‘La dilación inasumible de la investigación de la fiscalía a Juan Carlos I’ fue el título del análisis publicado en este blog el pasado 6 de julio. Con el siguiente subtítulo: «La fiscalía debe ya archivar o judicializar las investigaciones sobre el emérito y, en todo caso, dar explicaciones públicas de la dilación del procedimiento». Estas afirmaciones se basaron entonces en una argumentación que ayer cobró mayor sentido todavía: «La actuación del ministerio fiscal debe concluir de manera ya urgente porque se ha entrado en una dilación que contraviene la normalidad de una investigación, por ‘histórica’ que sea, y que a estas alturas debiera haber dado ya resultado […] no es regular que un asunto de esta envergadura, y tras más de un año bajo la investigación de la Fiscalía del Supremo, siga pendiente o, como apuntan algunas fuentes ‘embalsado’ […] ya hay juristas que atribuyen a la fiscalía la usurpación de funciones reservadas a los magistrados instructores. Cuidado con que ese criterio se extienda y comience a cuestionarse el procedimiento». 

Aunque aquel texto suscitó un cierto malestar en la Fiscalía General del Estado —y en la propia Dolores Delgado—, no hacía otra cosa que detectar con anticipación el despropósito de convertir unas diligencias prejudiciales e indagatorias del ministerio fiscal en un procedimiento sin las garantías de una instrucción que el investigado —en este caso el rey emérito— podía considerar que conculcaba, de una parte, sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia y, de otra, el de la tutela efectiva de los jueces y tribunales (artículo 24 de la CE y 48 de la Carta de Derechos Humanos). Estos derechos entran en sinergia con el de disponer de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Anótese que el padre del Rey ya había sido investigado en 2018 en una pieza separada (denominada ‘Carol’) en un juzgado de la Audiencia Nacional que fue archivada.

La fiscal general del Estado Dolores Delgado actuó correctamente cuando recabó de la fiscalía especial de Anticorrupción para la fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (decreto de 5 de junio de 2020) la investigación a que le autoriza su Estatuto con el objetivo de que el fiscal competente (en este caso Juan Ignacio Campos, fiscal ante la Sala Segunda ante la que el emérito está aforado) en una fase previa, se provea de un criterio lo más sólido posible para archivar una noticia sobre un supuesto delito o, por el contrario, perseguirlo ante el juez o el tribunal competente mediante denuncia o querella criminal. Esas diligencias tienen plazos que pueden ser prorrogados —y lo han sido en el caso de las tres que afectan a Juan Carlos I— pero no pueden prolongarse ‘in aeternum’ porque entonces lo que es una indagación prejudicial —es decir, sin control de juez o magistrado— se convierte en una auténtica instrucción penal. No es cuestión de convertir un análisis periodístico en un dictamen, pero existen —y se están manejando— resoluciones judiciales que someten a dura crítica esta facultad investigadora prejudicial de la fiscalía cuando se prolonga más allá de lo razonable. 

Por eso la dilación de la fiscalía se calificó en este blog de «inasumible». No es de recibo que mediante unas indagaciones sin control judicial, para formar criterio sobre el ejercicio, o no, de la acción penal, que afectan a un exjefe del Estado que además se encuentra expatriado, duren más de un año, por más que hayan mediado dos regularizaciones fiscales voluntarias que, ciertamente, han ralentizado más aún la decisión del ministerio fiscal. La comisión rogatoria, de cuyo contenido textual se supo a través de ‘El Mundo‘, es de febrero pasado y las expresiones en las que se exponía la petición de información no atribuían delitos al Rey emérito sino calificaciones preliminares de los hechos sobre los que se reclamaban datos. No hay en la textualidad de la comisión rogatoria un ánimo de imputación sino de explicación de la razón por la que se inquiere información, como puntualizó ayer la fiscalía. 

Delgado teme que las diligencias se cierren en falso y puedan aparecer luego nuevos indicios que incriminen a Juan Carlos I 

Es lógico también que la Agencia Tributaria solicite de la Casa del Rey —lo hizo hace ya tiempo— información de los pagos efectuados a Juan Carlos I tanto regulares —la asignación presupuestaria hasta que le fue suspendida por Felipe VI— como otros eventualmente irregulares, aunque por su cuantía no fueran delictivos, como informó el diario ‘El País’. Las regularizaciones fiscales voluntarias se investigan para comprobar que son veraces y completas además de espontáneas porque tienen el efecto de una excusa absolutoria del delito fiscal (artículo 305 del CP). Ambas informaciones se referencian a tiempo atrás, pero ahora, al desvelarse, provocaron la lógica reacción del letrado de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco, porque ante la opinión pública aparecen como decisiones inquisitoriales que violan derechos constitucionales. 

Los tiempos le han jugado una mala pasada a Dolores Delgado que ha errado al permitir que unas diligencias indagatorias se dilaten en exceso y tomen la apariencia de una instrucción sin garantías judiciales. Aunque se pueda pensar que la Fiscal General retiene el cierre de las diligencias o espera a la judicialización del asunto para empoderarse en el ejercicio de su cargo, esa opinión podría estar equivocada. Delgado teme que las diligencias se cierren en falso y puedan aparecer luego nuevos indicios que incriminen a Juan Carlos I, y teme, igualmente, que la Sala Segunda no admita —o, admitiéndola, no prospere— una denuncia o una querella judicial contra el padre del Rey. Hora es de que asuma esos riesgos.

Ha calculado muy mal los tiempos, ha excedido aquellos que dicta el sentido común —que es el más jurídico de todos los sentidos— y se ha entrampado en lo que sus adversarios deseaban: ofrecer la sensación de que era ella la que está juzgando al Rey emérito. Que esta convulsión informativa se produzca el mismo día en que se publican especulaciones —en nada infundadas— sobre una posible estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vox contra su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo (ayer en el diario ‘La Razón’) que sería convocada en pleno para decidir, no necesariamente es una casualidad y menos aún que estas informaciones coincidan con su encuentro con Felipe VI en la Zarzuela con motivo de la entrega del informe que ella misma leerá ante la cúpula judicial en un acto presidido por el Rey el lunes con motivo de la apertura del año judicial.

La dilación revestida de prudencia y puntillosidad indagatoria puede también implicar un cierto grado de incompetencia, no tanto técnica —que quizás también, especialmente en la relación con el intratable, difícil y opaco fiscal ginebrino Yves Bertossa— como política, porque hay que tener en cuenta que la fiscal General del Estado es autónoma del Gobierno, pero no independiente y tanto lo que haga como lo que deje de hacer es susceptible de interpretarse en términos de interés de parte.

Javier Sánchez-Junco, el letrado de Juan Carlos I, que ha sido fiscal antes que abogado, conoce el percal a la perfección y sabe que Dolores Delgado —que ha padecido filtraciones de carácter personal y sobre cuyo entorno se lanzan alfilerazos— vuelve a demostrar que el don de la oportunidad no es lo suyo. Deberá cerrar ya las diligencias o judicializarlas. No es asumible que persista esta situación. Y si fuera necesario continuar las pesquisas, deberá explicarlo. Advertida estaba de que podía ocurrirle lo que ahora le sucede. 

Una sociedad puede aguantar un relato tan crudo como sea necesario sobre las conductas del Rey emérito que explique la razón del archivo de las diligencias por efecto de la inviolabilidad, la prescripción o las regularizaciones fiscales voluntarias. Puede también soportar —por más que sea duro— que se interponga contra Juan Carlos I una denuncia o una querella criminal. Lo que una sociedad democrática no puede ni debe consentir es que una investigación indagatoria, prejudicial, se prolongue ‘sine die’ cuando las circunstancias que concurren en el investigado —el anterior jefe del Estado— son tan inéditas, indeseables y confusas como las actuales. Faltaba que el procedimiento en curso se cuestionase. Pues ya lo está.