En ERC dan por cerrada la crisis que abrió la semana pasada el ex juez y ya ex senador Santi Vidal, pero los republicanos no dejan de dar explicaciones públicas para rebatir sus declaraciones sobre el uso de los datos fiscales de los catalanes para crear un registro. Vidal afirmó que el Govern catalán ha obtenido de manera ilegal esa documentación para usarla con vistas a la independencia, lo que provocó una investigación inmediata de la Fiscalía. Ayer fue el turno del consejerode Economía, Oriol Junqueras.
El también vicepresidente del gobierno catalán admitió que «la Generalitat dispone de los datos fiscales que se derivan de todos los impuestos propios y cedidos», como «cualquier otra administración que esté cumpliendo las mismas funciones». Y, en este sentido, aseguró que con estos datos, «todos los que tienen por ley», Cataluña tiene «capacidad para asumir la gestión de los impuestos masivos», en referencia a la plena asunción de la gestión tributaria por parte de la Hacienda catalana.
Junqueras desestimó que se trate de un uso ilegal de los datos fiscales porque «todo lo que hacemos lo hacemos dentro del estricto marco legal», y defendió que se realiza cruce de datos exclusivamente para controlar el fraude fiscal: «Entre 2015 y 2016 hemos levantado 170 millones de fraude fiscal a base de cruce de alguno de estos datos», sentenció durante una entrevista en Rac1.
En la misma entrevista, el líder independentista puso en valor la rapidez y la índole de las decisiones que se han tomado para zanjar la situación creada por Vidal porque «es muy importante que no sólo hagamos las cosas bien, sino que las expliquemos bien, con todo rigor, con toda precisión». En este sentido, reiteró la disposición de su departamento a que la Agencia de Protección de Datos audite e investigue lo que considere necesario.
La creación de una base de datos fiscales por parte de la Generalitat catalana supondría una vulneración de la legislación en materia de protección de datos, como recordó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que expuso que hay precedentes de incumplimientos y sanciones a entidades secesionistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural cuando realizaron la gigaencuesta con motivo de la consulta alternativa del 9-N.
Catalá insistió en la importancia de las declaraciones realizadas por el ex senador republicano Santiago Vidal y reiteró que merece una investigación tanto en términos penales (como ha anunciado la Fiscalía) como administrativos, en materia de protección de datos, porque lo que quieren los ciudadanos es saber que las «instituciones y los responsables públicos» cumplan la ley.
Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que Es Pot y PP han registrado varias peticiones de comparecencia en el Parlamento catalán para que miembros del Govern den explicaciones por las declaraciones de Santiago Vidal y sobre presuntas ilegalidades a la hora de constituir las estructuras de Estado que defiende la hoja de ruta separatista. Una de ellas, la proyectada Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba, para formar a los trabajadores públicos catalanes. Una institución que cuenta con un aumento del 5% del presupuesto anual hasta alcanzar los 10,35 millones de euros.