La mayoría absoluta independentista propició ayer que el Parlament tumbara las enmiendas de todos los grupos de la oposición contra la reforma del reglamento de la Cámara. Junts pel Sí y la CUP están un paso más cerca de poder tramitar, por la vía exprés, la ley de desconexión del resto de España.
Toda la oposición, que lanzó duras acusaciones, sospecha que la maniobra servirá a los independentistas para seguir con su hoja de ruta oculta: primero, aprobarán en lectura única –y por sorpresa– la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, probablemente en verano; inmediatamente después, tratando de no dar tiempo a las impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC), el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocará el referéndum de independencia.
La principal modificación del reglamento consiste en que, a partir de que se apruebe, permitirá tramitar en un solo día si así lo autoriza la Mesa del Parlament –donde hay mayoría independentista– la norma que debe servir para que Cataluña tenga un marco legal propio al margen del español. La oposición se queja de que, con los cambios, Junts pel Sí y la CUP buscan eludir mecanismos de control como el preceptivo debate previo de totalidad y el resto de trámites parlamentarios convencionales.
La excepcionalidad ha presidido todo el proceso de reforma del reglamento. Junts pel Sí y la CUP convocaron una ponencia conjunta de reforma, pero fueron los únicos que se presentaron, cuando estos cambios se realizan normalmente por consenso. Además, la modificación se ha tramitado también por la vía de urgencia, un hecho nada habitual.
Esas circunstancias provocaron que la oposición utilizara calificativos subidos de tono contra la reforma. «Los que van perdiendo intentan cambiar las reglas del juego en medio del partido. No tienen mayoría social y no tienen mayoría de votos. Y presentar una ley por la mañana y aprobarla por la tarde suena a tiempos pasados», dijo José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos.
Eva Granados, del PSC, rechazó que, como dicen los independentistas, sólo los que defienden el referéndum sean verdaderos demócratas. «Nosotros también somos demócratas, y no queremos que nos independicen por la fuerza y en secreto. La reforma del reglamento para la desconexión exprés es el summum de la chapuza del procesismo. Recortan derechos de los diputados de la oposición», se quejó.
En cuanto a Lluís Rabell, a cuya formación, Catalunya Sí que es Pot, cortejan tanto Junts pel Sí como la CUP, fue de los más duros. Habló de «insulto a la inteligencia» y se quejó de que se «pisotean derechos», y advirtió a los soberanistas de que no se saldrán con la suya: «Con la excusa de ser astutos, hacen una estafa política. La Ley de Transitoriedad Jurídica no se podrá aprobar con nocturnidad, habrá que esperar al dictamen del Consejo de Garantías. Sólo quieren mantener viva una hoja de ruta en coma, en torno a la que están divididos».
Alejandro Fernández (PP) acusó a los independentistas de caer en el «totalitarismo identitario», y destacó la excepcionalidad de la reforma. «Reformar así un reglamento sólo lo hacen los Nicolás Maduro de turno. Es una práctica inédita en Europa y en la España de las Autonomías», dijo. Y añadió: «Pierdan toda la esperanza. El totalitarismo identitario siempre pierde, aunque a veces parezca que va ganando».
Jordi Turull (Junts pel Sí) y Anna Gabriel (CUP) defendieron los cambios. Pero mientras Turull quiso presentarla como un «favor» a todos los grupos de la Cámara –que a partir de su aprobación podrán presentar proposiciones de ley sin el apoyo de todos los diputados–, Gabriel no ocultó sus objetivos finales.
«Algunos partidos no están dispuestos a debatir una ley de referéndum, sólo quieren denunciar a los que queremos celebrar este referéndum. Ustedes han elegido la vía del TC; sea cual sea la fórmula, la van a denunciar al TC. Con ustedes ya sabemos que nos encontraremos en los tribunales», aseguró.