EL PAÍS 26/04/17
· La oposición recrimina al diputado independentista que intente amenazar a funcionarios
El grupo de Junts pel Sí ha arropado este mediodía a su diputado Lluís Llach después de que dijera en diversas conferencias, avanzadas por EL PAÍS, que la denominada Ley de desconexión jurídica contemplará sanciones a funcionarios. Roger Torrent, portavoz del grupo mayoritario, ha considerado que esa posibilidad no es más que una «obviedad» en tanto en cuanto las leyes generan derechos y deberes para todos los ciudadanos. «No vamos a contribuir a poner el foco político sobre los trabajadores públicos. Somos nosotros los que asumimos la responsabilidad política de cambiar las leyes y habrá una única legalidad la que se deberá aplicar. No ha cambiado nada. Siempre hemos dicho que pasaríamos de una ley a otra».
· Sí gana el «sí» en el referéndum habrá después una única legalidad que generará deberes y derechos», dice Torrent, de Junts pel Sí
En una intervención en el Parlament, previa al Pleno que se celebrará este miércoles, Torrent ha relatado que la Cámara aprobará la ley de la transitoriedad jurídica de la que penderá el referéndum, que se deberá celebrar como muy tarde a finales de septiembre. «A partir de ese momento, habrá una única legalidad que se deberá aplicar y que generará deberes y derechos», ha dicho. El diputado ha sostenido que esa será la ley vigente obviando que de forma paralela continuará en vigor la ley española.
La portavoz del Gobierno catalán ha evitado confirmar claramente si la Ley deTransitoriedad incorporará sanciones a los funcionarios que no las asuman, pero sí ha recalcado que esa es una cuestión que queda en manos “del poder legislativo” y que el Gobierno “será el garante de esta seguridad jurídica”. Aunque ha tratado de evitar pronunciarse sobre la materia, Neus Munté ha señalado que “el conjunto de los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley vigente en cada momento”, afirmación que no elude la posibilidad de ejecutar un régimen sancionador para aquellos trabajadores públicos que se opongan a participar en la organización del referéndum.
Munté ha vuelto a señalar que el Gobierno prevé dar “protección jurídica a los funcionarios”, una afirmación que siempre se ha utilizado para darles cobertura ante posibles denuncias de instancias judiciales españolas, pero que nunca se ha referido a un régimen sancionador autonómico para aquellos funcionarios que se puedan negar a participar en la organización del referéndum, al considerar que se estaría desobedeciendo el marco legal estatal. Según ha dicho, el Ejecutivo de Carles Puigdemont “tiene la obligación de aislarnos de tanto ruido mediático”.
· LLach ha vuelto a los escenarios y entre tanta mentira se la ha escapado una verdad», afirma Carrizosa (C’s)
La CUP ha salido en defensa de Llach y el diputado Albert Botran ha interpretado que las declaraciones del cantautor se han sacado fuera de contexto. «Son palabras descontextualizadas. Y se sitúan en la hipótesis de conflicto de legitimidades, que hay que ver cómo se puede resolver», ha dicho el anticapitalista que ha planteado enfocar el conflicto en sentido contrario. «Hay muchos funcionarios que quieren comprometerse con el referéndum y la nueva república y que van a las reuniones de la Asamblea Nacional Catalana y a las de la Intersindical-CSC».
· Lo que debería hacer el diputado es ayudar a los funcionarios a recuperar el dinero que se les debe», señala Granados (PSC)
Frente a este criterio, la oposición ha lamentado las declaraciones de Llach a quien han acusado de alimentar las amenazas a los trabajadores públicos. «La revolución de las sonrisas está cambiando el gesto», ha afirmado la socialista Eva Granados. «Todo es un despropósito». La diputada ha recordado que la mayoría independentista quiere aprobar el reglamento y una ley sin acuerdo. «El cabeza de lista por Girona debería ser cuidadoso con sus declaraciones. Lo que debería hacer la Generalitat es pagar lo que debe a los funcionarios. Son los funcionarios de todo el Estado a quien más dinero se les debe. Haría bien en colaborar y ayudar a recuperar los derechos que se les ha conculcado».
· No hablo de leyes clandestinas pero este es otro caso Vidal y el Gobierno debería desautroizarlo», dice Joan Coscubuela
Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha ironizado señalando que Llach se ha marcado «un Santi Vidal», en alusión a las conferencias que realizó el senador desvelando los planes del Gobierno en una eventual Cataluña independiente. «Llach ha vuelto a los escenarios y entre tanta mentira se le ha escapado una verdad. No nos lo tomamos a la ligera si se amenaza a los funcionarios que no hacen seguidismo. El Gobierno debería desmentirle o ratificar lo que ha dicho», ha afirmado Carrizosa. El portavoz del grupo naranja ha afeado al Ejecutivo que utilice un doble lenguaje al decir públicamente que protege a los funcionarios pero, en realidad, hacer otra cosa.
Joan Coscubiela, portavoz ecosocialista, ha afirmado que no opina sobre leyes «clandestinas» y ha apuntado que espera que el Gobierno desautorice al diputado. «Estamos ante otro caso Vidal. Y espero que el Gobierno lo desmienta, especialmente cuando alardea de que hace las cosas bien», ha remachado. La popular Esperanza García ha calificado de «cinismo horroroso» que Junts pel Sí cuestione la calidad democrática del Estado mientras exige a los funcionarios que cumplan las que quiere aprobar de forma unilateral. «Que dejen a los funcionarios trabajar en paz y libertad. Si quieren delinquir, que lo hagan pero que no presionen a los funcionarios para cumplir sus sueños».