Paradoja final de la ley Montero: solo quienes se creyeron las mentiras de la ministra pueden sentirse ahora defraudados por la ministra. Lo pensaba al oír, en la barra del bar, cómo una mujer se quejaba de Irene Montero. Estaba con amigos y hablaban de la polémica de la ley del sí es sí, las excarcelaciones de algunos condenados; es probable que todos ellos vinieran de alguna de las manifestaciones que se han convocado en el fin de semana en torno a la conmemoración del Día contra la Violencia Machista. “Ya me conocéis, siempre he sido una mujer de izquierdas y feminista, pero tengo que reconocer que esto no lo he visto venir: me siento engañada y también indignada, para qué os voy a decir otra cosa”, se quejaba a sus amigos.

La cuestión es que ella, alarmada como estaba desde el escándalo de la Manada en Pamplona, se creyó plenamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando aseguraba que las mujeres en España estaban indefensas ante una regulación penal deficiente, que no las protegía de los ataques machistas, de la violencia machista de la calle o de los hogares. Siguió creyéndola luego cuando, al aprobar la ley, la ministra presentó la norma con el ardor de una conquista histórica; “un día de victoria después de muchos años de lucha”, dijo como si, hasta la aprobación de esa ley suya, España hubiera sido el salvaje Oeste de los depredadores sexuales, un país sin ley para violadores y maltratadores. Pero, si eso era así, ¿por qué algunos condenados salen a la calle ahora? ¿Cómo entender que las mujeres en España estaban desprotegidas si resulta que la legislación anterior era incluso más dura contra algunos agresores sexuales que la actual, la de esta ministra? La mentira de antes se convierte en paradoja con la aplicación de la ley y deja a la ministra Irene Montero atrapada en su propia demagogia.

Lo más inquietante del comportamiento político de esta mujer, y de quienes la jalean en Podemos, es que se obcecan tanto en su propaganda que les provoca una preocupante ceguera. Ni siquiera han sido capaces de oír a quienes han querido ayudarles a hacer una nueva ley, porque también pensaban que podía ser buena una legislación que incorporase al Código Penal conceptos y planteamientos jurídicos acordes a las demandas feministas. Cuando la ley aún estaba en anteproyecto, por ejemplo, la propia Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia le advertía de la falsedad de seguir afirmando que España era un descampado: “La actual regulación del Código Penal ya sanciona como delito cualquier acto sexual realizado sin consentimiento. En ningún caso la actual regulación exige que se haya emitido una negativa o se haya ofrecido resistencia por la víctima. El Código Penal ya sanciona todos esos casos”, dijeron en un comunicado. Pero la ministra y los suyos mantuvieron el discurso para ensalzar su Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Hasta le pusieron ese nombre a la ley, que quiere dar la sensación de que es la primera vez que se regula en España la libertad sexual. Es normal que, ahora, cuando se descubre la verdad, acaben enredados en sus trolas, decepcionando a quienes la creyeron. 

Aún más. De no haber estado cegado por la propaganda inflamada, la ministra de Igualdad tendría que haberse anticipado a la polémica antes de la entrada en vigor de la ley, cuando varios organismos le anticiparon que una de las consecuencias inmediatas iba a ser la revisión de algunas sentencias y la reducción de penas impuestas. Como mujer de izquierdas que se presume, la ministra Irene Montero podría haber explicado que, en realidad, el objetivo de la nueva ley no era el agravamiento de las penas. Eso mismo se lo ha vuelto a recordar estos días otra asociación claramente identificada con la igualdad y defensora de esta ley del sí es sí, la Asociación de Mujeres Juezas de España.

En vez de acusar a la Justicia española de machista y falta de preparación, hasta de prevaricadores, como hizo Irene Montero y los suyos, esta asociación hizo un llamamiento a la calma y le recordó a la ministra que “el propósito de esta ley no debía ser el agravamiento de las penas máximas, que ya eran muy elevadas, sino dotarnos de una regulación más acorde con la realidad social actual, que se vertebrara sobre la ausencia de consentimiento y que, a partir de ahí, estableciera castigos proporcionados a la gravedad de las distintas conductas atentatorias contra la libertad sexual”. ¿Pero cómo iba a admitir la ministra que el objetivo de la ley no era el agravamiento de las penas, que ya eran muy elevadas, si ella defendía lo contrario? En el mismo sentido, la activista y exdiputada de Podemos, Clara Serra, también ha advertido estos días, en un artículo de prensa, que “desde hace años se están cargando las tintas en una dirección que ahora solo puede volverse contra nosotras y que ha abonado el terreno para que sean las derechas las que van a recoger las ganancias”. 

Irene Montero contra Irene Montero. La ministra en su paradoja final de verse enredada y desacreditada por su propia demagogia. Debería servir de escarmiento para toda la clase política, pero ya estamos viendo que no será así. Ahí está el testimonio de algunos dirigentes relevantes del Partido Popular que, para estupefacción de quienes los oigan, son ahora los que afirman que en España las mujeres no se sienten seguras porque la aprobación de esta ley deja a los violadores en la calle. “Con esta ley, los agresores son más libres, y las mujeres agredidas, más víctimas”, dijo como si tal cosa hace unos días la consejera andaluza de Igualdad, Loles López, del Partido Popular. Dijo más, abogó por la reforma de la ley para que no salgan a la calle “violadores y asesinos”, y se quedó tan pancha. Igual que otro compañero suyo, Elías Bendodo, cuando aseguró que esta ley provocaba “un efecto llamada” para los violadores en España. No hay remedio. Otra vez volvemos al discurso de España como un país sin ley con tal de dañar al adversario político. La paradoja Montero parece que tiene un carácter exponencial.