J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO – 25/07/14
· Como señala el Estatuto de Cataluña, cualquier efecto de redistribución del sistema autonómico debe basarse en un principio obvio de equidad.
Hace un par de semanas que el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura anunció una reducción del IRPF (la segunda en los últimos meses) para los ciudadanos extremeños, de forma que el peso del impuesto en Extremadura va a ser el menor de los vigentes en las diversas CC AA españolas. Dicho claramente, los extremeños pagarán menos impuestos que, por ejemplo, los catalanes o los madrileños.
La decisión, a primera vista, parece perfectamente congruente con el nivel de descentralización fiscal y política alcanzado por el sistema autonómico. El autogobierno implica, entre otras cosas, que cada gobierno regional pueda elegir la presión fiscal que mejor se adapta a su propia orientación política y a sus necesidades de financiación, creando una sana diferencia entre comunidades.
Ahora bien, sucede sin embargo que Extremadura es la principal receptora neta de las transferencias de financiación pública que realiza el sistema autonómico en su función de redistribución. Tomando los datos 2000/2010 de un estudio de la Fundación BBVA (‘Las diferencias regionales del sector público español’, 2011), Extremadura recibe una transferencia tal del sistema que hace que la renta familiar disponible media de sus habitantes mejore un 21% con respecto a la renta primaria producida por la propia región.
Por comparar, Asturias experimenta una mejora del 17%, Galicia del 15,2%, País Vasco un 4,6%, mientras que las comunidades contribuyentes experimentan una pérdida en renta disponible del 7,7% en el caso de Madrid, o 4,9 en el de Cataluña. Es el efecto de redistribución y de igualación de la actuación del sector público en un Estado federalizante, nada sorprendente (salvo el caso del País Vasco y Navarra que resultan regiones subsidiadas cuando es obvio deberían ser destacadas contribuyentes netas por su nivel de renta).
Estos datos han sido substancialmente corroborados por las ‘Cuentas Públicas Territorializadas’ recién publicadas ayer, que registran para Extremadura un saldo fiscal positivo de alrededor del 25%, para Asturias del 7% y para Galicia del 11%, siendo las contribuyentes Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares. El País Vasco, de nuevo se constata que a pesar de ser la comunidad más rica, recibe una transferencia del resto de España equivalente al 4,6% de su PIB, de manera que la financiación pública per capita disponible en Euskadi es exactamente del doble que la media española.
Pues bien, sucede también que, como el Estatuto de Cataluña (art. 206) proclama, cualquier efecto de redistribución del sistema autonómico debería respetar un principio de equidad bastante obvio: que la mejoría que esa redistribución procura a ciertas regiones se base en un «esfuerzo fiscal similar» de ellas, es decir, que todos los ciudadanos paguen substancialmente el mismo nivel de impuestos proporcional a su renta tanto en las regiones contribuyentes como en las receptoras. Lo que no puede ser, dicho en román paladino, es que los extremeños reciban un 20% de su renta familiar gracias al esfuerzo fiscal de catalanes y madrileños, por un lado, y encima paguen impuestos proporcionalmente menores que éstos. Eso no es solidaridad, eso es un sarcasmo para los ciudadanos contribuyentes, y no es de extrañar que provoque oleadas de indignación entre ellos.
El presidente Monago se ha significado por su habilidad para adoptar medidas de tinte popular en su comunidad, incluso excediendo de su competencia estricta. Pero la de bajar los impuestos es pura irresponsabilidad, un ejemplo de cómo echar leña al fuego nacional.
J. M. RUIZ SOROA, EL CORREO – 25/07/14