A Marine Le Pen no la habrían condenado en España. La malversación sin lucro personal propio no es delito gracias a la reforma legal con que Sánchez despenalizó la insurrección separatista catalana. Y además está el precedente del fraude los ERE, ciento treinta veces mayor que el cometido por la candidata a la Presidencia de Francia, del que la cúpula institucional que lo permitió salió exonerada. No deja de resultar significativo que las protestas por el veredicto del tribunal parisino incidan en que la líder de la ultraderecha «no se llevó dinero a su bolsillo», mismo argumento con que los socialistas y los nacionalistas exculpan a los dirigentes de sus partidos involucrados en el destino de fondos públicos para fines ilegítimos. Incluso la acusación de ‘lawfare’, persecución judicial por motivos políticos, se repite ahora –como sucedió con Trump– desde bandos distintos. Está por ver si el Constitucional galo seguirá la doctrina de Pumpido.

La sentencia dice que Le Pen era responsable del sistema de desvío irregular de asignaciones del Parlamento Europeo. Que como presidenta de la Agrupación Nacional tuvo participación y conocimiento en el empleo de ese presupuesto para pagar gastos de funcionamiento interno –escoltas incluidos– por un total aproximado de cinco millones de euros. Y que eso constituye malversación aunque no exista enriquecimiento. Más o menos lo que sostuvo también el Supremo español en los casos de Puigdemont, Junqueras y demás insurrectos amnistiados por el Gobierno. Con la pequeña diferencia de que éstos no usaron recursos de la Generalitat para financiar quehaceres partidistas sino para organizar un golpe contra la integridad del Estado. Unos y otros se quejan de atropello democrático, secundados por el coro solidario de quienes en su hemiplejía moral o en su ensimismamiento dogmático sólo ven corrupción en la conducta de los adversarios.

No hay mucha distancia entre la consigna de «je suis Marine» y las orgullosas proclamas de respaldo a Griñán o Chaves. Como no la hay entre el cuestionamiento de la culpabilidad de Le Pen y el rechazo de la presunción de inocencia de Alves. El sectarismo nunca pasa la prueba de contraste del respeto al criterio de los tribunales. Peor aún, los pronunciamientos desfavorables de la justicia suelen estimular el instinto exaltado de muchos votantes; es bastante probable que las expectativas del lepenismo continúen al alza pase lo que pase, del mismo modo que los escándalos sanchistas apenas tienen impacto en las proyecciones electorales. El antagonismo emocional es el combustible de esta política de combate donde siempre se vota contra algo o alguien y donde el repudio a la ‘otredad’ (Sartre) une más que las propias afinidades. Ese orden liberal que peligra en todas partes depende del número de ciudadanos dispuestos a decir que ellos no son Marine, ni Trump… ni Sánchez.