ISABEL SAN SEBASTIÁN-ABC
Puigdemont, Otegi e Iglesias, unidos contra la democracia
Amediados de los noventa, cuando ETA lanzó su campaña de «socialización del terror», consistente en asesinar selectivamente a políticos o periodistas opuestos a sus pretensiones, se hizo célebre un grupo de dirigentes peneuvistas designados por el partido para mantener un contacto permanente con los terroristas, por supuesto en secreto. Durante años, mientras el PNV condenaba oficialmente los atentados, ellos celebraron reuniones periódicas con diversos cabecillas de la banda, en el transcurso de las cuales debatían amigablemente sobre el mejor modo de alcanzar la meta ansiada por todos ellos: la independencia del País Vasco. Se trataba de Joseba Egibar, Gorka Agirre y Juan María Ollora, integrantes del conocido como «trío de la bencina». Al último de estos personajes debemos ese eufemismo, tan falsario como extendido en nuestros días, recogido en la expresión «derecho a decidir». Los hijos políticos de Sabino Arana pensaban que la denominación original «derecho de autodeterminación» evocaba reminiscencias marxistas que podían resultar inquietantes para su electorado. De ahí que Ollora acuñara la expresión «ámbito vasco de decisión», definida por él mismo en estos términos: «El respeto por los demás ámbitos de lo que la sociedad vasca decida democrática y pacíficamente». Dicho de otro modo; si los pistoleros dejaban de matar, el conjunto de los españoles deberíamos acatar sin discutir la decisión de los vascos respecto de nuestro futuro común, prescindiendo de la Constitución, la soberanía nacional, el ordenamiento jurídico y demás «minucias» constitutivas de un Estado de Derecho. Transcurridas dos décadas, la ocurrencia lingüística de Ollora hace furor entre todos los interesados en destruir España.
Traigo a colación este recordatorio porque las cosas, en política, nunca ocurren por casualidad sino respondiendo a una causalidad que conviene conocer. ¿Quién está en el origen de ese presunto «derecho a decidir» invocado por los separatistas catalanes como argumento de fuerza para perpetrar su golpe a la legalidad democrática? Un nacionalista vasco interlocutor habitual de ETA. ¿Quiénes apoyan política y mediáticamente a esos golpistas, otorgando legitimidad a un supuesto «derecho» inexistente en la legislación supranacional y carente del menor fundamento histórico-jurídico? Los populistas de Podemos. Y Bildu/Batasuna, desde luego. Ellos cierran el círculo.
La foto nos muestra a Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi y Pablo Iglesias exhibiendo los mismos carteles-trampa en demanda de libertad para dos delincuentes comunes (nada de «presos políticos») acusados de sedición por una magistrada independiente de la Audiencia Nacional. En segundo plano, entre bambalinas, como es costumbre de la casa, se adivina el rostro de Íñigo Urkullu, esperando recoger las nueces del árbol que sacudan otros. Los enemigos de nuestra nación y nuestra democracia unen sus fuerzas y aparcan las enormes diferencias ideológicas que les separan en el empeño común de quebrar nuestro espinazo. Sus visiones de la economía o el modelo de sociedad no se parecen en absoluto. Tampoco sus motivaciones son las mismas. Lo que les mantiene juntos es el anhelo compartido de debilitar al país que les ha dado el cauce, la oportunidad y los medios de convertirse en lo que son y alcanzar el poder que ostentan. También la determinación de emplear cualquier medio, empezando por la mentira y el adoctrinamiento, para conseguir sus fines. La palabra «ingratitud» les viene pequeña. Retratan mejor su conducta los vocablos «deslealtad», «mezquindad», «infamia» o «traición».
Puigdemont, Otegi, Iglesias y Urkullu están juntos contra España. Juntos contra el Estado de Derecho. Juntos contra la verdad y la historia. Frente a ellos, defendiendo lo que atacan, se ha posicionado claramente Albert Rivera, en espera de que Mariano Rajoy se decida a actuar y Pedro Sánchez elija bando. La batalla acaba de empezar.