El término kakistocracia se usó por primera vez en la Inglaterra del siglo XVII, concretamente en Oxford. The Economist, después de que se conociera el equipo de gobierno de Donald Trump, la ha elegido como “palabra del año”. Está formada por los términos griegos kakistós, “el peor” y kratos, “gobierno” o “poder”. El gobierno de los peores. Hay un interesante libro publicado el pasado año por la Editorial Jurídica Venezolana que lleva por título Kakistocracia depredadora e inhabilitaciones políticas. El falso Estado de Derecho en Venezuela, y en el que Allan R. Brewer-Carías mantiene que ha sido una kakistocracia depredadora la que ha destruido en los últimos veinte años la democracia venezolana.

El ex diputado y ex ministro venezolano, profesor de postgrado en la Universidad de Cambridge y de Derecho en la Columbia Law School, denuncia el fin de la separación de poderes y del Estado de Derecho en Venezuela mediante el control de todo poder democrático ajeno al Ejecutivo (en especial el Poder Judicial), el acoso a instituciones de la sociedad civil (universidades, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones empresariales…) y la inhabilitación por vías políticas (sic) o administrativas de cualquier candidato con opciones de obtener el respaldo mayoritario de la sociedad venezolana en unas elecciones libres.

Según Brewer-Carías, lo que ha hecho el régimen es dejar sin efecto la propia Constitución, “que ha sido violada a mansalva desde que se dictó”. Parecidas intenciones parece tener el nuevo gobierno de México, que ha puesto en marcha un paquete de reformas que incluye la elección popular de todos los jueces, también los de la Suprema Corte de Justicia, lo que a juicio de Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, “supone la destrucción del Estado de Derecho por dañar de manera indiscutible uno de sus principios básicos: el de la independencia e imparcialidad de los jueces”.

España no es ni Venezuela ni México, pero podría acercarse peligrosamente a la realidad de aquellos países si infravaloramos las múltiples señales de mexicanización de la política, de deriva trumpista

¿La situación en España es similar a las de Venezuela o México? Yo no lo creo. Es más, los que insisten en equiparar nuestro Estado de Derecho con el régimen de Nicolás Maduro, o con el que parece querer implantar Claudia Sheinbaum, hacen un flaco favor a aquellos que desde posiciones políticamente neutrales y planteamientos teóricos equilibrados denuncian los intentos de falsear la Constitución para hacer prevalecer la voluntad política sobre las normas jurídicas, restringir la independencia de los jueces y normalizar el sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo.

El señalamiento de jueces incómodos, el intento de situar a un Parlamento controlado por el Ejecutivo por encima de la ley, es quizá la prueba más flagrante de un populismo que inevitablemente conecta con la kakistocracia, depredadora o no, ya sea venezolana o española. España no es ni Venezuela ni México, pero podría acercarse peligrosamente a la realidad de aquellos países si infravaloramos las múltiples señales de mexicanización de la política, de deriva trumpista, que proyecta un cesarismo incompatible con la Carta Magna; si subestimamos el impacto que tendrían, en términos de salud democrática, la capitulación por asalto del Poder Judicial, la relectura populista que algunos pretenden de la Constitución y la culminación de una letal estrategia de confrontación social.

En un ensayo publicado en 1980 que llevaba por título “¿Cómo pudo ocurrir?”, Julián Marías señala que “la guerra [civil] fue consecuencia de una ingente frivolidad”. Lo escribe así, en cursiva, para reforzar su convicción. “Esta me parece la palabra decisiva -sigue escribiendo-. Los políticos españoles, apenas sin excepción (…) se dedicaron a jugar con las materias más graves, sin el menor sentido de responsabilidad, sin imaginar las consecuencias de lo que hacían u omitían…”. Tampoco estamos en 1936, pero, como entonces, hay quienes pretenden “dividir al país en dos bandos” e “identificar al otro con el mal” (España inteligible. Julián Marías. Alianza Universidad).

España: democracia menguante

Frivolidad. La palabra decisiva. La política y los políticos como problema. “Se puede datar en 2004 -con el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero– el comienzo del deterioro de la política española. Es una fecha importante por otra razón: muestra que el deterioro comenzó antes de la crisis económica del 2008 y no es su consecuencia, como suele decirse, aunque esta lo haya acentuado” (España: democracia menguante. Capítulo I: El fracaso de la política. M. Aragón, Gabriel Tortella, Araceli Mangas y otros. Fundación Colegio Libre de Eméritos, 2022). Los efectos de la memoria utilizada como arma arrojadiza. Ahora toca de nuevo Franco. Frivolidad. Mediocridad. Kakistocracia.

En el libro de Aragón, Tortella y Mangas se analiza la evolución de la opinión que la sociedad española tienen de la política, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A comienzos del siglo XXI menos de un 5% de los españoles menciona a los políticos como uno de los principales problemas. En 2019 ese porcentaje se dispara hasta el 50%, el segundo problema, muy cerca del paro. A partir de esa fecha el CIS camufla el dato para que no sea fácil encontrarlo. Pero se encuentra. En enero del 2020 nada menos que el 54% menciona a los políticos como principal problema. El barómetro de junio de 2024, sumando todos los conceptos premeditadamente desagregados, eleva el porcentaje de desencantados con la política y los políticos a casi el 57%.

El señalamiento de jueces incómodos, el intento de situar al Parlamento, controlado por el Ejecutivo, por encima de la ley, es uno de los síntomas más elocuentes de la ‘kakistocracia’ imperante

Utilización partidista de las legítimas reivindicaciones de las familias de las víctimas del franquismo, bibloquismo, ausencia de diálogo entre Gobierno y Oposición, señalamiento de jueces y medios de comunicación (por cierto, medios y bulos solo suponen un problema para el 2,8% de los españoles, según el CIS), la desastrosa gestión de la catástrofe provocada por la Dana, la fundada sospecha de que personajes obscenos, como Koldo y Aldama, con acceso directo a responsables públicos de primer nivel, hayan cobrado o pagado comisiones y organizado una red de financiación ilegal… ¿De qué nos extrañamos?

Como resumen del año que estamos a punto de cerrar, y catálogo de la kakistocracia imperante, tomo prestado este largo pero sintomático párrafo de la “España menguante” de Manuel Aragón y compañía (págs. 14-15):

“Que la crispación, el extremismo y la polarización que caracterizan la actuación de los políticos no se haya traslado todavía por entero a la sociedad no significa que los ciudadanos no estén sufriendo ya las consecuencias de un comportamiento inadecuado de las instituciones. La escasa calidad de las leyes y de los reglamentos, las pretensiones de invadir políticamente la justicia, la desobediencia -tantas veces consentida- a la Constitución y a las sentencias de los tribunales, la merma de la seguridad jurídica, la conversión de los decretos-leyes en el modo ordinario de legislar, las políticas erráticas -y a veces sectarias- en materia social y económica, la erosión de los derechos fundamentales y el aumento de las desigualdades, están representando un obstáculo evidente para la deseable estabilidad de los negocios y de las empresas y, en general, para mejorar la situación social y económica de los españoles. Se trata, en fin, de la utilización del poder, no con el objetivo de satisfacer intereses generales sino intereses parciales, incluido el de conservar, por todos los medios, los cargos públicos que se ostentan. Todo esto contribuye, además, a una pérdida de credibilidad internacional de nuestro Estado democrático”.

Feliz Navidad.