Poco a poco, con cuentagotas, se van conociendo nuevos datos sobre el caso de Jon Anza que indican que la peor de las hipótesis es también la más plausible: Anza fue detenido por cuerpos policiales españoles en el tren en el que viajaba desde Baiona a Tolouse, murió mientras era interrogado y su cuerpo fue enterrado en algún lugar en suelo francés.
(Web colombiana dedicada a las comunidades campesinas en resistencia)
Gara / Viernes 2 de octubre de 2009
Poco a poco, con cuentagotas, se van conociendo nuevos datos sobre el caso de Jon Anza que indican que la peor de las hipótesis es también la más plausible: Anza fue detenido por cuerpos policiales españoles en el tren en el que viajaba desde Baiona a Tolouse, murió mientras era interrogado y su cuerpo fue enterrado en algún lugar en suelo francés.
Es la hipótesis que han mantenido sus familiares y compañeros desde un principio. Y es la peor de las hipótesis no sólo desde un enfoque humano, algo obvio, sino sobre todo desde el punto de vista político. Si finalmente se confirma la desaparición y la muerte del donostiarra, la guerra sucia se habría cobrado una nueva víctima mortal en Euskal Herria. Los estados habrían reactivado en ese caso una dinámica parapolicial con graves repercusiones, en tanto en cuanto no les es suficiente con retorcer la ley hasta desprenderla de cualquier tipo de garantía para las libertades y los derechos, sino que deciden además romperla abiertamente. Graves repercusiones que los responsables políticos españoles y franceses, así como otras instituciones internacionales, deberían tener en consideración prioritaria.
El caso de Anza se da en un contexto político en el que el Estado español ha propiciado un clima de impunidad total respecto a cualquier clase de ataques contra el independentismo vasco, que a su vez ha favorecido la inhibición de las autoridades galas hasta un punto sólo comparable con la época de los GAL. La República y sus mandatarios se jactan de su soberanía y sus valores, pero dejan que las fuerzas policiales españolas los violen sistemáticamente, con total permisividad y sin límites conocidos. Y precisamente las detenciones ilegales y los secuestros denunciados por ciudadanos vascos a uno y otro lado del Bidasoa dan la medida de hasta qué punto llega esa impunidad.
El silencio con el que los responsables políticos de ambos estados, los medios de comunicación y otros organismos responden a estas denuncias es el fértil caldo de cultivo en el que crece la, en este caso, fatal impunidad.
AGENCIA PRENSA RURAL, 2/10/2009