Hay que cuestionarse la asunción del «final feliz» del modelo norirlandés por los interesados en extrapolarlo al terrorismo etarra. Polarizada política y socialmente, Irlanda del Norte está gobernada hoy por quienes han visto premiado su fanatismo con el respaldo de una injusta política gubernamental. El pragmatismo ha favorecido incluso una prostitución de la historia.
EL 10 de abril de 1998 los medios de comunicación abrieron sus informativos con el anuncio de un histórico acuerdo de «paz» para Irlanda del Norte. En estos diez años los principales grupos terroristas norirlandeses han abandonado sus campañas de violencia, acometiendo el sistema político importantes cambios bajo los que, no obstante, subyacen graves carencias. Oportuno resulta destacarlo cuando el modelo norirlandés continúa utilizándose en España como referente, asumiéndose desde algunos sectores que el hipotético final exitoso de dicho proceso obliga a iniciativas semejantes en relación con ETA. En tan significativo aniversario dos son los interrogantes que pueden plantearse.
En primer lugar deben recalcarse los elevados costes de un proceso que dista mucho de la perfección que se le atribuye desde la ignorancia o desde la interesada propaganda política. En segundo lugar, incluso aunque se valoraran los beneficios de semejante referente, su réplica en nuestro país en absoluto resulta recomendable. Así ocurre como consecuencia de factores diferenciales entre el contexto vasco y norirlandés que resultan determinantes, entre ellos, los siguientes: la democratización acometida en España; la existencia de un gobierno autónomo administrado por el nacionalismo vasco desde sus orígenes; la obligación de legitimar unas instituciones democráticas por cuya defensa han sido asesinados numerosos ciudadanos que siempre han respondido al terrorismo pacíficamente; y la posibilidad de aplicar una eficaz política antiterrorista, como la seguida entre 2000 y 2004, que llevó a la propia ETA a contemplar su derrota, demostrando la validez de medidas coactivas que serían abandonadas durante la negociación emprendida por el gobierno socialista al emular un modelo defectuoso.
Las alabanzas al proceso norirlandés como un ejemplo que debería seguirse en otros escenarios violentos suelen ignorar que las iniciativas adoptadas en Irlanda del Norte han garantizado una peligrosa impunidad política, jurídica, histórica y moral. No sólo se ha permitido la excarcelación anticipada de los presos condenados por delitos de terrorismo, sino que se ha fortalecido a los representantes políticos de una organización terrorista como el IRA a través de concesiones que han incrementado la influencia del Sinn Fein. Esa misma lógica inspiró las fracasadas negociaciones con ETA ignorándose sus contraproducentes efectos en Irlanda.
Esclarecedoras son en ese sentido las conclusiones de Seamus Mallon, prominente responsable del que hasta 2001 fue el partido nacionalista más votado en Irlanda del Norte, el SDLP (Partido Social Demócrata y Laborista), liderado durante décadas por John Hume, premio Nobel de la Paz en 1998. Al ser entrevistado por The Guardian en 2007, Mallon aseguraba que la «paz» podía y debió alcanzarse mediante «otra vía» diferente a la utilizada por el primer ministro británico Tony Blair. Esta convicción llevaba al político norirlandés a rechazar el término «proceso de paz» por sus negativas implicaciones para la resolución de la problemática de la región.
Tanto Mallon como Hume formaron parte del movimiento por los derechos civiles que a mediados de los años sesenta aglutinó a católicos y protestantes reclamando «derechos civiles para ciudadanos británicos» en la región. Se anteponía así la igualdad de derechos a un nacionalismo dogmático e identitario propugnado por quienes respaldaron el terrorismo del IRA. Sin embargo, estas figuras que representaron la voz mayoritaria de una comunidad contraria al terrorismo se han visto perjudicadas en los últimos años por la política del gobierno británico, profusa en simbólicas concesiones hacia los violentos que han debilitado a quienes optaron siempre por métodos pacíficos.
De ese modo se ha desmoralizado a quienes han respetado la ley, desactivando a una formación como el SDLP, y al unionismo moderado representado por David Trimble, que compartió con Hume el Premio Nobel de la Paz. Peter Mandelson, ministro británico para Irlanda del Norte entre 1999 y 2001, apoyó públicamente estas críticas, pues esa política de concesiones que definió el «proceso de paz» derivó en un peligroso fortalecimiento de los extremos en detrimento de los moderados. Se ha favorecido así una narrativa legitimadora de quienes utilizaron la violencia, recompensándose su asociación con el terrorismo.
Estas y otras opiniones críticas con el proceso norirlandés obligan a cuestionar la generalizada asunción de su «final feliz» que tan recurrente resulta para los interesados en extrapolarlo al terrorismo etarra. Así lo confirma la polarización política y social que se aprecia en una Irlanda del Norte gobernada hoy por quienes han visto premiado su fanatismo con el respaldo de una injusta política gubernamental. Esas son las condiciones de una normalización política que no ha logrado derribar los muros que separan físicamente a las comunidades norirlandesas en determinadas zonas donde la segregación mantiene elevados niveles.
El modelo norirlandés se fundamenta en un chantaje, impunidad a cambio de cese de la violencia, que genera la ilusión de que el problema ha quedado resuelto al desaparecer el terrorismo mortal. Sin embargo, el desprecio que supone relegar la aplicación de la justicia provoca un importante déficit democrático, como han subrayado quienes reclaman en Irlanda del Norte que se inicien procedimientos judiciales contra los responsables de crímenes cometidos en el pasado. Estas exigencias surgen al concebirse dicha impunidad como un obstáculo para una verdadera normalización. Por ello podría aplicarse al modelo norirlandés la reflexión que Reyes Mate realizaba para el contexto vasco en un informe de la Fundación Alternativas en 2006: «La justicia a las víctimas pasadas es la condición necesaria para una política futura sin violencia, pues la justicia a las víctimas no es sólo un problema moral, sino también político».
Ante la peligrosa contradicción en la que se sustenta la «paz» norirlandesa, se está intentando suplir la necesaria justicia que reclaman quienes han sido víctimas de flagrantes violaciones de los derechos humanos con iniciativas que permitan «hacer frente al pasado dejando atrás una historia de división», objetivo del recién creado Grupo Consultivo sobre el Pasado. Ese interés ha llevado a ignorar una lección clave de otros «procesos de paz» donde también se recurrió al chantaje de presentar como un dilema moral y político esa impunidad a la que se supeditaba el avance de la sociedad. Frente a tan perjudicial método de clausurar el pasado, las palabras del jesuita José María Tojeira en 2003, refiriéndose al conflicto salvadoreño, aportan claridad sobre los principios en los que debe construirse una auténtica paz: «El lenguaje se volvía contrario a su significado natural cuando se nos decía que no convenía abrir heridas del pasado. Como si juzgar a los victimarios fuera abrirles heridas a ellos en vez de cerrar las que ellos mismos habían causado a sus víctimas».
El pragmatismo con el que se excusa la impunidad dominante en Irlanda del Norte ha favorecido una prostitución de la historia en la que los terroristas han llegado a ser presentados como héroes a los que la sociedad debe agradecer su esfuerzo por la paz. No es sencillo, quizás imposible, procesar individual y colectivamente semejante aberración que puede convertirse en el germen de futuros conflictos. Por tanto, las lecciones del modelo norirlandés deben extraerse con rigor, particularmente al aplicarse a España, como sugiere el testimonio de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua: «Se habla con frivolidad de los días sin muertos. No son días sin muertos, son días sin atentados, porque los asesinatos son irreversibles, y cada día desde el asesinato de un ser humano es para sus seres queridos un día más con muerto, porque el duelo del terrorismo no se cierra mientras no se realiza justicia, la concreta de que los responsables encaren su responsabilidad ante la sociedad, y la general que consiste en derrotarlos, no en apañarse con los que no han respetado la vida y la dignidad de los demás y no se sienten responsables por todo ello».
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, ABC, 10/4/2008