El pulso entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso que ha desembocado en el escándalo por la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por fraude fiscal, causa perplejidad y revela comportamientos de cierta irresponsabilidad política. No parece lo más respetuoso con la separación de poderes que un presidente del Gobierno llame «delincuente confeso» al novio de Ayuso -lo que le ha costado una citación para retractarse- y, por otro, defienda con entusiasmo al fiscal general del Estado, el primero imputado en democracia en España, para celebrar que la Guardia Civil no encontrase ni un mensaje en su móvil y exculparle. «La infamia y la acusación sin pruebas no pueden ser gratis», dijo Sánchez de Álvaro García Ortiz, quien pudo borrarlas del terminal que usó en las fechas en las que ocurrió la revelación de secretos por la que está en el disparadero. Esta artimaña y la participación de cargos de La Moncloa y del PSOE detectada por la UCO en el soplo dan forma a una maniobra orquestada para buscar el desgaste de Ayuso, que también se saltó los límites al poner al servicio de su novio a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.