Después de que Deloitte haya comunicado al juez Juan Carlos Peinado que nunca tuvo acceso ni participó en la creación del software asociado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el cerco se ha estrechado sobre Begoña Gómez.

La investigación trata de esclarecer si la esposa del presidente se apropió de una herramienta digital que debía destinarse a asesorar a pymes en sostenibilidad.

La negativa de Deloitte a entregar los códigos fuentes alegando que no dispone de ellos desbarata la versión que situaba a la consultora como responsable de la aplicación. Y refuerza la sospecha de que la cátedra codirigida por Gómez pudo hacer un uso irregular de esos recursos.

A ello se le suma la orden emitida este miércoles por el juez Peinado para que Moncloa entregue todos los correos corporativos de Gómez desde 2018.

El magistrado busca determinar quién ordenó a la asesora de la Presidencia Cristina Álvarez realizar labores en beneficio de los negocios privados de Gómez, lo que podría constituir un delito de malversación.

En la instrucción ha quedado acreditado que esas funciones se llevaron a cabo, y la obtención de los correos puede resultar decisiva para identificar responsabilidades.

Estas dos diligencias se añaden a un procedimiento en el que existen indicios suficientes para investigar a Gómez por hasta cinco posibles delitos:

Corrupción en los negocios, por recibir presuntamente contraprestaciones de empresas privadas vinculadas a contratos públicos.

Tráfico de influencias, por aprovechar supuestamente su posición como esposa del presidente para favorecer a empresarios con los que mantenía vínculos económicos.

Malversación, por haber empleado presuntamente a personal de Moncloa en actividades privadas.

Falsedad documental, por supuestas irregularidades en los convenios de su cátedra.

Y prevaricación administrativa, por la concesión de ayudas y contratos en condiciones presuntamente arbitrarias.

Tampoco parecen meras conjeturas, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz avalase las diligencias ordenadas por Beatriz Biedma, los indicios que han llevado a la magistrada a procesar al hermano de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La juez concluyó, apoyada en una base documental sólida y en una argumentación de impecable lógica, que la Diputación de Badajoz creó una plaza a la medida de David Sánchez, adaptando los requisitos del proceso selectivo a sus características personales.

Por todo ello, la insistencia de Sánchez y su Gobierno en desacreditar las investigaciones por su supuesta motivación espuria carecen de todo fundamento.

En su entrevista de este lunes en TVE, Sánchez se reafirmó en que «hay jueces que hacen política», sugiriendo que las decisiones judiciales contra su entorno carecen de rigor probatorio.

Es cierto que el juez Peinado ha incurrido en errores procesales en el curso de la instrucción. Algunos de los cuales han sido corregidos por otros tribunales.

Tal es el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó la imputación del ministro Bolaños por ausencia de indicios; anuló la investigación sobre el rescate de Air Europa por basarse en «meras conjeturas»; y frenó la imputación del rector de la Complutense por falta de base objetiva.

Incluso el Tribunal Supremo corrigió sanciones económicas que había impuesto a letrados por declaraciones públicas.

Todos estos reveses son indicativos de un estilo de instrucción poco pulcro y algo errático, pero también de la fortaleza de un sistema con instancias de revisión que corrigen excesos y garantizan el derecho de defensa.

No se trata de defender a Peinado ni a la jueza que instruye el caso de David Sánchez. Se trata de denunciar que el presidente está alentando una ofensiva contra la Justicia en virtud de su pretensión que sus familiares sean tratados de forma distinta al resto de ciudadanos.

Y que haya trasladado esa campaña a medios internacionales, como ha hecho en su entrevista con The Guardian de este miércoles, es todavía más inaceptable.

Desde el primer momento resultó impresentable desde el punto de vista ético y político que la esposa del presidente hiciera negocios privados desde La Moncloa. Pero, en el curso de la instrucción judicial, han aflorado indicios relevantes de hechos que, además, podrían ser constitutivos de delito. Y que por ello exigen llegar hasta el final en su esclarecimiento.

El caso de Deloitte, en este sentido, es especialmente sospechoso.

Investigar a la familia del presidente no es hacer política, sino justicia. Es decir, aplicar la igualdad ante la ley, como corresponde a cualquier Estado de derecho.