«Judicializar Catalunya»

La diferencia entre el valor que atribuye a la acción política Carl Clausewitz y el que subyace en la definición de «judicializar» de la Real Academia Española es singularmente expresivo de cómo ha evolucionado, venturosamente, la Europa convulsa que vivió el tratadista prusiano hasta la civilizada Unión Europea de hoy. En ambos casos se parte de la existencia de un conflicto no resuelto por los cauces propios de la acción política, por lo que se hace necesario promover un procedimiento alternativo. Para Clausewitz, según su archiconocido aforismo, «la guerra es la continuación de la política por otros medios», los cauces pacíficos de la acción política se reemplazan por una acción tan expeditiva como violenta, la guerra, que para él es un acto político más. En la definición del general prusiano no hay una valoración negativa en la elección de la guerra como camino alternativo de la política, a pesar del dramatismo del nuevo escenario. Cuando Clausewitz define la guerra como una «continuación» de la acción política, da por hecho que el curso ordinario de la política ha fracasado e inevitablemente la siguiente fase es la violencia. Su posición no puede extrañar si tenemos en cuenta que, cuando escribe, las guerras en Europa se consideraban un acontecimiento natural e incluso deseable en el curso de la historia. La situación se agravará con el auge posterior de los nacionalismos. Recordando este terrible pasado de Europa, Mitterrand advertía: Le nationalisme, c’est la guerre! Y hace pocas semanas Merkel recordaba la necesidad de preservar la integridad territorial de los Estados como requisito de la paz en Europa.

La Real Academia Española da esplendor al lenguaje ahora, no en época de guerra sino de pax comunitaria y consecuentemente reafirma el valor absoluto de la acción política como diálogo. Por eso cuando considera que judicializar es «llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política», al utilizar el condicional «podría» sugiere una cierta crítica a la decisión de acudir a los tribunales de justicia como vía de solución de los conflictos surgidos en el curso de la política. Judicializar tiene un claro significado peyorativo. Suena a abdicación de una responsabilidad principal de los políticos en democracia: el diálogo. Hoy por todas partes, como un conjuro, como un oráculo divino, se exige el diálogo, sin más, en abstracto, sin necesidad de propuestas concretas, como si se tratara de exigir el cumplimiento del teorema de Pitágoras. Y la cuestión es esta: ¿está el Gobierno español «judicializando» la cuestión catalana? ¿Esta incumpliendo su obligación de dialogar?¿Esta amparándose detrás de las togas para obviar su responsabilidad política? En concreto: ¿es políticamente posible negociar la celebración del referéndum que proponen los independentistas?

Lo es ciertamente, pero siempre que se acepte seguir el procedimiento previsto en la Constitución para su reforma, oyendo a todos los españoles, como hasta la saciedad viene declarando el Gobierno. Si llegara a producirse esta negociación, el Gobierno español tendría no solo el límite de la Constitución, sino, tratándose de una negociación política, estaría también obligado a valorar y atender el interés de todos los españoles en general. No debe caer en la trampa dialéctica de considerar que estamos ante un conflicto donde solo se dirimen las pretensiones de los independentistas, a las que los demás españoles nos limitamos, antipáticamente, cerrilmente, antidemocráticamente, a decir siempre que no. A los demás españoles, y muy especialmente a los catalanes que se sienten como tal, también nos asiste un derecho afirmativo y no meramente negativo a decidir sobre todo lo que afecte a la integridad del territorio español. Se olvida muy a menudo que somos, en silencio, tan demandantes de nuestro derecho a respetar la integridad de España como los independentistas de su pretensión de secesión unilateral.

Hasta hoy, las instituciones catalanas rechazan cualquier negociación que no parta de la celebración de su propio y exclusivo referéndum, solo de los catalanes, excluyendo al resto de los españoles e incumpliendo la Constitución. El Estado español no puede asumir una negociación política de esta naturaleza. Tendrá que seguir impugnando ante los tribunales cualquier actuación ilegal de los independentistas y, no menos importante, asegurando que se cumplen sus resoluciones. Otra cosa sería, o se parecería mucho, a la prevaricación. No se trata de asuntos que puedan contendientes privados resolver sin necesidad de acudir a los tribunales. Estamos ante un asunto que afecta de modo esencial al orden jurídico de la nación. El Estado de Derecho no es solamente un concepto vacío. Es la expresión jurídica y la garantía de la democracia.

No está ni estará, por tanto, el Gobierno «judicializando» el asunto con olvido de sus responsabilidades políticas, ni semánticamente, ni políticamente, ni jurídicamente. Estará cumpliendo la ley y exigiendo su cumplimiento por las vías propias de una nación civilizada y democrática. Tan inexorable como era la guerra para Clausewitz en la Europa de su época, es judicializar la violación de la ley en un Estado de Derecho del siglo XXI.