El despropósito de Jumilla no debería sorprender a nadie. Era cuestión de tiempo que los pactos del PP con Vox en algunos ayuntamientos y comunidades derivaran en medidas que atentan contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
El PP debe tomar nota, de cara a las próximas elecciones generales, de lo que ha ocurrido en este municipio murciano con la prohibición de facto de las celebraciones musulmanas en espacios públicos.
El Ayuntamiento de Jumilla, con los diez votos del PP y la abstención de Vox, aprobó el pasado 28 de julio una enmienda que restringe el uso de instalaciones deportivas municipales «exclusivamente al ámbito deportivo o a actos organizados por el propio consistorio».
Aunque el texto evita cuidadosamente mencionar directamente al islam (intentando blanquear una moción originalmente redactada por Vox contra las «tradiciones ajenas» a la «identidad española»), la realidad es que impide las celebraciones del Eid al-Fitr y del Eid al-Adha, que desde hace años congregaban a cerca de 1.500 musulmanes en el polideportivo local.
El PP se ha desligado ahora de cualquier ánimo discriminatorio y se ha reivindicado como el «partido de la libertad», pero tiene difícil explicar por qué sus concejales votaron a favor e una medida que vulnera el artículo 16 de la Constitución. La libertad religiosa no es negociable, y pretender que esta enmienda es neutral cuando afecta únicamente a la comunidad musulmana es engañar a los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal Española, tradicionalmente cercana a posiciones conservadoras, se ha alineado con la Comisión Islámica para denunciar que restringir celebraciones «por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
Los obispos han recordado que la Constitución ampara las manifestaciones religiosas públicas y que sólo caben limitaciones «por perturbación del orden público». Cuando hasta la jerarquía católica considera inaceptable una medida respaldada por el PP, la línea roja está más que cruzada.
Los dirigentes populares pueden repetir hasta la saciedad que son diferentes de la formación de Santiago Abascal, pero la realidad es que en Jumilla han cedido a las presiones ultraderechistas. En Jumilla lo han hecho por los presupuestos municipales; en un futuro gobierno nacional lo harían por mantenerse en la Moncloa.
Hablar de «preservar la identidad cultural» o garantizar que los polideportivos se dediquen «sólo a actividad deportiva» cuando durante años estas instalaciones han acogido sin problemas celebraciones musulmanas es puro sectarismo. La intencionalidad final de la medida es obvia.
La comunidad musulmana ha anunciado ya recursos judiciales, y es probable que prosperen, porque parece obvio que la medida viola principios constitucionales. El Gobierno, por su parte, ha activado el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia para vigilar «discursos de odio».
Pero el daño a la convivencia ya está hecho y el precedente, establecido.
El PP debe elegir. O apuesta por una estrategia de centro que le permita gobernar en solitario, o acepta que cada pacto con Vox lo arrastre hacia posiciones que contradicen sus propios principios democráticos. En Jumilla han elegido mal, y los ciudadanos lo han visto.
Lo ocurrido en Jumilla no es un incidente aislado, sino la consecuencia lógica de legitimar a quienes ven en la diversidad religiosa una amenaza.
El partido de Núñez Feijóo tiene tiempo de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde, y para ello debe deslegitimar la propuesta del ayuntamiento de Jumilla de forma clara.