Marcos Gacía Rey-El Confidencial
“El nacionalismo catalán es un nacionalismo populista, por eso ha centrado todo el proceso en el derecho a decidir y el derecho a votar”, asegura Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional.
Los políticos catalanes favorables al referéndum del 1-O han sacralizado el voto. Lo han elevado a un altar que no le corresponde. No explican que el sufragio es un instrumento que sirve para apuntalar la arquitectura democrática de un Estado. Los valores esenciales de la democracia son otros: el respeto a la libertad, la justicia o el pluralismo político. Ese es el consenso al que llegan varios juristas consultados por este diario.
Así, para los independentistas, la carga de la prueba se traslada al Estado porque para ellos la médula de la democracia descansa en la imagen de ciudadanos que hacen fila para votar. “Democracia es una urna, es votar”, argumentaba ante los micrófonos de RNE Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso.
El triunfo es la foto. “Escuchad una cosa: Si nosotros mostramos al mundo una imagen de colas de gente, con una papeleta en el mano yendo a votar a una urna y el Gobierno español intentando impedir que se vote, entonces ya habremos ganado”. Esas son palabras del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. A Jordi Évole, Carles Puigdemont le contaba el pasado domingo que “el deseo de votar es insobornable” y que, ante “todo tipo de amenazas y persecuciones”, la gente “es capaz de coger un papel, salir de casa e intentar ir a votar, esto es una victoria”.
¿Cómo pueden decir que a los catalanes se nos niega el derecho a votar si lo hemos ejercido hasta tres veces desde 2010?
Sin embargo, lo que se ha convertido en un mantra para los políticos independentistas no lo es para muchos expertos juristas. “O bien son unos cínicos porque no dicen lo que piensan o bien son unos ignorantes porque no saben lo que significa la democracia”, razona Francesc de Carreras. Agrega este catedrático barcelonés que “el derecho de manifestación en una cola está bien, pero de ello no se deduce que el referendo esté autorizado y sea democrático. ¿Cómo pueden decir que a los catalanes se nos niega el derecho a votar si lo hemos ejercido hasta tres veces desde 2010?”. Tres veces en elecciones autonómicas y varias más en municipales y generales.
Por su lado, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que “el voto no es suficiente para que hablemos de democracia, ya que se tiene que dar dentro de un procedimiento legal con garantías democráticas conforme a estándares internacionales”.
Llama la atención Freixes sobre el hecho de que todas las elecciones y referendos en Europa se rigen por unos requisitos que marcan fundamentalmente la OSCE y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.
La Comisión de Venecia tiene un código de buenas prácticas para referendos que, según la catedrática, exige tres garantías democráticas: que haya una junta electoral plural; que los gobiernos permanezcan imparciales y no hagan propaganda, y que la ley del referéndum no se modifique en el año anterior a su celebración. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se aprobó en el Parlamento catalán el pasado 7 de septiembre, apenas cuatro semanas antes de la fecha de celebración del referéndum. “En el caso que nos ocupa, ninguna de esas tres condiciones se dan y, además, está anulado por el Tribunal Constitucional”, concluye Freixes.
José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Este jurista lo tiene claro: “El referendo no encaja en la actual Constitución y por tanto no tiene ningún efecto jurídico ni en España ni en el derecho internacional”. Para este colaborador de Amnistía Internacional, se puede “trabajar en la búsqueda de un consenso para convocar un referéndum pactado, pero el propuesto no se da en un contexto de legalidad democrática”.
En las dictaduras también se vota
La jurista catalana Teresa Freixes, para desmitificar el significado del voto ‘per se’, afirma que “en las dictaduras también se organizan referendos, y eso no quiere decir que se celebren en un marco democrático”.
La familia Al Asad gobierna Siria desde 1971. El padre, Hafez, lo hizo hasta su muerte en 2000. Fue una dictadura estable en un ambiente de paz de plomo. Su hijo Bachar no ha tenido tanta suerte, la paz se transformó simplemente en plomo. Lo pertinente del caso es que ambos han organizado cíclicamente referendos de ratificación del presidente. En 1999, Hafez ganó uno en el que obtuvo el 99,99% de aceptación.
Es un ejemplo extremo. Un caso más cercano al contexto que vivimos es el que indica Martín Pallín: “Franco pidió el voto para ratificar la Ley Orgánica del Estado en 1967 que intentó dar una vestidura formal de democracia a un régimen que seguía siendo autoritario”.
Voces discrepantes
En mayo pasado, 600 juristas de Cataluña firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y de la celebración de un referéndum. Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), fue una de las promotoras del texto. “El voto, ahora mismo, sí es un pilar fundamental porque nos sirve para canalizar la solución de un conflicto y que los catalanes podamos decidir si Cataluña es un sujeto político o no”, explica Barceló.
El voto, ahora, sí es un pilar fundamental porque sirve para canalizar la solución de un conflicto
Está de acuerdo esta académica en que no se cumplen todas las garantías de la Comisión de Venecia porque “lo ideal hubiera sido un referéndum pactado con el Estado”. Pero insiste Barceló en que se tiene que celebrar a pesar de todo, porque “no hay un manual de instrucciones para hacerse independiente y se intentará hacer un referéndum con las máximas garantías posibles dentro del estado de excepción ‘de facto’ al que estamos sometidos en Cataluña”. Con firmeza, asegura que “la Fiscalía está siendo represiva y está suplantando a los jueces”.
Francesc de Carreras niega los hechos que describe la que fuera su compañera de departamento en la UAB: “Es falso e indignante que alguien diga que existe un estado de excepción en Cataluña. Es el mundo al revés, el golpe de Estado jurídico se produce en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron leyes inconstitucionales”.