Después del fiasco con la ley de amnistía que Pedro Sánchez pretendía tener aprobada esta misma semana, la duda estriba en los siguientes pasos que adoptará un presidente noqueado por los secesionistas catalanes. Después de que Junts votara en contra de la norma que había pactado porque le parecía insuficiente y la quería completita, el dilema de Sánchez está en mantenerse en su negativa a seguir cediendo o retomar la negociación una vez se despejen las elecciones gallegas. Porque Puigdemont piensa insistir en las enmiendas de Junts. Las referentes a ampliar el borrado de todos los delitos relacionados con el terrorismo y la traición. Las dos causas investigadas por dos jueces como Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, con las actuaciones violentas de Tsunami Democràtic y las presuntas injerencias rusas en el ‘procés’, se han convertido en la pesadilla de los secesionistas y han incomodado al Gobierno.

Con la paralización de la ley de impunidad, Sánchez ha recibido un revés momentáneo del que piensa reponerse. El problema está en cómo piensa hacerlo.

¿Quién puede asegurarnos hoy que después de las elecciones gallegas Sánchez no volverá a retomar la amnistía donde ha quedado esta semana para seguir atendiendo las exigencias del prófugo de la Justicia?

Los dos se necesitan. Sánchez ya ha pasado por el aro de la reforma penal para eliminar la sedición y rebajar la malversación, por la amnistía de la que renegaba, por la admisión de negociaciones en Suiza con un mediador, ha hecho suyo el discurso secesionista sobre el ‘lawfare’ (lo que invalida el postureo del ministro Bolaños saliendo en defensa de los jueces)… Pero ninguno de los dos, ni Sánchez ni Puigdemont, tiene escrúpulos. El presidente del Gobierno se ha encontrado con un tahúr a su medida. El PSOE asegura que no puede ceder ni un ápice más. Y Junts, de momento, sigue enrocado en sus enmiendas, a pesar de ERC.

Esta semana han entrado en colisión los miedos de los dos protagonistas del disparate. Porque si Puigdemont teme a los jueces (por eso Junts los ataca en sede parlamentaria), Sánchez recela de la posible reacción de Europa. El comisario Didier Reynders medió ayer, en un primer contacto, con el ministro Bolaños y Gonzalez Pons. Con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la independencia judicial y la separación de poderes. No se pueden limitar a pactar una lista de nombres. No es eso lo que espera la Comisión Europea en Bruselas, donde se mantienen en guardia ante los delitos de terrorismo, corrupción y las veleidades putinescas. La UE lo viene advirtiendo: no se pueden mantener alianzas con quienes pretenden perjudicar a Europa. El Gobierno de la Moncloa es más laxo al mantener pactos con Puigdemont cuya meta se centra en cómo eludir la vigilancia de los jueces y en proyectar su venganza sobre el Estado español ¿Esto es gobernar? Esto es intentar resistir. No tiene nada que ver.