EL MUNDO 02/02/15
Según su marido, cuando Junko Ishido tuvo conocimiento a las cinco de la madrugada del vídeo en el que supuestamente era decapitado su hijo Kenji Goto, cayó de bruces al suelo. Horas después, cuando compareció ante la prensa en su residencia de Tokio, seguía casi sin poder articular una sola palabra.
«Kenji nos ha dejado. No tengo palabras ante esta muerte tan triste. Era un hombre valiente y cariñoso», declaró entre sollozos la anciana de 78 años.
Pero incluso en medio del dolor, la japonesa tuvo la entereza de marcar la diferencia con los radicales islamistas y pidió contención. «Creo que el duelo no puede propiciar una reacción en cadena de odio», señaló.
Como la propia Ishido, Japón se despertó ayer bajo la conmoción absoluta y entre repetidos llamamientos de destacados dirigentes políticos para que Tokio revise su legislación y permita que sus fuerzas armadas puedan jugar un papel más activo en el exterior, un tabú heredado de la Segunda Guerra Mundial.
Tanto el primer ministro nipón, Shinzo Abe, como uno de sus principales asesores, Yoshihide Suga, confirmaron que Tokio mantendrá su política de apoyo tácito a los países que combaten al Estado Islámico (IS, en sus siglas en inglés y Daesh en su acrónimo en árabe), al tiempo que decretaban la alerta de las fuerzas de seguridad ante las amenazas vertidas por el ya tristemente célebre John el yihadista, el mismo radical que se atribuyó en el pasado el asesinato de otros cautivos occidentales.
«El Gobierno va a cumplir con su responsabilidad a la hora de luchar contra el terrorismo», indicó Yoshihide Suga. «Abe, a causa de tu decisión imprudente de tomar partido en una guerra imposible de ganar, este cuchillo no sólo sacrificará a Kenji, sino que también continuará causando una carnicería allí donde encuentre a japoneses. Así que dejemos que comience la pesadilla de Japón», había advertido el encapuchado en la grabación, que fue difundida a través de internet.
Tokio ordenó reforzar la protección de sus embajadas e intereses en el extranjero y aumentar la vigilancia en su propio territorio, incluidas instalaciones estratégicas como aeropuertos.
Según el ministerio de Exteriores japonés, cerca de 1,26 millones de sus ciudadanos viven en el extranjero, 10.000 de ellos en Oriente Próximo. «El riesgo de que los japoneses se vean atrapados por el terrorismo nunca ha sido mayor», escribía la publicación Nikkei Asian Review.
La muerte de Goto –un conocido periodista de 47 años– y en menor medida la de Haruna Yukawa –un controvertido personaje que se había desempeñado como miembro de grupos paramilitares– podrían acelerar ahora la discusión en el Parlamento de las anunciadas reformas legales que apadrina Shinzo Abe para promover lo que ha llamado «pacifismo activo» o «autodefensa colectiva».
Tanto la Constitución «pacifista» japonesa con su artículo 9 y las leyes derivadas de la normativa que estableció en 1954 los límites de actuación de las llamadas Fuerzas de Autodefensa Japonesas (SFD), suponen en teoría un freno para cualquier intervención de los uniformados nipones en el extranjero, pero el primer ministro Shinzo Abe ya dejó claro en julio del año pasado que pretende «flexibilizar» esas restricciones.
La nueva filosofía del Estado asiático parece haberse convertido en la divisa del Partido Liberal que lidera Shinzo Abe y que ya con su antecesor, Junichiro Koizumi, rompió una tradición de décadas al enviar por primera vez en el año 2004 tropas japonesas a una guerra en el extranjero, desplegando más de medio millar de soldados en Irak con el fin de apoyar de forma tácita la invasión liderada por Estados Unidos.
Aquella iniciativa acabó propiciando el secuestro de hasta siete ciudadanos japoneses, dos de los cuales –un turista y un paramilitar– fueron asesinados por grupos armados islamistas.
Un ex diplomático japonés, Kunihiko Miyake, que precisamente participó en la crisis de rehenes de Irak, fue uno de los adalides durante la jornada de una hipótesis que llevan años enarbolando los círculos más nacionalistas de ese país: la posibilidad de establecer un servicio de espionaje que actúe en el extranjero a la usanza de la CIA estadounidense.
«Las amenazas del Estado Islámico son un nuevo 11 de septiembre y una llamada de atención para el pueblo japonés», señaló Miyake en declaraciones a la agencia Kyodo. Para la ex ministra de Defensa Yurio Koike, el país debería modificar su entramado legal para permitir que su ejército tenga la posibilidad de lanzar operaciones de rescate incluso si ahora carece de tal capacidad.
«Necesitamos un sistema legal para proteger a nuestros ciudadanos. Si no estamos preparados, no tenemos ninguna opción», dijo.
La mayoría de los analistas locales coincidieron en que bajo la turbación general que ha generado este caso, Abe dispone de un entorno favorable para al menos «ampliar el debate sobre el concepto de autodefensa colectiva», en palabras del profesor Koichi Nakano.
Sin embargo, incluso en estas circunstancias, el intervencionismo que promueve Shinzo Abe suscita también un amplio resquemor entre un sector de la sociedad japonesa, que comienza a criticar los errores políticos cometidos por el primer ministro durante esta crisis, donde –por ejemplo– demostró un total desconocimiento de las sensibilidades que rigen el conflicto en Oriente Próximo al responder a las amenazas del Estado Islámico desde Israel.