Así llevamos todo el verano español con la vuelta al colegio, enzarzados en un cruce de acusaciones preventivas. En esta dinámica, solo se salvan ciertos lugares (colegios, comunidades autónomas) en los que un grupo de personas se despega del intento de equilibrio y se toma la tarea en serio. Para el resto, incertidumbre. ¿Es porque tenemos “17 sistemas educativos”, como sugieren algunos? La falta de corresponsabilidad no es inherente a un sistema descentralizado, sino que depende tanto del entorno institucional como de las decisiones de los actores, en este caso de los políticos. Si son incapaces de construir confianza entre ellos, si no hay incentivos para que se dé, la cooperación no podrá arraigar.

Esto es lo que ha sucedido en España: el cruce de divisiones partidistas y territoriales se suma a una descentralización a medio cocinar, que no ata bien representación y toma de decisiones. Ahora vemos el resultado: lo regresivo en España es la irresponsabilidad, el juego de culpas cruzadas en el que se han enganchado personas de todo color y nivel: estatal, autonómico y de cada centro. Porque igual que se dice 17, podríamos decir 30.000 sistemas educativos: uno por cada centro. Y en este caso, menos mediatizado, a casi nadie le parece que la autonomía sea un problema por sí misma. No: la cuestión es cómo se articula cada nivel con el siguiente.

La irresponsabilidad resultante es doblemente regresiva, de hecho, porque mientras la tarea se quede sin completar, los más perjudicados serán lógicamente los más jóvenes, pero sobre todo en los hogares de menos ingresos: son los que no pueden acceder a mecanismos alternativos de educación, ni de conciliación. Una orfandad sesgada de política pública producto de un sistema pensado para acercar las decisiones al ciudadano, y que de hecho podría llegar a funcionar así, pero que evidentemente no lo hace. Hoy menos que nunca.