TONIA ETXARRI-El Correo
El apoyo al endurecimiento de la pena de prisión es transversal
Si el debate que deberá librarse hoy en el Congreso de los Diputados sobre la prisión permanente revisable fuera técnico y desideologizado (tarea imposible en este país con partidos tan proclives a resucitar el ‘guerracivilismo’) lo coherente sería esperar a que el Tribunal Constitucional resolviera. Porque el recurso presentado no sólo por el PSOE sino por toda la oposición que conformaba el hemiciclo en 2015 alegaba, entre otras cosas, que esta pena «se prolonga en el tiempo incluso hasta la muerte del reo» (sic), obviando su carácter revisable. Si se deroga, el recurso decae y nos quedamos sin saber si la prisión permanente revisable, que se aprobó en el contexto del pacto antiyihadista y fue considerada por el famoso Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como «una pena ajustada al Convenio europeo» vulnera o no la Carta Magna.
Si la polémica no estuviera viciada de raíz por los intereses partidistas, sus señorías tendrían que debatir sobre el concepto de «revisable» que es lo que hace a esta pena idónea para garantizar la reinserción de los presos que reúnan las condiciones para volver a la sociedad sin peligro de reincidencia en sus delitos. Porque este castigo solo puede aplicarse en casos de asesinatos con circunstancias agravantes muy específicas y se revisa una vez cumplidos los 25 o 30 años de condena.
Quienes sostienen que el endurecimiento de las penas para casos muy concretos de asesinos y violadores no tiene efectos disuasorios en los criminales porque los últimos horrores se han cometido cuando ya estaba en vigor la prisión permanente revisable tienen razón en ese enfoque parcial. Pero se olvidan de otros. Que, al cabo de unos años en prisión, según la evolución del criminal, puede cumplir menos tiempo entre rejas de lo estipulado, volviendo a delinquir, como de hecho ha sucedido.
Saber que el ‘ Chicle’ que, tras asesinar a Diana Quer fue denunciado por otra joven a la que intentó secuestrar, ha dicho a su familia que en siete años volverá a estar en la calle, no es muy tranquilizador.
La maldad existe. Y la sociedad se tiene que proteger. No está demostrado que un sicópata o un violador se pueda reinsertar. Defender que la reinserción no puede ser automática no tiene nada que ver con la ideología sino con la justicia. La prisión permanente revisable no puede considerarse una venganza. A menos que consideremos vengativos a la mayoría de países de la Unión Europea.
Cuando Blanca Estrella, presidenta de la asociación progresista Clara Campoamor, le pide al PSOE que evite la derogación de la prisión permanente revisable es porque, de su contacto permanente con las familias afectadas, ha visto de cerca la actitud de los sicópatas. Y exige alternativas, a quienes dicen ‘no’ a esta pena, para que el ‘violador del ascensor’ no pueda salir de la cárcel. Por ejemplo. Pero el PSOE al que se dirige ya no es el de Felipe González. Y el debate está muy acotado por la ideología. El PNV, que es quien lleva la iniciativa parlamentaria, cree que por defender la derogación es más humanista. Sabe que en Euskadi existe una corriente mayoritaria de opinión a favor de la derogación. Y ahí está su electorado. Pero no es más progresista quien flojea en los casos de delincuentes no reinsertables. La recogida de firmas de los ‘padres coraje’ y también las de ‘change.org’ así como el apoyo tan considerable en las encuestas al endurecimiento de las penas no es de derechas ni de izquierdas ; es transversal.