El lector de este Cuaderno, que ya va —parece mentira— por sus setecientas entradas, sabe que un lugar predilecto de mi País Vasco es el camino de Aixerrota, en Algorta, bordeando, como quien dice, el precipicio cantábrico. Cerca del cementerio, al lado del mar y junto a Andra Mari, vivía Juan Manuel Eguiagaray.

Juanma Eguiagaray era uno de los socialistas que evitó que el PSE de Euskadi sufriera distracción alguna y pudiera sucumbir ante la seducción nacionalista, cosa que me gustaría poder decir de algunos socialistas de otras partes de España. Eguiagaray tenía las hechuras mentales de un profesor universitario: aunque versado en teorías y doctrinas, era perfectamente capaz de dedicarse a una tarea mucho más pegada a la tierra, como la modernización de la sociedad y la construcción de la democracia.

Fue un ejemplo de ese espécimen de la Transición que llegó a la política nacional habiendo pasado antes por el trance de la vida política autonómica. Como había advertido Ortega, el paso por la provincia resultó, en el caso de Eguiagaray, una experiencia impagable en la formación de un político de su talla. Debe añadirse que, sin duda, serían de la máxima utilidad para el Partido Socialista en el poder sus juicios sobre la cuestión vasca, de uno de cuyos asuntos —me refiero a la relación entre los territorios y el Gobierno autonómico— se había ocupado de modo sobresaliente, y no solo en sede parlamentaria, así como el abordamiento del terrorismo de ETA, participando en las conversaciones correspondientes en nombre del Gobierno de la nación.

Juan Manuel Eguiagaray fue también ministro de Administraciones Públicas, que dejó una importante huella en la Ley de 1992 sobre el procedimiento administrativo, poniendo a punto las valiosas pero ya algo superadas leyes administrativas predemocráticas y apuntando a problemas importantes como la coordinación, subsanando carencias de nuestra Ley Fundamental en este terreno.

Lo más importante, con todo, es señalar que Juan Manuel Eguiagaray no estaba solo. En realidad, formaba parte del formidable grupo de socialistas vascos que dejaron una impronta importante en el socialismo español (hablo de Txiki Benegas, José Ramón Recalde, Juan José Laborda, Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui, también Carlos Solchaga , Claudio Aranzadi y Manu Escudero). Se trataba de gente profesionalmente muy preparada, pero, como indicaba antes, con una dimensión intelectual indudable, si nos atenemos a su conocimiento de la problemática general de la sociedad en la que vivían y a su voluntad de implicarse en su transformación.

Si se trata de su planteamiento de la cuestión fundamental de nuestro Estado, esto es, el planteamiento correcto de la descentralización, la posición de este grupo siempre fue escrupulosamente constitucional: potenciación del autogobierno territorial, rechazo de la demanda autodeterminista y orientación federal. Sin duda, el objetivo a lograr es expresar y representar lo común integrando, al mismo tiempo, lo diverso. El socialismo vasco, contra algún ejemplo bien conocido, siempre entendió que el derecho a decidir no deja de ser un eufemismo ventajista, eso sí bien efectivo, del derecho de autodeterminación, cuya incompatibilidad constitucional es obvia. Parece inconsecuente reclamar la autodeterminación para votar en contra de la independencia, y resultan igualmente obvios los efectos debilitadores de la demanda de la autodeterminación para el Estado autonómico que apoyan los socialistas. Como dijera Solé Tura, puede entenderse que el nacionalismo defienda la autodeterminación, pero resulta incongruente y desleal que lo hicieran los socialistas. Y el socialismo vasco jamás estuvo en ello.

Tocante a mis relaciones con Juan Manuel Eguiagaray, recuerdo sus contribuciones a Cuadernos de Alzate, a alguna de cuyas reuniones de su Consejo asistió (Txiki era más asiduo, es cierto: jamás falló a ninguna), y en cuyas páginas presentó alguna contribución importante. Hubo un tiempo en que le perdí, a pesar de nuestra proximidad geográfica (me refiero al tiempo en que se desempeñó como delegado del Gobierno en Murcia, mientras yo estaba de catedrático en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha). Pero recuperaríamos nuestra relación en el tiempo en que Eguiagaray tenía funciones directivas en la Fundación Alternativas.

Para su sección de estudios me encargó un trabajo sobre la política sanitaria en el Estado autonómico, que Francisco Sosa maliciosamente elogió, extrañándose de que los constitucionalistas nos ocupásemos de cosas tan párvulas. En los trajines de la preparación del documento, entablé conocimiento con un personaje inolvidable para mí, que fue Javier Rey, del que me haría colaborador inseparable hasta su fallecimiento y que realizó un estudio impagable sobre el Covid.

Juan Manuel Eguiagaray era una persona cordial y embaucadora, a la que era difícil negarle nada: me convenció para elaborar un dictamen sobre el Estatuto de Autonomía de Extremadura y su reforma, que daría después origen a un comentario sobre dicho texto. Alguna reunión al efecto celebramos en Mérida, de la que dejé testimonio en este Cuaderno en un recuadro titulado Con el amigo vizcaíno. De camino hicimos un alto en el Parador de Oropesa, que me sugirió un comentario que ahora recuerdo en honor del ilustre bilbaíno.

Tendríamos, escribía yo, que salir más de Madrid y tomar el pálpito de la realidad viva de la España del momento: el resultado debería ser una suma de todo, un conjunto inducido de la pluralidad y no una proyección de nuestro centripetismo, esto es, lamentablemente, una deducción construida forzadamente desde nuestro punto de vista.