EL CORREO 05/08/13
Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, cree que la contabilidad del partido de Rajoy «era un cachondeo»
«Es difícil que el PP vasco haya cometido ilegalidades en su financiación «porque ha tenido muy poco poder. La responsabilidad será del PP allí donde ha mandado». Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, aborda sin tapujos el ‘caso Bárcenas’ en una entrevista concedida a EL CORREO sin eludir los aspectos más polémicos sobre este asunto. Incluso se atreve a dirigir sus críticas hacia el partido que lidera Rajoy. «La contabilidad era un auténtico cachondeo; parece increíble que una persona con la responsabilidad del extesorero hiciera cosas como las que estaba haciendo. Veremos hasta qué punto hay más responsables», asegura. BILBAO. Juan Calparsoro (San Sebastián, 1960) acaba de comenzar sus vacaciones. Atiende a EL CORREO en las horas previas a coger las maletas y tomar un avión rumbo al Caribe, de donde es su mujer. Antes de desconectar de su actividad diaria repasa la actividad política y judicial. Sobre el ‘caso Bárcenas’ ve «complicado» que la financiación irregular del partido pueda pasar factura en los tribunales al PP vasco e insiste en que Luis Bárcenas, ex tesorero de los populares, no pudo actuar en solitario durante tantos años.
– ¿Le convencen las explicaciones del PP vasco sobre las acusaciones de Luis Bárcenas?
– No conozco las circunstancias de la tesorería de los partidos, pero la ley ha demostrado que los controles legales no han sido suficientes. Es un mundo opaco para el común de los mortales. Pero el PP vasco es un partido que prácticamente no ha tenido poder. Salvo en Álava, en Bizkaia y Gipuzkoa no ha tenido nada. Además, parece que ha recibido más de lo que ha podido aportar a las finanzas nacionales porque aquí tampoco tenía mucha afiliación.
– Bárcenas dice que se pagó la sede en Bilbao con dinero negro.
– Pero eso será responsabilidad del tesorero nacional, ¿no? Son los contables los que tienen que cumplir la legalidad. La responsabilidad será del PP allí donde ha mandado mucho, que es en Madrid.
– ¿No ve entonces ninguna responsabilidad en el PP vasco?
– Lo veo complicado. ¿Qué responsabilidad se puede pedir a los dirigentes de aquí por cosas que han hecho fuera? La financiación ilegal parece que era a nivel de Madrid.
– ¿Y si, como dice Bárcenas, han recaudado dinero de donaciones ilícitas?
– Las donaciones son legales. Hay unos límites, pero son legales. Habría que ver si es delito o no en función de si tenía por objeto una contraprestación. No toda donación que sobrepasa el máximo es un delito; sería en todo caso una infracción. Pero el PP vasco que, salvo en Álava, es un partido minoritario, que les han asesinado, amenazado, que no ha gozado de poder… ¿Que se les pueda atribuir una connivencia con unos posibles hechos delictivos en Madrid? Lo veo difícil. Y no quiero sacar la cara a nadie. Será en Madrid donde sepan bien qué pasaba con las cuentas. Está claro que la contabilidad del PP en Madrid era un auténtico cachondeo, si es verdad lo que dice Bárcenas.
– ¿Y le convencen las explicaciones del PP nacional?
– No sé si han dado muchas explicaciones. Han negado algunos hechos o han callado sobre otros. El juzgado está investigando, pero parece que si Bárcenas era el responsable de las cuentas del PP, es evidente que no era la personas más cumplidora de la ley que podía tener el PP. Tampoco creo que actuara solo. Habrá alguien que, aun confiando en su gestión, debería haber sabido qué hacía el tesorero. No puedes confiar tanto sin que, por lo menos, alguna otra persona por encima de él tuviera conocimiento de lo que había.
– ¿Debería haber dimisiones en el PP nacional?
– Las repercusiones políticas no corresponden a la Justicia. Las dimisiones corresponden a otro poder que es el legislativo.
· Reclusos disidentes «Más reinserción que oponerse a ETA, pedir perdón y arrepentirse…»
· Beneficios penitenciarios «Los presos deberán pedir perdón individualmente o con un texto conjunto asumido luego de forma individual»
Más implicados
– ¿Se cree a Bárcenas?
– No tengo elementos para creerle o no. Algunas cosas parece que coinciden con la realidad y me imagino que otras no. Él era el máximo responsable de la tesorería del PP, debía llevar la contabilidad y cumplir la normativa legal. Lo que sí parece increíble es que una persona con su responsabilidad hiciera las cosas como las estaba haciendo. Veremos hasta qué punto hay más responsables; de momento, sólo está él.
– ¿Si se confirma que Rajoy cobró sobresueldos, quedará en cuestión su figura?
– Políticamente no lo sé. Jurídicamente habría que ver qué puede significar. Vamos a dejar esas cosas en manos de los políticos y de los ciudadanos.
· El fiscal superior del País Vasco no elude nunca ninguna cuestión y menos las que tienen que ver con el final de ETA. Defiende las medidas judiciales en favor de los presos disidentes de la banda como Joseba Urrosolo Sistiaga o Valentín Lasarte y exhibe sus dudas sobre si el Gobierno debería o no hacer «más» en el proceso de paz.
– ¿Qué opina de que presos como Joseba Urrosolo Sistiaga y Valentín Lasarte disfruten de permisos?
– Es una decisión judicial en aplicación de la legislación. Todos los presos, llegado el momento, disfrutan de permisos de salida. Cumpliendo los requisitos de la ley no puede haber excepciones.
– ¿Cómo se le explica eso a las víctimas?
– Diciéndoles que no es incompatible disfrutar de permisos o de beneficios con el cumplimiento de las penas. Un permiso no es más que una interrupción mínima de la pena, que tiene como finalidad su reinserción. Puedo entender la reacción humana de las víctimas de sentirse dolidas. En todo país democrático las penas nunca son puramente aflictivas; hay un principio humanitario.
– ¿Se debería promover más este tipo de medidas de reinserción?
– Sí, en la medida en que son presos que se han arrepentido. Me parece la vía correcta y la más conforme con los principios que inspiran el Código Penal y la legislación penitenciaria. Hay indicios evidentes de que son personas que están en el camino de la reinserción y que, incluso, se han opuesto al grupo terrorista. Más reinserción que oponerse a ETA, arrepentirse y pedir perdón….
– ¿Ayudaría a convencer a los presos del colectivo oficial de ETA de que deben asumir una vía individual de reinserción?
– Sí. Todo aquello que demuestre que, cumpliendo la ley, la situación penitenciaria de un preso es mejor debe constituir un ejemplo para los demás presos.
– ¿Los etarras encarcelados tendrán que pedir perdón y reconocer el daño causado?
– Sí. Cada preso. En unos delitos de esta gravedad, que no sólo han atentado contra bienes individuales sino contra la democracia, contra toda la sociedad, su reinserción debe implicar este reconocimiento del daño y, derivado de ello, la petición de perdón. Pública o privada, pero petición de perdón expresa.
– ¿‘Cada preso’?
– No es incompatible que esa expresión sea individual o mediante un texto común al resto de presos, siempre que se asuma de forma individual. Si como colectivo se realiza ese reconocimiento y se pide el perdón, eso conlleva que cada preso, al adherirse, asume individualmente esta declaración. – La banda se lo ha prohibido. – Que entiendan que no tienen que arrepentirse es incompatible con la legislación penitenciaria y el Código Penal. En sus últimos pronunciamientos asumen que han causado un daño, aunque lo enmarcan en otras cosas. El perdón no es arrodillarse públicamente, sino pedir excusas a las víctimas por el daño causado, que, insisto, han empezado a reconocer, aunque a su manera.
Bolinaga y ‘doctrina Parot’
– ¿El Gobierno podría hacer más por acelerar el proceso de paz?
– Sí, podría. Lo que no sé es si debería. Podría acercar a presos… pero no sé si debería; eso corresponde al Gobierno. Nadie discute que el Ejecutivo está cumpliendo la legalidad. Se puede discutir si podría modificar la política penitenciaria, pero lo que es verdad es que hay una ley que aplicar. Y, en el fondo, siempre quedan los tribunales.
– Algunas asociaciones de víctimas han criticado decisiones de la Audiencia Nacional como la de excarcelar a Uribetxebarria Bolinaga, gravemente enfermo de cáncer, o la de conceder permisos a Urrosolo o Lasarte. Creen que se ha bajado el nivel de exigencia.
– No se está bajando el listón sino ajustando la ley a la realidad actual. Hay unos presos que han abandonado el terrorismo, que se han enfrentado a la organización terrorista… Y los jueces aplican los principios de una legislación que se aprobó con UCD. Las asociaciones de víctimas tienen una posición legal, legítima y necesaria y tienen que luchar por lo que consideran justo. Pero los jueces tienen que aplicar la ley guste o no. También existen asociaciones de presos y de familiares que tendrán otra visión.
– ¿Qué espera de la sentencia de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’?
– Que sea rápida, cuanto antes, y que genere seguridad jurídica.
– ¿Qué cree que va a hacer la Gran Sala?
– No tengo ni idea. Partimos de una primera sentencia contraria a España que se tomó por unanimidad.
– ¿El Gobierno deberá cumplirla indefectiblemente?
– Sí, el Gobierno, los jueces y los fiscales. Ya lo ha dicho el fiscal general, que no se podrá soslayar la sentencia sea en un sentido u otro. España es un país serio.
– ¿Quedará en solfa el sistema jurídico español si, al final, Estrasburgo tumba la ‘doctrina Parot’?
– No. La ‘doctrina Parot’ es una interpretación razonable. Ahora bien, es un cambio interpretativo. Cuando a unas personas se les ha juzgado y condenado sobre la base de una normativa y una interpretación asentada históricamente y luego se cambia… La clave está en que se ha producido una interpretación en contra del reo y se discute si puede violar la irretroactividad de la ley. Los tribunales cumplen sus funciones. La Audiencia Nacional, y luego el Tribunal Supremo, cambiaron de interpretación y ahora va a ser otro tribunal, tan legítimo como estos, el que se decante.