La sentencia por el caso del chivatazo policial a la organización terrorista ETA del bar Faisán está paralizada, pendiente de que el Ministerio de Justicia mueva ficha.
La condena a los dos funcionarios quedó en suspenso por orden del tribunal sentenciador hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto presentada por los dos agentes policiales.
Como recuerda en un escrito enviado por el jefe de Servicios de Indultos del Ministerio de Justicia, los condenados presentaron su solicitud el 21 de julio de 2014. El funcionario responde así a un requerimiento de las acusaciones, que se interesaron recientemente sobre la ejecución de esta condena. El alto responsable del Ministerio aclaró a la Audiencia Nacional que la solicitud de indulto de los dos funcionarios está aún «pendiente de resolución del Consejo de Ministros».
Como explican fuentes cercanas al tribunal sentenciador, hasta que no se produzca un pronunciamiento por parte del Gobierno, las penas no se podrán aplicar a los condenados. A nivel policial, ambos seguirían plenamente operativos porque esta condena no «existe» en el plano administrativo, añadieron estos mismos medios. De hecho, el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, sigue en activo en un cargo de responsabilidad, en una Jefatura Superior. El caso del inspector jefe José María Ballesteros es diferente, ya que una vez condenado en primera instancia y antes de que su condena fuera ratificada por el Supremo, solicitó su jubilación en la Policía, que le fue concedida antes de que se pronunciara el Alto Tribunal.
Ahora, con esta parálisis, se puede dar el caso de que Pamiés pase a segunda actividad o a la jubilación antes de que se ejecute la sentencia. Algunas fuentes judiciales apuntan, incluso, la posibilidad de que esta prolongación del silencio del Consejo de Ministros provoque que la sentencia quede definitivamente prescrita, ya que existen unos plazos para ejecutarla para que no se produzca una situación de indefensión para los condenados.
Los dos policías fueron condenados por la Audiencia Nacional como autores materiales de la delación a ETA en el bar Faisán, por alertar a la organización terrorista de que iba a producirse una actuación policial contra su entramado de extorsión. Por estos hechos, los funcionarios fueron condenados a un año y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años. El tribunal consideró que ambos eran autores materiales de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La delación se produjo el 4 de mayo de 2006, el mismo día en que el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibía al líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien le trasladó su apoyo a las negociaciones que tenía abiertas con ETA en aquellas fechas. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por tres jueces. El primero, Fernando Grande-Marlaska, fue quien incentivó la investigación y quien dio pasos firmes para identificar a los autores materiales de la delación y, también, a los responsables políticos que dieron la orden. Posteriormente, quedó en manos de Baltasar Garzón y, finalmente, lo instruyó Pablo Ruz.
El caso Faisán ha recobrado de nuevo actualidad. No sólo porque la acusación popular, ejercida por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, haya solicitado información sobre la ejecución de las penas, sino también por los datos desvelados por el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino en una entrevista con EL MUNDO.
El que fuera mando policial dijo que durante su mandato al frente de la Policía se llevaron a cabo varios informes sobre causas ya juzgadas. Uno de estos nuevos informes se elaboró sobre el caso del chivatazo policial del bar Faisán, en Irún. Tras la publicación de la entrevista, de nuevo, la acusación popular elevó un escrito a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central número 5, que fue el que instruyó la causa.
Los representantes legales de la asociación solicitan al juez, primero, que reabra la causa por el chivatazo. Asimismo, reclaman que se pida al Ministerio del Interior ese informe de la Policía por si existen nuevos indicios sobre otra personas no juzgadas durante el juicio. Además, insta a que se tome declaración al que fuera director adjunto operativo, y a los funcionarios policiales que participaron en la elaboración de este informe, desconocido hasta ahora.