Justicia y normalización

El aplazamiento en resolver la legalización de Sortu ha generalizado un ambiente de victimismo totalmente favorable a las expectativas electorales de la antigua Batasuna

Consuelo Ordóñez ha situado en su lugar adecuado el proceso de entrevistas de familiares de víctimas de ETA con reclusos de la organización terrorista. Ante todo, quien hubiera podido perdonar al asesino no puede hacerlo ya muerto. No hay espacio tampoco para la reconciliación si el autor del atentado se niega a facilitar información alguna sobre el individuo o el órgano que le ordenó la ejecución del crimen, ni sobre tantos asesinatos de ETA aun por esclarecer. Como advirtiera mi amiga Violeta Friedmann, superviviente de Auschwitz, odiar carece de sentido, otorgar perdones gratuitos a los verdugos también. Y tampoco cabe el olvido.

En el complejo proceso de transición desde una sociedad vasca sometida a la presión permanente del terror a otra en que el terror como tal desaparece, mientras los exterroristas y sus hermanos enemigos abertzales se disponen a conquistar el poder por vía electoral, las soluciones simplificadoras abundan. Desde Madrid, Esperanza Aguirre lo tiene claro: a la vista de lo sucedido con Bildu y con Sortu, es necesario suprimir el Tribunal Constitucional. Siempre en la capital, el club de los que llamaríamos amigos de Eguiguren, celebra la legalización de Sortu y se apunta a la línea trazada por la izquierda abertzale de que ahora toca excarcelar a Otegi. El predominio de la opción política entre aquellos que secundaron la acción terrorista de ETA, una vez que esta ha acordado su ‘cese definitivo’, aconsejaría que desde las instancias judiciales «la Justicia se acercara a la sociedad», creando una situación de borrón y cuenta nueva, tal y como propone el TC con las advertencias sobre una posible ilegalización futura de Sortu.

En su voto particular, el magistrado Manuel Aragón advierte acerca de la inseguridad que provoca la posición mayoritaria del órgano del que forma parte, ya que siguiendo los criterios fijados en la sentencia del TC ya había base suficiente para rechazar la inscripción de Sortu con la apelación al rechazo de todas las violencias sufridas por el pueblo vasco, aun cuando se añadiera la coletilla «en particular de ETA, si la hubiera» (creo recordar). Desde un punto de vista estrictamente jurídico, Aragón discrepa también de la ignorancia del contexto mostrada por la sentencia, dado el recurso sistemático de los seguidores políticos de ETA al «fraude y la simulación» a lo largo de su historia, y por supuesto señala, como hiciera en el ‘caso Bildu’, que el TC de nuevo se ha excedido en sus facultades al reinterpretar las pruebas que sirvieron de base a la sentencia del Supremo.

El problema reside en que ni Sortu deja de ser una continuidad de su matriz Batasuna, ni su significación en el momento de presentar los Estatutos coincidía con su predecesora. A diferencia de la pronto aprobada Bildu, el distanciamiento de ETA, con todas las simulaciones que se quiera, resultaba inequívoco, tanto en el texto de los Estatutos como en su presentación pública por Íñigo Iruin. Los mismos que antes habían subordinado su actuación al grupo terrorista, ahora tomaban la iniciativa, empujados por la victoria militar del Estado de derecho, para encauzar a la izquierda abertzale por una vía exclusivamente democrática. Podía ser definido el paso como insincero, oportunista, pero en ningún caso irrelevante.

Tal y como en su día escribí en este mismo diario, una nueva etapa política se abría para Euskadi. Y así ha sido. De hecho, el aplazamiento en resolver el proceso de legalización únicamente ha servido para generalizar un ambiente de victimismo, totalmente favorable para la materialización de las expectativas electorales de la antigua Batasuna, identificando con el apoyo del PNV la causa de Sortu a la de la libertad vasca. Gracias a la negativa a la inscripción de 2011, el frente soberanista de Bildu se convirtió en una realidad inmediata y muy fructífera. Todo un éxito que ahora además el TC viene a acentuar, con su habitual estilo chapucero: extralimitándose frente al Supremo, como destaca Aragón, marcando una ruptura inexistente entre Sortu y Batasuna, amén de las advertencias finales, susceptibles de generar nuevas confusiones.

Se olvida así que una cosa es la habitual denuncia demagógica por la izquierda abertzale (IA) de todo acto punitivo de la fuerza pública en España o en Francia –caso de detenciones de etarras armados– en cuanto violencia de Estado, y otra la realidad de que en la primera transición, con el Batallón Vasco-español y con los GAL hubo aquí episodios de terrorismo de Estado, cuya evocación puede muy bien servir para establecer la equidistancia entre violencias. ¿Va a ponerse en marcha en este caso una nueva ilegalización?

En estas circunstancias, la ausencia de ambigüedad resulta imprescindible a la hora de valorar las distintas situaciones. Es lo que ahora conviene de cara a la nueva reivindicación: la liberación de Otegi, en prisión por el caso Bateragune. Una lectura inmediata, asociándolo con Sortu, llevaría a proponer que si Otegi fue su padre político, ¿por qué se le va a mantener en la cárcel cuando Bateragune sería verosímilmente un escalón para esa deriva democrática? Esta visión de las cosas olvida que la gestación de Bateragune, de la cual proporciona puntual información la sentencia, coincide con atentados mortales de ETA en el verano de 2009, y que entonces según ley y sentencias, Batasuna ilegalizada seguía formando parte de ETA. No es casual que ni Otegi ni la IA condenaran los asesinatos de Puelles y de los guardias civiles. Por consiguiente, la sentencia parece justa. Otra cosa es que, si ETA se disuelve, llegue el indulto.

Lo importante es que la legalización de Sortu contribuye a la normalización de la vida política en Euskadi. Una vez Bildu legal, ¿por qué no iba a serlo también Sortu como partido político? Ya están todos los que tienen que estar, sin máscaras ni víctimas.