Jugar con ventaja

El nuevo curso político quedó formalmente inaugurado el pasado viernes en clave jeltzale. La comparecencia del lehendakari Urkullu en Donostia y las intervenciones de Ortuzar y Egibar en Zarautz desplegaron el amplio abanico de objetivos y estrategias que desearían simultanear los dirigentes del PNV. El regreso a Ajuria Enea les devuelve la ‘centralidad’ perdida. Menos del 35% del voto emitido en las autonómicas les parece suficiente para trazar, auspiciar o improvisar desde Sabin Etxea todas las líneas de acción posibles.
Pero ni la influencia social ni su posición institucional dan para impulsar lo uno y su contrario. El instintivo afán jeltzale de extender su radio de acción –eso que se denomina hoy geometría variable– constituye un juego azaroso. El supuesto de que la virtud se halla siempre en el medio resulta voluntarista. Lo que llevamos de legislatura demuestra que el Gobierno del PNV no cuenta con una inercia que le permita impulsarse sin esfuerzo, como pudiera ocurrir en el pasado. Casi un año después de los comicios autonómicos se anuncia la arrancada. Aunque el hecho de que la inauguración del nuevo curso sitúe a las demás formaciones en un plano secundario, denota la débil posición en que se encuentran las alternativas al dominio jeltzale.
Si nos atenemos a lo manifestado el viernes por Urkullu, Ortuzar y Egibar el cuadro resultante es el siguiente: habrá un acuerdo con los socialistas en materia fiscal, el plan de paz y convivencia seguirá adelante aunque sea en solitario, en cualquier momento podría ver la luz un proyecto de nuevo estatus político, la marca España es un lastre para Euskadi si bien aspiramos a ser recibidos por Rajoy, y el Concierto –es de suponer que también el Cupo– es ya lo único que nos ata al Estado constitucional. Un último anuncio: este país será gobernado en el futuro por el PNV o por Sortu, de modo que el ‘unionismo’ está abocado a la oposición perpetua o a secundar a una u otra opción.
Si cruzamos las manifestaciones de los dirigentes jeltzales con datos que provienen del resto del espectro político nos encontramos con que, efectivamente, todo apunta a que se rubricará un pacto fiscal entre nacionalistas y socialistas, con que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría afronta el diálogo con el Gobierno Urkullu y con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso «sin fechas ni agenda», con los requerimientos de especial protagonismo por parte del PP vasco en relación a Madrid, y el natural distanciamiento con el que EH Bildu trata de salvar sus contradicciones entre la responsabilidad institucional y el irredentismo.
La política partidaria tiende a servirse de los problemas para hacerse fuerte. Cada formación remite a los asuntos pendientes para argumentar que la sociedad la requiere. La oferta precede a la demanda de tal manera que ésta acaba a merced de la primera, perpetuando así el panorama electoral.
La variante más notoria del fenómeno descrito es que cada sigla recaba un valor mínimo de transacción, al tiempo que devalúa el de sus adversarias. El PNV precisa de la anuencia general y emplaza a las demás formaciones a «arrimar el hombro» frente a la crisis con la advertencia de que, de lo contrario, serán condenadas por insolidaridad. El PSE-EE necesita encontrarse a sí mismo hallando un punto imposible de equilibrio entre su disposición al entendimiento con los jeltzales y su prédica constitucionalista de izquierdas. El PP vasco está en la obligación de afrontar la normalidad que genera la ausencia de violencia física, mientras sortea el desgaste que las sombras de la corrupción provocan en un electorado de aluvión en Euskadi. EH Bildu y Sortu se ven condenados al impasse de espera que dicta ETA, a sabiendas de que su público puede comenzar a impacientarse, sobre todo si, tras los próximos comicios locales y forales, no logra mantener su actual cota de poder institucional. El panorama descrito concede una apreciable ventaja al PNV.
La política partidaria acaba confundiendo los fines con los medios. El manoseo de la fiscalidad bien podría encumbrar el pacto que se alcance al respecto entre el PNV y el PSE-EE –a los que podría sumarse el PP–, sin que sus efectos sean percibidos por la sociedad ni en términos de un modelo tributario más justo, ni en un incremento sustancial de la recaudación, ni en cuanto a que sirva como estímulo para el crecimiento económico y la generación de empleo. Bastarían dos ejercicios –2014 y 2015– para evaluar el alcance financiero y social de tan esperado entendimiento, y poco importa ya que lo propusiera Patxi López a mitad de su mandato como lehendakari.
Qué decir de la paz y de la convivencia como anhelos compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. La advertencia de Urkullu de que el plan trazado por su Gobierno seguirá adelante con consenso o sin él revela hasta qué punto la convicción de estar en posesión de la virtud del ‘punto medio’ permite a la institución que preside y a la formación que presidía sacar partido de la certeza de que ETA no volverá a las andadas. De modo que todo puede escribirse sobre las líneas del «cese definitivo de su a ctividad armada».
Son circunstancias en las que el PNV puede animarse a ir más allá, proyectando sobre el próximo ciclo electoral –europeas, locales y forales, generales y autonómicas– la intención de desenganchar a Euskadi del marco constitucional. Ni socialistas ni populares pueden eludir el compromiso de los «acuerdos de país» con los jeltzales. Aun a sabiendas de que su rúbrica va a dar alas al PNV para disputar o entramparse con Sortu en el más allá del soberanismo.