Isabel San Sebastián-ABC

El Gobierno puso en serio peligro la salud pública con tal de salvar su gran parada propagandística del 8-M

Esto no ha hecho más que empezar. España todavía no ha visto la cara más fea del coronavirus, que amenaza con provocar el colapso de nuestro sistema sanitario en los próximos días. Colapso, sí, como suena. Lo dicen los médicos que están en primera línea, haciendo frente con ejemplar dedicación a una avalancha de casos causados por la propia virulencia de la epidemia y también por la irresponsabilidad de un Gobierno sectario hasta el extremo de poner en serio peligro la salud pública con tal de salvar su gran parada propagandística del 8-M. ¿Cuántas personas se contagiaron ese día en las manifestaciones convocadas a mayor gloria de la izquierda autoproclamada feminista? ¿A cuántas más estará transmitiendo el virus ahora mismo

cada uno de esos enfermos? Lo comprobaremos a partir del lunes, cuando todos esos nuevos infectados se presenten en urgencias con cuadros respiratorios más o menos severos. A día de hoy, la previsión es aterradora. Porque si bien es verdad que en la mayoría de los pacientes la enfermedad no resulta ser grave, no lo es menos que en otros, con patologías previas, puede llegar a ser mortal. Y son ellos quienes requieren de hospitalización en unidades de cuidados intensivos que ya no dan abasto a falta de camas y equipos con los que atenderlos. Por eso no resulta en absoluto exagerado augurar que, en las próximas semanas, en más de un complejo hospitalario tal vez el personal sanitario se vea en la necesidad de escoger qué vida salvar y cuál sacrificar, ante la imposibilidad material de dar el tratamiento adecuado a todo el mundo.

No es una previsión apocalíptica. Es un escenario perfectamente posible, y aun probable, que el Ministerio de Sanidad debería haber contemplado hace mucho, a tenor de lo sucedido en China o Italia. ¿Qué otra utilidad tiene ese departamento en un país donde las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas? De haber prevalecido la prudencia y la sensatez sobre los intereses de partido, las medidas adoptadas el lunes, ésas que, según Pedro Sánchez, llevaban tiempo estudiándose, se habrían adelantado en el tiempo. De haber prevalecido la prudencia sobre los intereses de partido, Vox no habría celebrado su mitin, ya fuera por decisión propia o porque el Gobierno lo habría prohibido en lugar de utilizarlo como coartada y tapadera de su propia insensatez. De prevalecer la prudencia sobre los intereses de partido, ya estarían en marcha los mecanismos de coordinación entre distintas administraciones indispensables para optimizar unos recursos limitados, esenciales en el tratamiento de la infección, que ya empiezan a escasear en Madrid y otros lugares especialmente castigados por la pandemia. En aras de prevenir errores de bulto como los cometidos hasta ahora, es de esperar que en el futuro se imponga la prudencia a cualquier otra consideración y se cancelen todos los actos y festejos que supongan gran afluencia de público, sin excepción, hasta que la pesadilla haya pasado del todo. Porque la alternativa a esta decisión drástica, sin duda muy costosa en términos económicos, es condenar a morir a un número imprevisible de inocentes.

Lo único responsable ahora, pensando en el bienestar colectivo, es unir esfuerzos en el combate contra esta plaga. Quedarse en casa al menor síntoma. Evitar aglomeraciones. Controlar que los niños, a menudo portadores asintomáticos, no transmitan la enfermedad a otros colectivos más vulnerables. Conservar la calma, sí, pero sin confundir calma con desidia. Y las primeras en dar ejemplo deberían ser las autoridades, que hasta ahora se han comportado con una irresponsabilidad clamorosa.