El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, haciendo las delicias de la izquierda antisemita que, como Sumar, han celebrado que el primer ministro israelí sea investigado por crímenes de guerra, tal y como venían demandando.
La Corte Penal, simultáneamente, ha pedido emitir una orden de captura contra varios altos cargos de Hamás, en una escenificación que pretende trasladar la idea de que ambos contendientes merecen un repudio moral análogo.
Es evidente el bochornoso ejercicio de equidistancia que supone igualar a las Fuerzas Armadas de Israel con el grupo terrorista palestino.
Un argumento similar ha empleado Joe Biden para tildar de «intolerable» y «vergonzosa» la solicitud de la CPI, defendiendo que «no existe ninguna comparación posible entre Israel y Hamás». Estados Unidos ha puesto en duda «la legitimidad y credibilidad de esta investigación» y EL ESPAÑOL está de acuerdo con ello.
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte de la CPI, lo que supone que no están obligados a acatar sus resoluciones. Israel tampoco reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados que viene realizando la Corte desde hace años. Y a la vista de los términos de esta solicitud, se antoja razonable su negativa.
Es legítimo sostener que la respuesta de Netanyahu a los atentados del 7 de octubre pueda ser también censurable, o que sus tropas hayan incurrido en extralimitaciones. Pero es una barbaridad poner al mismo nivel dos situaciones que no son ni remotamente comparables.
Delata el ánimo parcial de la solicitud de la CPI el planteamiento de las acusaciones del fiscal a Netanyahu: «Muerte por hambre como método de guerra», «exterminio», «actos inhumanos» o «crímenes de lesa humanidad como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina».
Para tamizar esas graves acusaciones, la Corte le imputa también y al mismo tiempo a los terroristas de Hamás los cargos de «asesinato como crimen de guerra», «secuestros como crimen de guerra», «violación y actos de violencia sexual» y «otros actos inhumanos».
Resulta muy dudosa de entrada la «responsabilidad penal» en crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza que la CPI le imputa a Netanyahu. Lo que no admite duda es que, al querer hacer pasar torpemente equidistancia por ecuanimidad, el órgano encargado de velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario ha malversado sus atribuciones y menoscabado su autoridad moral.