Jura de bandera

Las juras de bandera son un bonito acto civil de compromiso ciudadano con su patria, bajo el solemne mando de un general de las Fuerzas Armadas, que así también se integran en la sociedad a la que defiende y auxilia cuando lo necesita.

Hay pocas ceremonias, en fin, en la que se plasme de una manera tan solemne y cívica la condición del Ejército de puntal de la democracia y la posibilidad de renovar los votos, casi sacramentales, de un español con su Nación: eso que a algunos les huele a naftalina, como si las democracias y las patrias fueran cosa de antiguos, cacharros inservibles para nostálgicos apolillados, es, sin embargo, la mayor garantía de convivir en libertad.

Algo pasa en España cuando al Gobierno, sin embargo, le molesta más ver a Ayuso besando una bandera en Alcobendas que a Otegi, Junqueras, Puigdemont o al menos a sus seguidores quemándola, junto a un retrato del Rey a ser posible.

Esa indignación no es solo retórica, que ya sería suficiente, y se manifiesta también en decisiones concretas: no dejar a la presidenta madrileña encabezar el acto a la vera de la autoridad militar o prohibir un desfile de tropas en las fiestas del 2 de Mayo, icono de la resistencia madrileña, y por tanto española, a la invasión francesa.

Es muy probable que se encuentre, si busca con ánimo de zahorí, una justificación legal o leguleya a la censura, alimentada por la pasión que Ayuso le pone a tocarle las partes meridionales a Pedro Sánchez, pero hasta en ese escenario prevalece el carácter sectario del Gobierno, a poco que se confronte su estricta aplicación del reglamento con Madrid, o con Andalucía si es menester, con la laxa observancia de las normas en otras latitudes impunes.

En Cataluña sigue siendo imposible aplicar las sentencias en cadena de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Justicia al respecto de la enseñanza en español en la escuela pública; un incumplimiento flagrante que prospera por la inquina de la Generalitat y la renuncia de la Moncloa y se extiende a tantos otros ámbitos en la misma Comunidad y en otras como el País Vasco y cada vez más Navarra.

En ellas se consiente e incentiva pisotear la ley, o directamente se anula e intercambia por otra adaptada a las necesidades nacionalistas, a cambio de un obsceno mercadeo de votos que conculque incluso el designio de las urnas.

Es el mismo código moral presente en tantos otros agravios en tantos otros frentes: consideran racista que a alguien se le ocurra defender la idoneidad de que los extranjeros conozcan y aprendan la lengua y costumbres españolas, que nacen de un concepto de democracia liberal del que sentirse orgullosos; pero no levantan la voz cuando, en Cataluña o el País Vasco, se impone a inmigrantes y charnegos el conocimiento del catalán para lograr permisos de trabajo o acceso a puestos en la Administración Pública.

O cuando se silencia el evidente impacto entre determinados tipos de delitos y la escala de valores machistas que caracteriza a algunas confesiones y culturas, mientras se da una incesante turra criminalizadora al pobre hombre blanco occidental, culpable por si acaso de pecados ancestrales heredados y grabados a fuego en su genoma.

Nada sorprende ya en un país cuyo presidente lo eligen un terrorista, un golpista y un prófugo a cambio de que les ayude a destruir España, una frase tan dura y repetida como cierta, pero conviene recalcarlo: mientras intentan despenalizar la quema de banderas, silban al himno o injurian al Rey, para Sánchez el problema es que Ayuso y otros como ella le presenten sus respetos a la enseña nacional.