Ignacio Varela-El Confidencial
Si hubiera algún sindicalista en este Gobierno, habría podido explicar al presidente la teoría del salchichón, según la cual todo lo que se ofrece antes de negociar se da ya por concedido
Levantar la supervisión de los gastos de la Generalitat sin exigir garantías. Anunciar el acercamiento de los políticos presos a prisiones catalanas controladas por sus cómplices. Anticipar la disposición a retirar los recursos de leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Aplazar ‘sine die’ el arreglo multilateral de la financiación autonómica para abrir un espacio privilegiado de negociación bilateral con Cataluña, a costa de hacer esperar a otras 14 comunidades autónomas. Garantizar a Torra la fotografía en la escalerilla del Palacio de La Moncloa. Ofrecer leyes orgánicas que reviertan la sentencia del Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña.
Todo eso no ha sido el producto final de una negociación entre el Gobierno de Sánchez y el de Torra (aunque quizá sea el de la negociación previa a la moción de censura). Es lo que el nuevo Gobierno de España ha entregado ya antes de sentarse (oficialmente) a la mesa. Hasta ahora, no se conoce que existan contrapartidas del otro lado.
Si hubiera algún sindicalista en este Gobierno, habría podido explicar al presidente la teoría del salchichón, según la cual todo lo que se ofrece antes de negociar se da ya por concedido. La otra parte se echa al bolsillo su mitad del salchichón y se dispone a cortar en rodajas la otra mitad.
¿Con quién consultó Sánchez antes de ofrecer públicamente todas esas concesiones? Sabemos que habló extensamente de ello con Pablo Iglesias; y se dice que Miquel Iceta conferencia a diario con Torra. Pero no hay noticias de que el presidente del Gobierno haya comentado ninguna de esas medidas con el Partido Popular ni con Ciudadanos.
Si en la etapa anterior Rajoy se hubiera planteado cualquiera de esas medidas u otras parecidas, habría recabado previamente la opinión y el apoyo de Sánchez y Rivera. El nuevo presidente, de forma deliberadamente visible, ha omitido ese paso.
Lo primero que ha hecho este Gobierno respecto a Cataluña es disolver de hecho el llamado bloque constitucional que hizo frente a la sublevación secesionista del pasado otoño. Disolverlo en Madrid y también en Cataluña: Borrell es ministro, pero el espíritu de la Vía Layetana pasó a la historia.
Parece que estamos en la antesala de un cambio radical en la estrategia y en las alianzas del Gobierno de España ante el conflicto catalán
Más que una descortesía política, parece que estamos en la antesala de un cambio radical en la estrategia y en las alianzas del Gobierno de España ante el conflicto catalán. El pacto de las fuerzas constitucionales se sustituye por una concertación con Podemos y una línea directa entre Moncloa y Sant Jaume. Lo que no casa bien con las reiteradas reclamaciones de lealtad a la oposición: esta responderá, no sin razón, que la lealtad debe ser de doble dirección.
Es lógico que el presidente del Gobierno reciba al de la Generalitat. Incluso sería saludable que en algún momento lo hiciera el propio monarca. Pero antes debería clarificarse si quien acude es el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña o el de la república catalana, porque jugar con la confusión solo beneficia a una parte. Además, es deseable compartir los objetivos y los resultados de esa entrevista con las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución.
¿Con qué mayoría absoluta se pretenden aprobar las leyes orgánicas que ha anunciado la ministra de Política Territorial para reflotar el texto original del Estatuto de Cataluña? No contará, desde luego, con los votos del PP y de Ciudadanos. Solo es posible hacerlo con la mayoría que llevó a Sánchez a la Moncloa: PSOE más Podemos más los nacionalistas.
O Sánchez farolea de nuevo o se propone manejar el conflicto catalán prescindiendo del primer partido de España (PP) y del primero de Cataluña (Cs)
Es decir: o Sánchez farolea de nuevo o se propone manejar el conflicto catalán prescindiendo del primer partido de España (PP) y del primero de Cataluña (Ciudadanos), marginando al centro-derecha que representa a 11 millones de votantes, 169 diputados y la mayoría absoluta del Senado. Un experimento similar al que ensayó Zapatero hace doce años, en situación mucho menos grave que la actual, con el resultado conocido.
En este período de distensión -hasta ahora unilateral-, el independentismo necesita un enemigo al que hostigar para mantener alta la temperatura y prietas sus filas. Puesto que el Gobierno se está desinflamando a su favor, han desviado la cólera hacia el Rey, al que exigen por carta que les pida perdón por su discurso del 3 de octubre.
Tienen motivos para dolerse por aquel discurso. Fue lo que activó la reacción efectiva del Estado cuando el Gobierno de Rajoy, noqueado, había perdido el control de la situación. Ese discurso y lo que de él se derivó les privó de la victoria que durante unos días creyeron tener en la punta de los dedos. Felipe VI no tiene que disculparse de nada, ya que no fue él quien se puso al otro lado de la ley. En todo caso, la disculpas deberían ser al revés.
Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, apoyó sin reservas ni matices el discurso del Rey. Ahora, como presidente del Gobierno, está aún más obligado a respaldar al Jefe del Estado ante la agresión que se perpetra contra él. Aunque ello perjudique a su nueva política de alianzas.
Si Torra no está en condiciones de recibir adecuada y respetuosamente al Rey de España, Sánchez no debe recibir a Torra en La Moncloa
Todos recordamos la emboscada de la manifestación del 26 de agosto, tras los atentados terroristas de Barcelona. La solidaridad con las víctimas se convirtió en un mitin independentista y en un acto de hostilidad al Rey y a lo que allí representaba. Es obligación del Gobierno no consentir que algo parecido se repita.
Hoy el Rey acude a Tarragona a inaugurar los Juegos del Mediterráneo. Se barrunta algo gordo. Ante cualquier clase de desplante, acoso o provocación, el presidente del Gobierno no puede, por usar sus palabras, mirar hacia otro lado. Si Torra no está en condiciones de recibir adecuada y respetuosamente al Rey de España, Sánchez no debe recibir a Torra en La Moncloa, por mucho que a ambos les interese esa foto. Se llama dignidad institucional del Estado.
La Justicia se encarga de que los independentistas se enteren de que sus desafíos al Estado no son gratuitos jurídicamente. Es hora de hacerles saber que tampoco lo son políticamente. Quizás así la distensión pueda comenzar a ser recíproca y productiva, más allá de guiños y ademanes para la galería.
En este juego solo hay un trono, lo demás son ocupaciones públicas temporales. Conviene que todos metabolicen pronto esa idea para que también los egos se desinflamen.