Desde que las sospechas salieron a la luz pública hace 16 meses con la detención del asesor del antiguo titular de Transportes y número tres socialista; desde que el identificado como conseguidor del entramado, Víctor de Aldama, se avino a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de sortear la cárcel; y, sobre todo, desde que la Guardia Civil halló el hilo del que tirar -los audios de Koldo- contra Cerdán, se tiene la certeza de que este va ser un sumario largo y proceloso. Una causa en la que está en juego, de nuevo, la capacidad del Estado de Derecho para limpiarse a sí mismo de las prácticas corruptas que anidan aprovechándose de la propia democracia.

Ábalos optó ayer por volver a negarlo todo -llegó a decir que no se reconoce en los audios que lo señalan sin remedio- mientras Koldo García, que lo grabó en secreto, se acogió a su derecho a no declarar, ambos a la espera de la testifical de Cerdán fijada para el próximo lunes. El resultado de las citaciones y el progreso de la investigación, con un volumen ingente de documentación que expurgar, medirán hasta qué punto el renovado acercamiento entre el exministro y su colaborador de máxima confianza se traduce en el enlace de sus destinos procesales.

Por de pronto, el errático proceder de Ábalos estos últimos días, incluido el sondeo de un pacto con Anticorrupción a la manera de Aldama, constata que el Supremo tendrá que proseguir sobre el camino marcado, también, por la impredecibilidad de los imputados. Por eso, el PSOE y el Gobierno se equivocarían en interpretar como un alivio, aunque pueda serlo en estas circunstancias, que Ábalos siga negándolo todo. Porque la justicia ya transita, imparable, hacia el esclarecimiento de la verdad.