Alberto Ayala-El Correo
La política española sigue abonada al sobresalto desde que Pedro Sánchez decidió seguir en La Moncloa a golpe de cesiones a sus socios de investidura. Al comienzo se pudo pensar que esas concesiones tendrían límites. Según avanza la legislatura, cada vez resulta más dudoso. Indultar a los líderes del ‘procés’ con el argumento de abrir un nuevo tiempo en Cataluña pudo ser una decisión comprensible. Amnistiarles y borrar sus delitos, no. Ni blanquear a los herederos del brazo político de ETA. Ahora, escasos días después del acuerdo PSOE-ERC sobre la deuda catalana, ha llegado otro pacto Sánchez-Puigdemont. Lo que para el ministro Grande Marlaska era hace escasos días una competencia intransferible e indelegable ha pasado a ser delegable por obra y gracia de las necesidades del Gobierno progresista: dejar en manos de la Generalitat la gestión de algunas competencias sobre inmigración.
El artículo 150.2 de la Constitución prevé la delegación de competencias exclusivas del Estado en las autonomías. Es cierto que el texto articulado de la proposición de ley pactada por los socialistas y Junts se atiene al precepto constitucional. No así ni el preámbulo ni las declaraciones de Puigdemont y de la portavoz neoconvergente en el Congreso, Miriam Nogueras. Ambos, con la mirada puesta en su pugna con los independentistas xenófobos de Aliança Catalana de Silvia Orriols, han vuelto a situar la inmigración como problema, han asegurado que deteriora los servicios públicos y han advertido que no se tramitará el permiso de residencia en el Principado a quienes no aprendan catalán. Intolerable.
Hablar de la inmigración como problema en estos términos es ayudar a una extrema derecha que sigue en alza, pese a su entreguismo a Trump. En especial entre los jóvenes menores de 25 años. Casi un 30% de ellos votarían a Vox en España, parece que no en Euskadi.
No está claro que el acuerdo llegue a entrar en vigor. Es preciso que el Congreso lo avale y tanto Podemos como el diputado de Compromís (Sumar), Alberto Ibáñez, confirmaron ayer que votarán en contra. Por su parte, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, único verso suelto que no ha guillotinado políticamente Sánchez, tachó ayer el pacto de «bochornoso». Agregó que «el Estado no puede hacer dejación de Estado».
Si el pacto sale adelante, quien deberá ejecutarlo es el Govern del socialista Illa, que acaba de ver cómo la Fundación La Caixa y Criteria se unen al Banco Sabadell y anuncian su regreso a una Cataluña que camina hacia la normalidad y deja atrás las convulsiones del ‘procés’. Los Mossos necesitarán años para tener el personal necesario.
Sánchez siempre ha confiado en que las políticas sociales de su Gobierno progresista le permitirán mantener su base electoral pese a las cesiones a los nacionalistas y a las corruptelas de algunos de los suyos. Pero Europa afronta un imprescindible rearme para hacer frente a Putin, tras la decisión de Trump de romper el orden mundial, que implicará, salvo milagro, recortes sociales. ¿Estará gastando Sánchez con sus cesiones a los nacionalistas sus últimas fuerzas para terminar por ahogarse políticamente cerca de la orilla?