Apartir del momento en que la Fiscalía española llegó a la conclusión de que los comportamientos financieros de Juan Carlos I no eran judicialmente perseguibles, debió proceder a su archivo. Y a esa convicción llegaron los fiscales Campos y Luzón hace meses, pero, sin duda con la aquiescencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prolongaron indebidamente las pesquisas hasta ir conformando una suerte de juicio paralelo, una especie de instrucción extrajudicial, que atentaba contra el sentido, el propósito y los objetivos de las diligencias indagatorias que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ponen en manos del ministerio público para que se forme criterio sobre si proceder o no a judicializar el caso. 

Sea cual sea la fecha de inicio para computar la duración de las diligencias (2018 o 2020), la Fiscalía ha infringido sus propias normas, que establecen seis meses de duración de las investigaciones (respecto de algunos delitos, un año) aunque ‘excepcionalmente’ se puedan prorrogar, facultad de la que ha abusado la fiscal general del Estado. O, en otras palabras: la Fiscalía se ha dejado llevar —a saber por qué razones— por un criterio táctico y oportunista, en vez de emplear el riguroso de concluir sus actuaciones a tiempo, por complejas que fueran. Siempre se podían reabrir porque el archivo no es un sobreseimiento, ni provisional ni definitivo.

Yves Bertossa dejó ayer en evidencia a la Fiscalía General del Estado al adelantarse y archivar la pieza más importante de las que se han investigado en España: si los 100 millones de dólares transferidos en 2008 a Juan Carlos I por Arabia Saudí se correspondían o no a comisiones ilegales, o la cantidad era una donación —que el emérito ocultó a la Hacienda Pública— que terminó como fideicomiso, aparcamiento o regalo del padre del Rey a Corinna Larsen. 

Esta y los testaferros Canonica y Fasana han sido exonerados del presunto delito de blanqueo de capitales —estaban imputados— y lo que diga la Fiscalía española al respecto ya carece de relevancia. Por lo demás, Bertossa ha sido terminante con el banco Mirabaud: le impone una multa de 50.000 euros y le carga con unas costas judiciales de 150.000 por negligencia al no advertir a las autoridades de que una cantidad tan importante había sido depositada en la fundación Lucum y luego exportada a una sociedad de Larsen. El emérito, entonces inviolable, se lleva el estigma de ser un evasor fiscal.

El afán —que suena más a coartada que a rigor investigador— de no ‘dejar cabos sueltos’ en la investigación a Juan Carlos I ha sido el mantra de la Fiscalía para aplazar la toma de una decisión que por su propia naturaleza ha de ser rápida permitiendo que los jueces, si así procede, se pronuncien, o se renuncie a interponer querella o denuncia, aunque tal decisión sea revisable en cualquier momento. 

Bertossa —que ha motivado sucintamente, pero con exactitud, su decisión— ha dejado colgado de la brocha al equipo de fiscales españoles y no sitúa en el mejor lugar a Dolores Delgado, que estaba recibiendo desde los medios y desde el propio ministerio fiscal avisos recurrentes de que se estaba sobreseyendo —abusando— de sus facultades indagatorias. La Fiscalía no juzga; la Fiscalía interpone la acción penal. Dolores Delgado se ha equivocado especialmente en la prórroga de las diligencias decretada el pasado día 2 cuando el plazo no vence hasta el día 17. Faltaba una comisión rogatoria que no iba a aportar nada nuevo y que si lo aportase permitiría reabrir las indagaciones.

La inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones fiscales —con el archivo de Bertossa como pieza esencial de este entramado— libran al Rey emérito de un posible castigo penal a sus irregulares y, eventualmente, delictivos comportamientos. Pero es que la cuestión, desde que la Fiscalía llegó a la conclusión de que el emérito no era penalmente imputable, es de naturaleza política. Y adelanta que en esos términos se desenvolverá el debate público cuando —antes pronto que tarde— la Fiscalía española haga como la suiza y archive el caso. Entonces habrá que plantearse la situación de Juan Carlos I —si viene o no a España, cuándo y cómo—, el mantenimiento de la inviolabilidad en los actuales términos constitucionales y las medidas de transparencia y las disposiciones necesarias en la Casa del Rey para que este episodio tan lamentable y bochornoso no sea más que un cisne negro en nuestra historia constitucional desde 1978. 

Si con la última prórroga abusiva de las investigaciones —que teóricamente podrían llegar hasta el 17 de junio de 2022, aunque se archivarán muy pronto— se pretendía facilitar a Felipe VI su mensaje de Navidad y el discurso de la Pascua Militar el 6 de enero, es evidente que se ha incurrido en un error. El Rey debe afrontar sin tacticismo de la Fiscalía el asunto que le concierne a él como titular de la Corona y como jefe del Estado.

De ahí que, con una cierta sensación de ridículo, Bertossa haya demostrado que la Fiscalía ha actuado tarde y mal en la investigación a Juan Carlos I. Empezó muy bien en junio de 2020 y ha acabado muy mal en diciembre de 2021. Y era muy importante que el ministerio fiscal hubiese sido impecable en este asunto, porque nunca ha tenido en sus manos unas diligencias de tanta trascendencia. Ha sido un fiasco.