El alejamiento entre la judicatura vasca y las instituciones autonómicas no se produjo con las causas abiertas a líderes nacionalistas. Desde la década de los 90, sometidos a duras campañas de acoso –antesala de la amenaza de ETA–, los jueces sintieron la indiferencia del nacionalismo; o lo que es peor: que a veces se sumaba a esas presiones.
El magistrado Juan Luis Ibarra tomó ayer posesión de su cargo como presidente del Tribunal Superior del País Vasco con un alegato en favor de la tolerancia y la prudencia y con un discurso en el que defendió el papel desarrollado en el seno de la Justicia por la generación a la que pertenece.
La generación en la que se encuadra el magistrado Ibarra es la que en los años ochenta asentó el prestigio de la Judicatura en el País Vasco, un territorio en el que, hasta fechas bien recientes, apenas ha habido vocación de jueces, por lo que la mayoría de los profesionales procedían de fuera y se marchaban al cabo de los años provocando una sensación permanente de interinidad.
Muchos miembros de aquella generación de magistrados vascos -unos lo fueron por nacimiento y otros por arraigo- estuvieron agrupados en Jueces para la Democracia, aunque una parte significativa de aquel grupo terminó abandonando la organización por discrepancias sobre la política lingüística. En los ochenta se enfrentaron al Gobierno central por su empeño en investigar asuntos polémicos como las denuncias de torturas y malos tratos. Esa muestra de independencia, acompañada de interpretaciones siempre proclives a ampliar el margen de las libertades en otras cuestiones como las relacionadas con la libertad de expresión, les granjeó respeto y reconocimiento social y prestigió la Justicia en Euskadi.
La situación cambió en la segunda mitad de los noventa cuando los jueces vascos comenzaron a sufrir campañas continuadas de deslegitimación por parte del entorno político de ETA. Unas veces porque las resoluciones de algunos casos fueron contrarias a lo que pretendía la izquierda abertzale, otras porque se utilizó la excusa del euskera para acosar a los magistrados. Los jueces fueron sometidos a duras campañas de «marcaje» -antesala de la amenaza de ETA- dirigidas con nombres, apellidos y fotografías a unos y a otros jueces.
En esa tesitura difícil los magistrados no se sintieron respaldados por las instituciones autonómicas. En ocasiones tuvieron la sensación de que el nacionalismo institucional era indiferente ante el acoso sobre una judicatura que no controlaba o, lo que es peor, que a veces se sumaba a esas presiones. El alejamiento entre la judicatura vasca y las instituciones autonómicas no se produjo a raíz de las causas abiertas a líderes nacionalistas -eso si acaso lo agravó-, sino que venía de mucho tiempo antes. Los jueces pasaron de hacer borradores del Pacto de Ajuria Enea a ser señalados por el dedo de Xabier Arzalluz cuando el líder del PNV indicó que los magistrados que no hablaran euskera «deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la Justicia es ancha y España también».
La amplia representación institucional presente en la toma de posesión del nuevo presidente del TSJPV y el clima reinante parecen augurar un tiempo nuevo en las relaciones entre dos poderes independientes.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 11/5/2010