EL MUNDO 12/11/14
El informe que el pasado lunes emitió la agencia de calificación crediticia Fitch y en el que preveía incluso una posible fuga de depósitos en Cataluña, señala también que «si unas elecciones anticipadas desembocasen en un Gobierno más proindependentista y el actual status quo no se modifica, los riesgos simplemente aumentarían». «Una crisis constitucional derivada de la ruptura de relaciones entre el Gobierno central y el de Cataluña sería negativo tanto para el rating soberano como para el regional», añadían los analistas al exponer las consecuencias de este escenario.
Más claro aún –o al menos más concreto– fue Bank of America Merryl Lynch en su último informe previo al 9-N, cuya fecha de emisión fue el 7 de noviembre. «De acuerdo con las encuestas de Sigma Dos y CEO, las elecciones probablemente darían el poder a ERC, con lo que el riesgo ciertamente aumentaría», indicaba el documento elaborado por el economista para Europa, Rubén Segura-Cayuela. Además, la entidad estadounidense añadía que el partido que lidera
Oriol Junqueras tendría que decidir entre «impulsar un referéndum ilegal o tratar de llevar a cabo uno legal». En ese segundo caso, Esquerra Republicana de Catalunya podría «esperar hasta la celebración de las elecciones generales y aprovechar la debilidad del Gobierno de Madrid» como consecuencia de la irrupción de Podemos.
Y también el pasado lunes, Bloomberg publicaba un artículo de Mark Gilbert, columnista y miembro del consejo editorial de la agencia de noticias, en el que el nombre de Oriol Junqueras se citaba en varias ocasiones, mientras que el del president Artur Mas no salía relucir en ningún momento. En su análisis, Gilbert exponía la preocupación existente en los mercados ante la incertidumbre de lo que ocurriría con la deuda de Cataluña en caso de independizarse. La cantidad total de la misma podría llegar, según aseguró el propio Junqueras en una entrevista reciente, hasta los 210.000 millones de euros.
La asunción de esta deuda por parte de Cataluña, también según el líder de ERC, sólo tendría lugar si la independencia llega tras un proceso negociado con el Gobierno central. En cambio, si la región decide dar este paso de forma unilateral después de que España se niegue a negociar, «Cataluña no pagará su deuda», afirmó Junqueras en una entrevista en El País a comienzos de mes.
De materializarse esta segunda posibilidad, diferentes cálculos tanto de la consultora Eurasia Group como de Barclays coinciden en que el ratio deuda-Producto Interior Bruto (PIB) español se dispararía. En concreto, los datos que se manejan es que España perdería una quinta parte de su PIB y la deuda sería del 120% del mismo. Actualmente, ésta ronda el billón de euros, lo que supone el 100% del Producto Interior.
Esta situación ya está provocando que los grandes fondos hayan empezando a modificar sus apuestas. Especialmente notable es el caso de la deuda de Cataluña, cuya prima de riesgo con respecto a la de España ha crecido cerca de un 60% desde que la Generalitat elevó su pulso independentista.
Sin embargo, si ambas partes no alcanzan algún tipo de acuerdo, la certeza entre analistas y gestores es que los mercados –esto es, ellos mismos– acabarán castigando también a España. Por ello, la ya citada agencia Bloomberg afirmaba en uno de sus últimos editoriales que «tal vez por primera vez, el Gobierno de Madrid ha tomado una decisión inteligente al permitir que la consulta no vinculante siguiese adelante». En su opinión, la actitud del Gobierno de Rajoy ha provocado que se radicalicen ciertas posturas, cuando lo necesario para ambas partes es «llegar a un acuerdo» en un proceso «mucho más peligroso que el de Escocia».