José maría Ruíz Soroa-El Correo
La Unidad Militar de Emergencias creada en tiempos de Zapatero fue en el fondo un reconocimiento de que el diseño territorial español tenía serios defectos. En concreto, las competencias sobre gestión de eventos catastróficos medioambientales se habían transferido totalmente a las comunidades autónomas, pero éstas carecían de suficiente masa crítica como para crear los servicios necesarios para atender a esas catástrofes. La única solución era la de que fuera el Estado quien crease los sistemas y cuerpos de intervención de ámbito nacional, pero tal cosa significaba una modificación de los estatutos de autonomía y, sobre todo, el reconocimiento de que el autogobierno territorial no es siempre la solución más eficaz para gestionar.
La solución fue la de recurrir a un dudoso expediente: militarizar la intervención en emergencias, a sabiendas de que el ejército es una competencia estatal indiscutible, por mucho que la gestión de emergencias no fuera para nada una competencia militar. Pero no se podía crear un «cuerpo de intervención civil» porque el sistema constitucional lo impedía, así que se miró para otro lado y se creó la UME. Aunque hubo que añadir una cláusula curiosa: la de que sólo podría intervenir a petición de la comunidad autónoma afectada por la catástrofe, puesto que en el fondo invadía sus competencias propias.
Ha sido un éxito, nadie lo pone en duda. Supone tanto como disponer permanentemente de un equipo de intervención inmediata y profesional que ninguna comunidad podría costearse ni con su mejor buena voluntad. Su único coste es el de llamarles, lo que implica reconocer que los servicios propios no son suficientes. Una heridita en el orgullo de la comunidad afectada, a cambio de una mejor protección a la ciudadanía y al medio ambiente.
Euskadi paga su parte de la UME, puesto que la militar es una competencia no transferida, pero tiene a gala -aunque eso no se pregone- no haber solicitado nunca su intervención en suelo vasco. Nunca ha hecho falta. Ni tampoco cuando se produjo el derrumbe del vertedero. Tampoco entonces se pidió a la UME su intervención o consejo. Hasta ahí podíamos llegar, debió sentir alguno, pedir sopitas a los militares españoles, dónde se ha visto.
Esto es algo que ni siquiera Zapatero, con lo rarito que era, pudo pensar: que algún gobierno antepusiera su interés ideológico al interés ciudadano. No nos conocía bien. Quedará para la especulación contrafáctica discutir lo que se pudo o no se pudo hacer. Porque no se les llamó, eso es lo relevante.