Junts pel Sí consumó ayer su golpe de mano para conseguir que la ruptura de Cataluña con la legalidad española se tramite en un día y sin apenas debate en el Parlament. La coalición formada por PDeCAT y ERC que sostiene el Govern, con mayoría en la Mesa de la Cámara, dio luz verde a la reforma del reglamento del Parlament. Cuando se apruebe, los independentistas podrán tramitar proposiciones de ley por el procedimiento de urgencia con el visto bueno de sólo dos partidos, cuando hasta ahora se necesitaba la unanimidad de los grupos. La oposición no participará en la ponencia de reforma y lamenta que la Generalitat «se salte las reglas». El Gobierno ya anunció que recurrirá el cambio normativo y cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.
Junts pel Sí impuso su mayoría en la Mesa del Parlament con el objetivo de burlar el control del Gobierno y del Tribunal Constitucional (TC) sobre las llamadas «leyes de desconexión». Sobre todo con respecto a la Ley de Transitoriedad Jurídica, la que permitiría amparar el referéndum y pasar de la legalidad española a una propia catalana. Pretenden que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque la votación sobre la independencia el mismo día que se apruebe esa norma.
La coalición del PDeCAT y ERC propuso la reforma del reglamento por sorpresa la semana pasada. Las protestas de los miembros de la oposición en la Mesa –sobre todo de José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos– provocaron que el órgano admitiera a trámite la propuesta con la condición de que Junts pel Sí concretase que el mecanismo adecuado para ese cambio era la creación de una ponencia conjunta parlamentaria.
Después de que, el pasado martes, los representantes de Junts pel Sí hicieran esas precisiones, la Mesa rechazó ayer las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, PSC y PP y admitió a trámite la propuesta. Los grupos de la oposición buscaban evitar una reforma que creen que menoscaba sus derechos, porque ahorra a los independentistas trámites como la creación de una comisión que estudie las leyes de la desconexión o el periodo de presentación de enmiendas.
En la nueva redacción del reglamento que propone Junts pel Sí –y que será presumiblemente aprobada, porque cuenta con mayoría absoluta en el Parlament gracias al apoyo de la CUP– se promueve el cambio del artículo 135 mediante una proposición de ley para que pueda haber tramitaciones por lectura única sólo con el acuerdo de la Junta de Portavoces y del pleno, ambos con mayoría independentista. «A solicitud del grupo parlamentario promotor y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se puede proponer que una proposición de ley sea tramitada directamente en lectura única. La tramitación en lectura única debe ser acordada por el Pleno del Parlament», dice el nuevo artículo 135.2.
Hasta ahora, esa potestad está reservada a las proposiciones promovidas por la unanimidad de la Cámara o bien para los proyectos de ley que emanan del Govern. Pero la Generalitat no quiere emplear esta vía para las leyes de desconexión porque busca esquivar la actuación del TC y las inhabilitaciones.
El Gobierno de Mariano Rajoy promete estar pendiente de la evolución de la reforma, pero de momento cree que el primer paso deben darlo los partidos catalanes, que pueden ver vulnerados los derechos de sus diputados, informa Europa Press.
En cualquier caso, el coordinador del PP catalán, Xavier García-Albiol, señaló que su partido estudiará presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si la reforma se aprueba y que buscará el apoyo de Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que es Pot.
En el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó «legitimación» a la reforma. Además, criticó la «dinámica absolutamente incomprensible» del Govern, que «niega el debate en el Parlamento en una situación de tantísima envergadura».
Añadió que los partidos independentistas «habitan en una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes» porque «confunden» sus intereses propios con los «anhelos de Cataluña».
La CUP, que Sáenz de Santamaría dijo que condiciona todas las decisiones de la Generalitat, vuelve a tener un papel central en la polémica. Y si Junts pel Sí esperaba ganarse su lealtad con la reforma del reglamento, la iniciativa no hizo demasiada mella en los antisistema. Instalada en la dialéctica de la desobediencia, la CUP prefiere acciones aún más directas.
La diputada Anna Gabriel dijo ayer que su grupo no ve «prioritaria» la reforma del reglamento y además recordó que en el Parlament «no hay tradición» de que una proposición de ley se tramite por lectura única a instancia de un solo grupo parlamentario.
Lo que a la CUP sí le preocupa son los Presupuestos de la Generalitat. Los antisistema dijeron ayer que «no se imaginan» que Junts pel Sí quiera cambiar la disposición adicional de las cuentas que prevé el referéndum y que fue acordada con su grupo. Ya han amenazado con dar marcha atrás en su apoyo a los Presupuestos; pese a ello, el PDeCAT –la antigua Convergència– abrió el martes la puerta a modificarla, porque el Consejo de Garantías Estatutarias ha emitido un dictamen en el que considera que no se ajusta a la Constitución y al Estatuto.
Para evitar otro incendio en las filas independentistas, Puigdemont encargó ayer a Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, los contactos con la CUP para abordar los posibles cambios. La portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, se ha mostrado partidaria de encontrar «la manera más eficaz y segura» de llegar hasta el referéndum, y hasta en tres ocasiones subrayó que se trata de una responsabilidad de Junqueras.
El encargo llega en un momento en que sectores del PDeCAT se quejan de que ERC y Junqueras actúan con tacticismo. Este hecho, y el juicio por el caso Palau–que vive a partir de hoy sus sesiones decisivas–, pueden perjudicar la estabilidad del Govern. Munté, sin embargo, subrayó que la coalición Junts pel Sí de momento «no está en riesgo».
LA RESPUESTA POLÍTICA A LA PROPUESTA DE JUNTS PEL SÍ
El Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó ayer que continuará hablando con diferentes sectores de la sociedad catalana con el objetivo de «anclarla» en «el progreso y en la estabilidad», aunque la Generalitat se lance por «los precipicios» de la independencia.
Ciudadanos. «El separatismo ha llegado a un punto en que no sólo desobedece las leyes nacionales o la Constitución, sino que desobedece las propias leyes de la autonomía catalana», denunció el presidente de C’s, Albert Rivera.
PSC. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió al Parlament que «no se salte ninguna regla» y le avisó de que pretender cambiar su reglamento para aprobar las leyes de ruptura «de tapadillo» es «indigno» e «insoportable». Los socialistas van a «trabajar» para que esto no suceda «con todos los instrumentos de la legalidad», recalcó.
Catalunya Sí que es Pot. El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, considera que JxSí quiere «restringir y anular el debate social y político» con la propuesta. «No es el camino para avanzar en el refuerzo democrático de nuestras instituciones», dijo.