La verdad es la realidad, como sostuvieron Aristóteles, Kant, el general Perón y, más recientemente, Pedro Sánchez, y en este caso -no hay duda- ambas son igual de crudas: el Gobierno está maniatado por Junts. Sea ahora o dentro de un mes, tautologías aparte, no le quedará al Ejecutivo de PSOE y Sumar más remedio que abordar una disyuntiva que ayer quedó postergada pero no resuelta: si concede a Carles Puigdemont, en la práctica, la inviolabilidad a modo de la que la Constitución otorga al Rey o deja que la legislatura implosione antes de cruzar la frontera decisiva, la aprobación de los primeros Presupuestos.

Y decimos inviolabilidad, sí, porque de eso trata este debate por más que se disfrace de dignidad democrática para plantar cara al ‘lawfare’ o a los «jueces prevaricadores», a los que, una vez más, Míriam Nogueras señala desde la tribuna con nombre y apellidos. Pero no, no se trata de decirle a Europa lo que es terrorismo y lo que no, sino de construir un traje blindado a la medida de Puigdemont y algunos de sus más estrechos colaboradores para que la Justicia no encuentre ninguna rendija (agujero negro, en versión ‘indepe’) por la que meterle mano al expresident.

Las cartas están boca arriba y la ley de amnistía vuelve a la comisión de Justicia. Se consuma la prodigiosa paradoja de que una ley redactada a medida de unos beneficiarios concretos es tumbada por esos mismos diputados encargados de dictarla, aun a riesgo de retrasar o impedir su entrada en vigor, pese a que se desgañitan pidiendo su «aplicación inmediata». ¿Alguien entiende algo? La explicación al galimatías es más sencilla de lo que aparenta: Junts hace una exhibición de fuerza y Sánchez gana tiempo para afrontar el dilema existencial y moral que marcará su mandato -si cede ante Puigdemont y consuma un pulso suicida entre poderes del Estado o se planta definitivamente a pesar de las consecuencias- hasta después de una fecha clave, el 18 de febrero.

Ese día se celebran las elecciones gallegas, que son mucho más que unas autonómicas. Pueden ser el gol de oro de Sánchez para poner en la cuerda floja el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo o la vía de agua por la que empiece a zozobrar el barco gubernamental si el PP consolida la mayoría absoluta. Así que, hasta entonces -la comisión tiene un mes como máximo para emitir un nuevo dictamen-, escucharemos la ‘cara A’ de la casete: que el Gobierno ha llegado hasta donde ha podido en su noble empeño de asentar la convivencia en Cataluña pero no acepta chantajes. Cuando llegue la hora de la verdad y la amnistía afronte la reválida definitiva, escucharemos la ‘cara B’. La banda sonora dependerá entonces de si Sánchez decide que la implosión le beneficia porque se ve fuerte o si no le queda más remedio que seguir bajo la bota de Puigdemont hasta que salgan los Presupuestos. El problema es que las elecciones catalanas se convocarán como tarde en el primer trimestre de 2025 y el aviso de Junts no se circunscribe a la ley de amnistía. Es la constatación de que dejarán caer a Sánchez cuando mejor convenga. A no ser que, en otro giro de guion del superviviente, el presidente decida romper la baraja antes.