Maryam, Mohammad Salama, Hossam al-Masri, Muath Abu Taha, Ahmed Abu Aziz y Hassan Douhan -este muerto por un bombardeo contra la tienda en la que se refugiaba- son los últimos de una lista de casi doscientos nombres. Un colectivo castigado con especial furia por Israel por el valor único de su trabajo en medio de la prohibición de acceso de los medios internacionales a la Franja. El ensañamiento no termina cuando les arrebatan la vida, de inmediato se pone en marcha una operación para ensuciar su memoria vinculándolos con Hamás. Al dolor de sus familias y compañeros se suma, en fin, la distancia con la que dan cuenta de su muerte las agencias con las que colaboraban.

El ataque al centro Al Nasser, una de las escasas instalaciones sanitarias que siguen funcionando en Gaza, se produjo en el sur del territorio, precisamente la zona hacia la que Israel conmina a moverse a la ya desarraigada población del centro y norte. La normalización de la destrucción de hospitales, escuelas, campamentos o iglesias no puede explicarse por equivocaciones o accidentes, responde a una estrategia que seguirá mientras no reciba sino condenas rutinarias de los gobiernos occidentales y árabes. El presidente de EE UU no quiere «ver cosas así», aunque su Administración financia y bendice la eliminación de decenas de miles de civiles. En Europa, la presión para sancionar a los israelíes hace tambalearse a los ejecutivos de Países Bajos y Bélgica. Y con Francia, Trump se sirve de su embajador y consuegro para amenazar a Macron con adjudicarle la gastada consigna del antisemitismo.