IGNACIO CAMACHO-ABC
- La mezcla tóxica de corrupción y amnistía envuelve la legislatura en un insoportable clima de tensión paroxística
Se equivocó Pedro Sánchez al proponer a Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, porque podría haberle servido como relevo para Francina Armengol al frente del Congreso. El sillón de la ‘speaker’ mallorquina huele a pólvora y es probable que tenga que abandonarlo antes de que estalle. (Amigo Celis, calienta que sales). Los detalles de la trama balear del ‘Koldogate’ apuntan a que el suplicatorio para investigarla va a llegar a la Cámara más pronto o más tarde, y el Partido Socialista tendrá que evaluar hasta cuándo le conviene que aguante. La peligrosa ‘doctrina Ábalos’ –sacrificio ante las primeras sospechas– afecta ahora a la tercera autoridad del Estado, convertida en pieza de caza mayor por una oposición en busca de trofeos de alto rango. Los gabinetes de crisis de Moncloa no dan abasto ante la ramificación extensiva del escándalo. Hay un par de ministros en el punto de mira –podrían ser hasta cuatro–, más los dos últimos secretarios de organización, los fontaneros del aparato.
Quizá el Gobierno confíe en que las aguas se remansen gracias a la lentitud de los tiempos judiciales. Pero los tiempos políticos se rigen por pautas de otra clase, y si el PP decide apretar las tuercas puede sentar en una comisión de investigación a la esposa de Sánchez para preguntarle por sus contactos, amigos de Koldo mediante, con los titulares de una aerolínea en vías de rescate. Este asunto es delicado; por una parte, conduciría la legislatura a un punto de crispación aún más insoportable, y por otra el electorado conservador no le va a permitir a Feijóo que se raje. En este momento los populares se debaten entre tirar por elevación o ir por fases y tratar de tumbar una a una las fichas que el avance del sumario les vaya poniendo por delante. Por ahora es la de Armengol la que está en jaque. Si Ábalos fue arrojado a los leones sin que el juez lo llame, ella queda obligada a apartarse por los indicios de responsabilidad en su gestión como presidenta de Baleares.
En cualquier caso, el mandato amenaza ruina apenas cumplidos los cien días. El contexto de la corrupción envenena todavía más la inminente aprobación de la amnistía y augura un bloqueo casi absoluto de la actividad legislativa, a merced del capricho de los separatistas. La coalición podrá mantenerse en el poder –escandaloso el silencio de Yolanda Díaz– pero gobernar en estas condiciones es una utopía. Las urnas vascas, europeas y tal vez catalanas contaminan la atmósfera institucional de tacticismo electoralista. La ya de por sí muy remota posibilidad de un pacto por la justicia o por la financiación autonómica se disipa de manera definitiva. El antisanchismo crece rearmado con munición sobrevenida y la polarización empieza a alcanzar una calentura social paroxística. La legislatura recién nacida tendrá que sobrevivir, si lo logra, en permanente estado de agonía.