de los agentes que prestarán declaración es solicitar la prisión para Rodríguez y otro de sus compinches cuya identidad no han precisado. Aseguran que los terroristas estaban radicalizados y que para demostrarlo son definitivos cuatro vídeos que les fueron incautados en los que se les ve con armas, con la bandera del Estado Islámico y con la imagen de la Puerta del Sol. E insisten en que los terroristas estaban en posesión de un kalashnikov real.