EL MUNDO 27/11/14
· El fiscal defiende su autonomía: «Ordené abrir diligencias cuando el Gobierno no veía relevancia penal»
«No hemos querido criminalizar la política», manifestó ayer con contundencia en el Congreso el fiscal general. Lo que sucede es que «los hechos ocurridos en Cataluña el 9-N no se pueden ignorar. Si son valorados jurídicamente, ello obliga a investigarlos», dijo Eduardo Torres-Dulce.
El máximo representante de la Fiscalía, que compareció en la Comisión parlamentaria de Justicia para dar cuenta de la memoria de 2013, fue interpelado con severidad por los portavoces de ERC y CiU sobre la querella interpuesta contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; «un grave error», dijo el convergente Jordi Jané. Hasta la portavoz socialista, Rosa Aguilar, que no quiso valorar la querella «porque no compete hacerlo al Parlamento», cuestionó que Torres-Dulce «no defendiera la autonomía de la Fiscalía cuando estaba siendo invadida por el PP y por el Gobierno», señaló en referencia a las reiteradas declaraciones públicas provenientes de esos ámbitos empujando a la Fiscalía a formalizar con rapidez la querella.
«No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer», respondió Torres-Dulce. «Yo soy el fiscal que incoa diligencias por el caso Bárcenas. Soy el fiscal que pide la prisión de Bárcenas. Soy el fiscal que mantiene una posición contraria al Ministerio del Interior en el caso Bolinaga. Y el que pide el ingreso en prisión de Matas. Si tengo que sostener un criterio contrario al Gobierno, no me duelen prendas», respondió el fiscal general.
Nunca se había oído a un Torres-Dulce tan vehemente en la Cámara. «Respeto todas las opiniones políticas críticas con mis decisiones. Yo las he adoptado atendiendo exclusivamente a criterios de legalidad. Y no puedo aceptar, por exigencias del principio de legalidad, que se hable de criterios de oportunidad o de valorar las consecuencias políticas».
El fiscal general detalló a los diputados, paso a paso, el proceso vivido en la Fiscalía desde la víspera de la votación independentista hasta la presentación de la querella 13 días después, y defendió su autonomía de criterio recordando que ordenó al fiscal superior de Cataluña abrir diligencias el sábado 8 de noviembre, el mismo día que «el ministro de Justicia estaba declarando que no veía relevancia penal a las conductas que se desarrollaban. Yo preparé el terreno antes de que lo dijera el Gobierno, más bien cuando el Gobierno decía lo contrario», enfatizó.
Para Torres-Dulce, los hechos ocurridos en Cataluña –la celebración de un proceso participativo ciudadano prohibido por el Constitucional– «no se pueden ignorar. Se pueden valorar desde el punto de vista político. Pero si son valorados jurídicamente, ello obliga a investigarlos».