Pedro Sánchez tiene un nuevo aviso de que su legislatura está acabada. Su antiguo socio de investidura, Junts per Catalunya, se ha sumado con una enmienda propia a una iniciativa del Partido Popular que Francina Armengol y la Mesa del Congreso no han tardado en vetar, maniobra que pone de manifiesto su servilismo institucional y la sumisión del legislativo a la Moncloa. Ambos partidos habían pedido al presidente del Gobierno que disuelva las Cámaras y convoque elecciones anticipadas. Más estético que efectivo, el paso dado por la formación nacionalista es bueno, pero no concluyente, sino más bien una alternativa suave a su negativa a apoyar una moción de censura constructiva con Núñez Feijóo. Junts ha sido engañado por Sánchez de forma reiterada y los de Puigdemont son conscientes de esta táctica fraudulenta, como también lo son de los riesgos que entraña seguir dejando hacer a un Gobierno y a un partido anegados de casos judiciales por corrupción. Pero quieren que sea Sánchez el que oficialice la ruptura, evitando dar una baza política decisiva al PP que favorezca un cambio inmediato de gobierno y, sobre todo, de ciclo político. De haber sido admitida y votada en pleno la enmienda, Pedro Sánchez hubiera hecho caso omiso a la petición de elecciones anticipadas, porque está definitivamente fuera de la ética democrática. Su directriz es la supervivencia personal y conservar los blindajes que le aportan su condición de presidente de Gobierno y de diputado frente a posibles investigaciones penales por su implicación en las tramas corruptas del PSOE.

No hay que despachar sin más la incorporación de Junts a la iniciativa del PP, porque entraña una exteriorización más nítida de su posición sobre la inviabilidad de la actual legislatura. Además, es evidente que entre Junts y el PP hay una comunicación abierta, sin rebasar los límites que ambos partidos se han fijado para no confundir a sus respectivos electorados. El problema es que hace tiempo se llegó a un punto de no retorno en este mandato de Sánchez y las decisiones necesarias para ponerle fin tienen que ser mucho más determinantes. En 1995, Felipe González asumió que no tenía estabilidad parlamentaria cuando Jordi Pujol le retiró su apoyo. En vez de enrocarse, González disolvió el Parlamento y en 1996 el PP de José María Aznar ganó las elecciones. Salvando distancias y protagonistas, aquel comportamiento de González, irreprochable desde el punto de vista democrático, contrasta con la deslealtad de Pedro Sánchez con las bases esenciales de nuestro sistema constitucional, que no es un refugio para políticos frustrados, sino una estructura de poderes separados para facilitar el buen gobierno de la nación.

El miedo manifestado por los socios gubernamentales que controlan la Mesa del Congreso al vetar esta enmienda no es más que la prueba de que Pedro Sánchez no cuenta ya con la confianza parlamentaria. Junts tendrá que escalar un poco más en su presión al presidente del Gobierno si realmente repudia el estado actual de la legislatura y no quiere ser la muletilla de un Ejecutivo desacreditado. Las causas por corrupción progresarán y aumentarán los indicios contra el PSOE y la implicación de Sánchez, porque esta espiral de crisis no va a cambiar.