Presumir que la legalidad de los partidos que integran Bildu es un antídoto a la infección etarra sería tanto como cerrar los ojos a la verdadera naturaleza estratégica de esta coalición.
LA sala del 61 del Tribunal Supremo tiene nuevamente la responsabilidad de resolver sobre la legalidad de lo que la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, con apoyo explícito en informes policiales sólidamente documentados, consideran que es el último intento de ETA —la coalición Bildu— para participar en las elecciones del 22-M e integrarse por cuatro años más en las instituciones del País Vasco y Navarra. Además, es preciso que la resolución que dicte el Supremo se encuentre rodeada de las máximas garantías, empezando por la correcta constitución de la sala del 61, cuya composición respecto de la que decidió la ilegalización de Sortu ha de variar, porque el nombramiento de uno de sus magistrados, Rafael Gimeno-Bayón, ha sido anulado por el pleno de la sala Tercera del Supremo, motivo suficiente para que el presidente de la sala del 61 no lo convoque a las sesiones jurisdiccionales sobre Bildu.
El Gobierno y el Partido Popular están claramente de acuerdo con las demandas presentadas y apoyan la anulación de todas las candidaturas de Bildu. Comprobado que ha sido ETA la que ha propiciado e inducido la creación de este frente independentista, las listas de Bildu están viciadas estructuralmente, sin necesidad de que, además, estén integradas por personas con vinculaciones proetarras. En todo caso, estos vínculos serán a mayor abundamiento de la nulidad radical provocada por el hecho de que Bildu responde únicamente al designio etarra de mantener un frente político propio en las instituciones. Condicionar la decisión del proceso judicial al análisis biográfico de cada candidato o presumir que la legalidad de los partidos que integran Bildu es un antídoto a la infección etarra sería tanto como cerrar los ojos a la verdadera naturaleza estratégica de esta coalición en el conjunto de movimientos que está realizando ETA, no para desaparecer, sino para perpetuarse. Movimientos tan falsarios como anunciar la renuncia a la extorsión a los empresarios —después del tiroteo en Francia, la fuga de Troitiño o la incautación de cientos de explosivos en el País Vasco—, como si el fin, meramente provisional, del chantaje fuera una concesión aparte de la tregua declarada en enero pasado. Pero si ETA hace este anuncio es porque quiere lanzar humo frente al Supremo y recibir los parabienes de quienes insisten, como en 2006, en que «esto va en serio». Y cuanta más confusión provoque ETA entre los socialistas, más distorsionado será el mensaje que llegue a la sala del 61 acerca de la pertinencia jurídica y necesidad histórica de que todas las candidaturas de Bildu, sin excepción, sean anuladas.
Editorial en ABC, 29/4/2011